El Partido Popular está decidido a profundizar en las actividades de la compañía aérea Plus Ultra rescatada, pese a su escasa entidad, por el Gobierno de España con 53 millones de euros, sus presuntos vínculos con el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su relación con los negocios oscuros del régimen de Nicolás Maduro. En el PP sospechan incluso que la Embajada de España en Venezuela pudo actuar, «a modo de intermediadora, como centro de negocios» de la aerolínea cuyos principales directivos están siendo investigados en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid por un presunto delito de blanqueo de capitales. Los populares, en su intento por desentrañar las tripas de este caso, han reclamado, desde la comisión del Senado que investiga el caso Koldo y sus múltiples derivadas, todo un cargamento de datos y documentos en poder de la legación diplomática española en la ciudad de Caracas.
La petición se dirige al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, a cuyo máximo representante, José Manuel Albares, requerirá hoy la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, en la sesión de control al Gobierno, para que explique y valore el papel de ex altos cargos del Ejecutivo en la política exterior de España, en evidente alusión al ex presidente Zapatero quien, tal y como publicó EL MUNDO, cobró durante varios años -hasta un total de 450.000 euros, por labores de consultoría- del empresario Julio Martínez Martínez, uno de los detenidos en el marco de la investigación a Plus Ultra.
El Partido Popular reclama al Ministerio de Exteriores que proporcione a la comisión de investigación la «agenda, el listado de asistentes, las minutas, las notas internas, los correos y cualquier soporte relativo a reuniones celebradas en la Embajada o en la residencia oficial del embajador» en las que hubieran participado representantes de Plus Ultra Líneas Aéreas.
Los populares mencionan expresamente a Camilo Ibrahim Issa, empresario venezolano de origen libanés, vetado en la legación diplomática española por presunto «espionaje» y rehabilitado posteriormente ante la misma por Zapatero, así como otros empresarios vinculados al accionariado de Plus Ultra (Rodolfo Reyes, Raif El Arigie; Flavio Bohórquez o Héctor Antonio Tobía).
El interés de los populares se centra principalmente en el contenido de la reunión mantenida en marzo de 2021 en la residencia del jefe de misión-encargado de negocios de la Embajada con Camilo Ibrahim Issa y un grupo de empresarios.
Además, se reclaman las notas verbales, los memorandos y las comunicaciones intercambiadas con la Cancillería venezolana sobre contratos y autorizaciones de vuelos de Plus Ultra entre España y Venezuela, así como laspeticiones de «equidad» o prioridad de Plus Ultra frente a otras aerolíneas como Iberia o Air Europa.
Igualmente, el PP pide los «informes internos, telegramas y despachos enviados desde la Embajada en Caracas a Madrid» en los que se haga referencia a la situación de Plus Ultra en Venezuela (operativa de vuelos, permisos, trato preferente...) y aquellos en los que se hagan valoraciones sobre Camilo Ibrahim y otros empresarios venezolanos vinculados a la aerolínea.
A ello añaden «cualquier instrucción recibida desde Madrid» -telegramas, correos o instrucciones del Ministerio de Exteriores a la Embajada- sobre el trato institucional que se debía dar a Plus Ultra o a sus accionistas y la gestión de las relaciones con las autoridades venezolanas en materia de vuelos y permisos ligados a la citada compañía aérea.
El conjunto de peticiones se completa con la reclamación de documentación sobre los actos económicos celebrados en la Embajada incluyendo «programas, listados de invitados y documentación de eventos» organizados por la representación diplomática tanto en su sede como en la residencia oficial del embajador, en los que hubieran participado empresarios venezolanos relacionados con Plus Ultra, a fin de «verificar la interlocución utilizada antes y después del rescate» concedido por el Gobierno de España a la aerolínea durante la pandemia del Covid.