Los afectados anuncian una querella contra el dueño de los terrenos porque les aseguró que era legal establecerse ahí
Regala esta noticia Añádenos en Google Situación de la finca a enero de 2026, de acuerdo con un expediente de la Junta, con las viviendas prefabricadas. 09/06/2026 a las 00:13h.La Junta de Andalucía ha ordenado que el próximo 16 de junio se ejecute el precinto de Finca Colores, un terreno ubicado en Casabermeja donde ... ahora mismo viven ocho familias, cinco menores incluidos. El escrito remitido por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ordena «la inmediata suspensión de todo/a uso/obra, movimiento de tierra, instalación o actuación de cualquier tipo que se estuviera ejecutando sin ajustarse a licencia, así como el cese del suministro de los servicios públicos».
Señaladas
Sin señalar
Las viviendas prefabricadas.. (SUR)Se trata, en la práctica, de una orden de desalojo sobre las ocho familias que residen de alquiler en casas portátiles, móviles o prefabricadas dotadas muchas de ellas con placas solares que se han instalado ellas mismas para asegurarse el suministro eléctrico y que han implicado inversiones de alrededor de 20.000 euros en muchos casos. «No tenemos otra opción habitacional. Hemos invertido ahí todos nuestros ahorros buscando un futuro», afirma uno de los vecinos. «Encontré un anuncio en un portal inmobiliario y me vine a vivir aquí, en un principio, a la zona de cámping, y después a una casa móvil por la que pagaba 550 euros de alquiler a lo que hay que sumar la luz, cuya factura podía llegar a ser de 250 o 270 euros», explica otro residente.
Este último vecino paga más porque la casa portátil es alquilada. Otros residentes refieren que pagan entre 250 y 350 euros por terrenos de entre 200 y 300 metros cuadrados en los que instalan las casas prefabricadas que ellos mismos han comprado por entre 12.000 y 24.000 euros.
El propietario de la finca era (y este verbo se conjuga en pasado porque los terrenos han sido objeto de una subasta hipotecaria reciente por impago) J. G. R., junto a su exmujer, si bien su socia en este negocio de alquiler era su nueva pareja, J. M. G.
Se da la circunstancia de que González Rojas fue detenido este domingo, según confirma a este periódico la Guardia Civil porque pesaba sobre él una requisitoria. Los vecinos, tras mucho tiempo sin conocer su paradero, lo vieron este domingo por la mañana y avisaron al cuerpo armado. Uno de inquilinos, según cuentan testigos, le espetó: «¿Qué haces aquí?, ¿tú no estabas huido?». Las mismas fuentes explican que cuando llegó la pareja de guardias, el hombre parecía estar preparándose para irse de nuevo, porque estaba metiendo una maleta en un vehículo.
«Los inquilinos no son responsables»
Rubén Sánchez, de Facua, organización que apoya a los vecinos, defiende que esos inquilinos no son responsables de las presuntas irregularidades en que ha incurrido la propiedad, dada la apariencia de legalidad existente cuando se efectuaban las firmas de contratos de alquiler de los terrenos. A esa apariencia de legalidad también contribuía el hecho de que Finca Colores apareciera en anuncios por todas partes por internet, si bien su comercialización pasó por diversas etapas a lo largo de los años: al principio se alquilaba la casa de campo con la piscina que originalmente contenía la finca, también se ofertó como cámping, para instalar caravanas, y ya más recientemente, para colocar viviendas prefabricadas con vocación de ser residencias permanentes, de ser viviendas.
«Estas familias están ahí por la carestía de la vivienda en Málaga. Y en todo momento había apariencia de legalidad, con publicidad por todas partes, porque se ofrecía como un complejo turístico y residencial», insiste Rubén Sánchez, que explica que desde su organización han pedido a la Junta de Andalucía que valore suspender el precinto previsto para la semana que viene, teniendo en cuenta que el desalojo afectará a familias con menores a cargo, hasta que las familias tengan alternativa habitacional.
A su vez, inquilinos están preparando una querella contra su «casero» que anticipan que se presentará esta misma semana, dado que se sienten engañados por quien les alquiló las viviendas.
Precedentes
De esta orden de precinto hay precedentes, puesto que en el año 2024 el Seprona ya detectó vertidos ilegales procedentes del necesario saneamiento que implica tener gente residiendo ahí y posteriormente la Junta observó movimientos de tierras, además del parcelamiento del terreno para arrendar la finca por trozos o instalar en ellos las viviendas que se alquilaban, «supuestas infracciones de ordenación del territorio y urbanismo», dado que estas actuaciones tenían lugar en suelo rústico: «Se han detectado obras consistentes en la apertura de caminos, creación de bancales e instalación de edificaciones prefabricadas con vocación de permanencia». En aquel momento, la Junta realizó un inventario de parcelas y viviendas, recogiendo los contratos de alquiler que entonces había en vigor, si era sólo el terreno el que estaba alquilado, o si además era la casa portátil la que se incluía en el contrato. Eso volvió a dar a los vecinos apariencia de que vivían ahí legalmente, al margen de esas incidencias.
Aunque en declaraciones a este periódico sí deslizan que desde el principio tuvieron problemas con el suministro de luz (sufrían continuos apagones, hasta que se enteraron de que estaban enganchados al poste de un vecino, lo que no era óbice para que las facturas que les pasaba su particular casero fueran disparatadas) y de agua (que pasó por diversos avatares: primero, suministro de un pozo, hasta que se agotó, después un proveedor del pueblo, al final cada uno se buscó la vida).
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