- JAVIER AYUSO
- El Supremo impone a Ábalos una condena récord de 24 años y tres meses de prisión
- Las reacciones a la sentencia de Ábalos: Feijóo pide elecciones y los socios del PSOE se alejan
En La Moncloa pensaban que tenían una breve tregua tras la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero de la semana pasada, aunque realmente el expresidente no aclaró nada y el magistrado insistió en los indicios de delito que pesan sobre él.
Pero los acontecimientos se han disparado con mucha más virulencia desde el pasado sábado en el que se confirmaba el procesamiento de Begoña Gómez y ayer con la sentencia contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Los 24 años de condena para el que fuera su número dos en el PSOE (la mayor para un ministro de la democracia), dejan a Pedro Sánchez acorralado entre un buen número de procedimientos judiciales que afectan a su Gobierno, su partido y su familia.
Pero el presidente sigue mostrándose displicente ante la larga lista de imputados, procesados y condenados de su entorno y ayer acudió al Teatro Real de Madrid, acompañado de hasta once ministros, como si las decisiones judiciales no fueran con él. Allí se dedicó a hablar de la España verde y digital y no quiso hacer declaraciones sobre la durísima sentencia dictada por unanimidad por el Tribunal Supremo. Mañana miércoles tendrá que acudir a dar explicaciones al Congreso de los Diputados, pero ya nadie espera que asuma ninguna responsabilidad política frente a una condena que ataca al corazón del sanchismo. Ábalos fue su más fiel escudero para retomar el poder en el PSOE (junto a Koldo García y Santos Cerdán), el ministro más importante en su primer gobierno y quien defendió la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018, por los casos de corrupción que asolaban al PP.
La sentencia difundida ayer por el llamado "caso mascarillas" es probablemente el golpe más duro para Sánchez, su Gobierno y su partido. Y lo sería también para sus socios y aliados si demostraran un poco de dignidad política. Pero los partidos de la izquierda y el independentismo siguen manteniendo a los socialistas en La Moncloa para aprovechar los últimos meses de concesiones de un ejecutivo zombie que no puede legislar ni gobernar; se limita a resistir.
Las condenas de 24 años para José Luis Ábalos y 19 para Koldo García se justifican por la gravedad de los delitos cometidos que se concretan en organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Palabras mayores para un partido que llegó hace ocho al poder con el karma de luchar contra la corrupción. La lectura de la sentencia hace estremecer a cualquier demócrata y seguro que los militantes y votantes socialistas se sienten hoy muy avergonzados de la deriva que tomó su partido desde que Sánchez llegó a La Moncloa.
Mientras España sufría una durísima pandemia que causó 75.000 muertos solamente en 2020, un grupo de dirigentes socialistas se organizaban de forma criminal para trapichear con mascarillas. Una trama que se embolsó un mínimo de 430.000 euros en cohechos y que actuó con total impunidad para darse la vida padre mientras los españoles estaban confinados. Viajes, fiestas con prostitutas, vacaciones en chalés en la costa, enchufes para sus amigas en empresas públicas... Hace poco, Alfonso Guerra se mostraba asqueado públicamente ante los "macarras y golfos que han tomado el partido".
La respuesta de Pedro Sánchez y sus ministros ante ese saqueo del Estado ha sido absolutamente decepcionante. Tanto en el "caso mascarillas" como en los que afectan a Santos Cerdán, Leire Díez o a directivos de la SEPI o a su propia familia, la secuencia ha sido similar. Primero, poner "la mano en el fuego" por sus correligionarios y acusar a jueces y periodistas que alimentar la máquina del fango. Luego rasgarse las vestiduras ante los "casos aislados" de los que no tenían conocimiento y afirmar que habían asumido responsabilidades por expulsarles del partido. Y, todo ello, aderezado con ataques sin cuartel a los investigadores y jueces que incoaban los procedimientos.
Organización criminal
La sentencia de ayer dicta que hubo una organización criminal funcionando en el PSOE y en el Gobierno para enriquecerse mediante comisiones y cohechos. O, lo que es lo mismo, que no se trata de un caso aislado, como demuestra también el resto de los procedimientos abiertos contra un expresidente del Gobierno socialista y otro secretario de organización del PSOE. Es una podredumbre que se ha ido extendiendo en un partido cuyo secretario general sigue sin asumir ninguna responsabilidad política.
Ayer, el líder de la oposición lo dejó muy claro. "Ábalos no existiría sin Sánchez, ni Sánchez sin Ábalos", dijo Alberto Núñez Feijóo. "Por eso debe irse; la justicia ha hablado y ahora tiene que hablar la política". Pero no parece que el presidente vaya a asumir mañana ninguna responsabilidad en su comparecencia en La Cortes.
Nada más conocerse la sentencia, algunos ministros y dirigentes socialistas (eso que habían aplaudido a Ábalos en el Congreso el día que dejó de estar en el Gobierno), buscaban resquicios a los que agarrarse tras la durísima condena a su camarada. Y, curiosamente, criticaban la decisión del Supremo de librar a Víctor de Aldama de prisión, pese a los cuatro años de condena, por haber colaborado con la Justicia. El comisionista del "caso mascarillas" declaraba ayer que estaba satisfecho y que "espero que los demás que vienen detrás colaboren".
Eso es lo que inquieta en La Moncloa o en Ferraz. No que haya quedado libre un delincuente confeso, sino que la decisión del Supremo pueda animar a otros investigados a colaborar en los procedimientos en curso a cambio de obtener los mismos beneficios que Aldama. Todos están pendientes de lo que puedan hacer Leire Díez, la fontanera del PSOE, o Julio Martínez, Julito, el amigo y presunto testaferro de Zapatero. Hasta ahora, ambos se mantienen en un discreto silencio, pero cuando comprueben que les podrían caer años de cárcel, a lo mejor cambian de opinión y empiezan a "cantar" quién estaba detrás de los presuntos delitos de los que son acusados. Tras escuchar a Aldama en las puertas del Supremo, cundió el pánico entre los socialistas.
También ayer, el Consejo General del Poder Judicial decidía abrir un expediente disciplinario al juez Juan Carlos Peinado por haber justificado la retirada del pasaporte a la esposa del presidente por que los policías que hacen escolta la pudieran ayudar a huir de España. Una auténtica barbaridad más de un juez que ha sido reiteradamente corregido por la Audiencia Provincial por sus excentricidades durante el procedimiento. Sin embargo, los nuevos ataques de los socialistas a Peinado no pueden hacer olvidar que se ha dictado el inicio de juicio oral contra Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
Nunca, ningún presidente del Gobierno español ha estado tan acorralado por la Justicia. Ábalos, Koldo, Cerdán, Leire Díez, Rodríguez Zapatero, el fiscal general del Estado, su hermano, su esposa... una lista que va creciendo mes a mes y que nadie sabe hasta dónde llegará. ¿Qué sentido tiene seguir en el poder como si nada ocurriera, pero sin posibilidad de gobernar? Ayer, el histriónico Gabriel Rufián decía: "¿Aguantar para qué? ¿Qué contenido tiene lo que queda de legislatura? Gobernar es legislar, no resistir". Tiene razón, aunque él y su partido siguen manteniendo a Pedro Sánchez en La Moncloa.
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