La gestión de la acogida de menores extranjeros no acompañados sigue generando importantes tiranteces en la Comunidad de Madrid. No sólo entre el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno de Pedro Sánchez, sino también entre la Administración autonómica y la local, con alcaldes de todo signo contrarios a la instalación de recintos de acogida en sus términos municipales.
El caso más destacado de este último conflicto lo protagoniza el socialista Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, muy crítico con Ayuso por la decisión de ubicar en las instalaciones de La Cantueña un centro de primera acogida. Pese a haber tratado por todos los medios de frenar la actividad de este recinto, la Justicia avala nuevamente a la Comunidad de Madrid y garantiza el funcionamiento de este espacio, que desde años se encuentra en el foco de la polémica regional y nacional.
Así lo acredita la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, que ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por el Ejecutivo regional contra las actuaciones emprendidas por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que critica desde hace años la decisión autonómica de ubicar un centro de acogida de menores migrantes en su término municipal.
El Consistorio ha acudido en diversas ocasiones a los tribunales e incluso propuso hace un año bautizar las instalaciones con el nombre de Isabel Díaz Ayuso como señal de protesta. Todo ello mientras Ayala, además, denuncia las condiciones de «hacinamiento» en las que se encuentran los menores acogidos.
Pero la última resolución judicial conocida ratifica que la Comunidad de Madrid tiene la única y exclusiva propiedad sobre La Cantueña.Del mismo modo, elimina cualquier tipo de injerencia del Ayuntamiento que pueda dificultar el ejercicio de sus competencias en materia de tutela y protección de menores.
La Comunidad de Madrid contabiliza en 632 los menores migrantes no acompañados que han pasado por las instalaciones de La Cantueña desde que abriera sus puertas como centro de acogida en 2024. Desde entonces, los tribunales, incluido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, han dado la razón al Ejecutivo regional de Ayuso, al entender que prevalece el bien superior del menor.