- FEDERICO STEINBERG
- ¿Qué ocurrirá ahora que la Corte Suprema de EEUU ha tumbado los aranceles de Trump?
- Trump eleva al 15% los aranceles globales de represalia tras el varapalo del Supremo
Las empresas no saben bien a qué atenerse tras el fallo de la Corte Suprema y los casi veinte acuerdos comerciales que la Administración Trump obligó a firmar a distintos países, entre ellos a la Unión Europea, quedan ahora en el aire.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sentenciado que los aranceles que Donald Trump impuso en el mal llamado Día de la liberación, el pasado abril, alegando una situación de emergencia económica, son inconstitucionales. Es una excelente noticia para la democracia americana, que estaba concentrando demasiado poder en el Ejecutivo y deslizándose peligrosamente hacia el autoritarismo. Sin embargo, la decisión no impide que el presidente intente seguir adelante con su agenda proteccionista. Además, introduce incertidumbre sobre el futuro de los acuerdos comerciales firmados por Estados Unidos en los últimos meses, abre la puerta a reclamaciones por parte de las empresas que han pagado alrededor de 170.000 millones de dólares en aranceles y puede deteriorar aún más unas cuentas públicas ya muy tensionadas, elevando el riesgo de inestabilidad financiera.
Todavía hay división de poderes en EEUU
La Constitución estadounidense es clara: los impuestos los establece el Congreso, no el presidente. Y los aranceles, aunque a Trump no le guste admitirlo, son impuestos. El Congreso puede delegar cierta autoridad arancelaria en el Ejecutivo para fines específicos y dentro de límites concretos; por ejemplo, para negociar acuerdos comerciales que, en todo caso, deben ser ratificados por el Congreso. Además, existen leyes que permiten al presidente imponer aranceles de forma excepcional. Pero suelen ser temporales, acotarse a sectores considerados estratégicos para la seguridad nacional o justificarse por prácticas comerciales discriminatorias de otros países. En general, requieren procedimientos administrativos complejos y, en el pasado, no se han utilizado demasiado.
A Trump le encanta establecer aranceles. Ha llegado a decir que "arancel" es la palabra más bonita del diccionario y está convencido de que sirven para resolver casi cualquier problema. También sostiene que no son inflacionistas, en contra de siglos de teoría económica y de abundante evidencia empírica. Pero, sobre todo, ha comprendido que, si puede fijarlos con discrecionalidad, se convierten en una palanca de presión extraordinaria para perseguir objetivos geopolíticos. Por eso su equipo optó por ampararlos en la Ley de Poderes Económicos en Situaciones de Emergencia de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés), que en la práctica le permitía activarlos casi a voluntad, eludiendo al Congreso, evitando trámites administrativos complejos y concediendo excepciones (tanto a empresas como a países) según su conveniencia. Era una forma perfecta de controlar la agenda mediática, y una pesadilla para el resto del mundo.
Así, desde el año pasado hemos asistido a una batería de anuncios arancelarios desordenados -y en ocasiones revertidos-, siempre justificados por motivos de emergencia económica (o sanitaria, en el caso del fentanilo aplicado a importaciones desde México y Canadá), pese a que la economía estadounidense goza de buena salud. Esa combinación de improvisación y unilateralidad ha convertido la política comercial en una montaña rusa.
Sin embargo, una pequeña empresa importadora de vino y otra de juguetes demandaron al Gobierno el pasado abril, alegando que la ley de emergencia económica no permitía imponer esos aranceles. El caso escaló hasta el Tribunal Supremo y, en una decisión histórica del 20 de febrero, el Alto Tribunal determinó, por 6 votos a 3, que eran inconstitucionales. En la práctica, esto implica que más de la mitad de los gravámenes establecidos por Trump (todos los que se apoyaban en esa ley) quedan anulados. Supone, además, que el arancel medio efectivo estadounidense pasaría del 16,9% al 9,1%.
El Tribunal Supremo no entró a valorar si los aranceles eran buenos o malos; si aumentaban la recaudación; si los terminaban pagando los consumidores; si servían para promover el empleo y la producción industrial, o si eran un instrumento eficaz de política exterior. El fallo se limitó a reafirmar la división de poderes y a recordar que el poder judicial debe frenar al presidente cuando se extralimita mediante órdenes ejecutivas. También dejó claro que si Trump quiere cambiar la política comercial de forma permanente, tiene que convencer antes al Congreso.
Pero, dado que los aranceles suelen ser impopulares porque elevan los precios (según una encuesta exprés de YouGov, el 60% de los estadounidenses, y el 88% de los demócratas, apoya la sentencia del Supremo), no parece existir una mayoría suficiente para aprobarlos. Eso no significa -como veremos- que el presidente no vaya a buscar vías alternativas para reintroducirlos, aunque estas tendrán un carácter más temporal y, por definición, más incierto al no estar avaladas por el Congreso.
Impacto económico y reacción trumpista
A partir de ahora se abre una fase de mayor incertidumbre para la economía mundial. Trump ha dejado claro que no abandonará sus políticas proteccionistas. Su visión comercial es la de los mercantilistas del siglo XVII (exportaciones buenas, importaciones malas). Además de atacar a los jueces que no le han dado la razón, ya ha anunciado su recurso a la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 (que autoriza aranceles en casos de déficit persistentes de balanza de pagos) para imponer un gravamen del 15% sobre todas las importaciones. Pero estos aranceles deben aplicarse por igual a todos los productos y solo pueden mantenerse hasta mediados de julio (a partir de entonces, únicamente el Congreso podría prorrogarlos).
Paralelamente, abrirá investigaciones por prácticas discriminatorias y por motivos de seguridad nacional para intentar reconstruir su muro arancelario a partir de julio. Eso exige informes sectoriales que justifiquen la defensa comercial en cada sector. Se pueden hacer con ChatGPT, pero su tramitación llevará tiempo.
Por lo tanto, las empresas no saben bien a qué atenerse. Y, además, los casi veinte acuerdos comerciales que Estados Unidos obligó a firmar a distintos países en el último año -como el alcanzado el pasado verano con la Unión Europea- y que parecían aumentar algo la certidumbre para los exportadores, quedan ahora en el aire (¿por qué va a ratificar ahora el Parlamento Europeo aquel acuerdo, por el que aceptaba aranceles permanentes del 15%, si no tiene base jurídica?).
Otro foco de dudas es qué ocurrirá con los 170.000 millones de dólares recaudados en aranceles que muchas empresas reclamarán al Gobierno tras la decisión del Supremo. La sentencia no menciona el tema, pero cualquier empresa puede acudir al Tribunal de Comercio -donde se presentó la demanda original- para solicitar la devolución de lo pagado desde abril. Los despachos de abogados se preparan para un aluvión de litigios, previsiblemente largos y costosos, que muchas empresas pequeñas quizá no puedan afrontar.
Efectos sobre el déficit público estadounidense
Lo que sí sabemos es que, a medida que los tribunales vayan dando la razón a las empresas que litiguen, el ya enorme déficit público (que además ha crecido desde la aprobación de la One Big Beautiful Bill, la ley presupuestaria impulsada por Trump) aumentará. Esto podría tensionar el mercado de deuda, presionar al alza el coste de financiación para Estados Unidos y avivar la discusión sobre la sostenibilidad fiscal y el papel del dólar. De momento, sin embargo, lo mercados apenas se han inmutado.
En este contexto, el resto del mundo debería perseverar en su estrategia de reducción de dependencias respecto a Estados Unidos. La economía estadounidense representa menos del 15% del comercio mundial y, en términos estrictamente comerciales (no financieros), es menos determinante de lo que Trump querría. De hecho, el sistema global de comercio se ha adaptado mejor de lo esperado al proteccionismo trumpista del último año. Lejos de colapsar, los intercambios internacionales han seguido creciendo (y también el déficit público de Estados Unidos, por cierto). Por tanto, la Unión Europea debería continuar firmando acuerdos -como los recientemente aprobados con Mercosur o la India- y mejorando el funcionamiento de su mercado interior impulsando la eliminación de restricciones, así como las uniones bancarias y fiscales.
Para bien o para mal, debe asumir que EEUU seguirá siendo un país impredecible en el ámbito comercial del que conviene protegerse.
Trump redobla su desafío arancelarioDe lo dicho a lo hecho: los países que más y menos han ayudado a UcraniaEl Estado carga 1.200 millones de costes extra a las empresas de limpieza Comentar ÚLTIMA HORA