La imagen de los empleados en huelga, concentrados ante la fábrica, negándose a traspasar la puerta, rehusando incorporarse al trabajo hasta que no se mejoren sus condiciones laborales o se introduzcan cambios en el convenio, es tan vieja como el movimiento obrero.
Pero nunca hubiéramos imaginado verla en la antesala del Consejo de Ministros.
Cinco miembros del Gobierno echaron este viernes un órdago a Sánchez manteniendo durante dos horas sus poltronas vacías. La escena no podía ser más ridícula. Porque la agitadora sindical, la cabecilla de la revuelta era la ministra de Trabajo, con galones de vicepresidenta.
Y para más inri acababa de regresar de Hollywood, sin otro galardón que el Oscar a la autoinvitada más onerosa para los contribuyentes de su país.
Mientras la líder del Comité de Huelga negociaba con el presidente y CEO de la compañía entre gesticulaciones y llamadas telefónicas a posibles mediadores, el resto de la "plantilla" aguardaba el desenlace en otro de los salones del edificio de la Moncloa.
Aquello podía terminar en un paro indefinido con piquetes mediáticos en acción, en un 'lock out' patronal en forma de ceses y expulsión del paraíso terrenal o en el triunfo de una mayoría de esquiroles, vendidos al capitalismo, sobre los genuinos defensores de la clase obrera.
La tensión alcanzó su apogeo cuando la unidad del comité de huelga comenzó a cuartearse y el CEO tuvo que negociar con cada uno de sus miembros por separado.
Pero el drama se convirtió enseguida en farsa. Ni Sánchez castigó a los rebeldes que le habían desairado públicamente con un despido procedente —ni siquiera con una suspensión de empleo y sueldo—; ni ellos —a falta de mejores puestos de trabajo— tuvieron la coherencia de mantener el pulso o pedir la baja voluntaria.
Todo terminó con un esperpéntico apaño. Los ministros de Sumar consiguieron que el gobierno no sólo aprobara las rebajas fiscales para afrontar la crisis energética, sino también medidas de protección a los inquilinos frente a la voracidad de los caseros.
Pedro y Yolanda, usurpación y trilerismo. Javier Muñoz.
Pero en modo brindis al sol.
Es decir, separando el trigo de la paja.
Por un lado, los mezquinos 5.000 millones de ahorro fiscal para las familias, en términos que muy bien podría aprobar el PP y que desde luego respaldarán Junts y el PNV.
Por el otro, su nueva vuelta de tuerca al mercado inmobiliario, como si la situación de la vivienda en España tuviera algo que ver con la guerra de Irán. Pero sin ninguna posibilidad de obtener el apoyo parlamentario preciso.
Dos decretos distintos para sostener a una coalición de gobierno en la que el PSOE maneja el ciclomotor y Sumar se deja llevar en el sidecar.
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Sánchez ha dicho que poner el foco en este último episodio es solo "salseo". En cierto modo tiene razón.
Porque los chistes que aliñan cada capítulo de esta comedia de situación no deben tapar la sustancia de la ópera bufa con la que una entente de usurpadores y trileros viene mofándose de la ciudadanía durante lo que va de legislatura.
Dos decretos distintos para sostener a una coalición de gobierno en la que el PSOE maneja el ciclomotor y Sumar se deja llevar en el sidecar.
España no se merece este sainete. Y ni siquiera puede tomarlo a risa.
La Historia dirá que todo empezó por una omisión en 2023. La de la obligación constitucional de presentar unas cuentas públicas tras el trueque de la investidura por la amnistía.
El "somos más" sólo era verdad para cerrar el paso a Feijóo y abrir la verja de la impunidad a Puigdemont. Pero nunca respondió ni a una visión compartida ni a un proyecto para España.
Junts y Podemos jamás han tenido ni tendrán nada que ver. Cada uno iba a lo que iba.
Por eso, tres años después la omisión se ha vuelto crónica y se ha trocado en grave irresponsabilidad. Es lo menos que se puede decir de un gobernante que pretende afrontar una crisis como la que se avecina sin presupuestos ni mayoría parlamentaria estable.
El decepcionante paquete de medidas de este viernes demuestra que es imposible actuar con la energía que requiere la situación con el corsé de un presupuesto tres veces prorrogado.
¿De qué sirve que el Gobierno aprobara hace cuatro meses un techo de gasto de 216.000 millones para 2026 —el más alto de la historia— si no tiene la autorización legal para traducirlo en partidas concretas que palíen de forma anticíclica el encarecimiento del coste de la vida y el estancamiento económico que nos acechan?
Una vez resuelto su desopilante conflicto con el 'Comité de Huelga de la Moncloa', Sánchez compareció el viernes para presentar "el mayor escudo social y económico de toda la UE". Lo hizo con el aire santurrón que reserva para estas ocasiones. Sólo le faltó el solideo.
Y, sin embargo, recurriendo a Esopo, "parturiunt montes, nascetur ridiculus mus". ¿O no es acaso un ridículo ratón que, cuando se espera una recaudación fiscal de 300.000 millones —25.000 más que el año pasado—, sólo se ofrezca una rebaja de 5.000 durante un máximo de cien días y condicionada a que el incremento del IPC de los carburantes, gas y electricidad supere el 15% respecto al año anterior?
Es decir que si la subida es del 14%, serán los consumidores quienes apechuguen. Esa es la bochornosa letra pequeña del decreto. Más que de un escudo, se trata de una coraza de juguete.
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Es vergonzoso que el Gobierno no tenga capacidad política para liberar el exceso de recaudación acumulada durante casi una década de subidas de impuestos y proteger de verdad a los hogares de los efectos de una guerra que sólo Sánchez dice que no veía venir.
En realidad, el presidente está empezando a cosechar lo que lleva tres años sembrando al empecinarse en gobernar en minoría y por lo tanto sin cuentas públicas.
Lo estamos notando en la caída en picado de la inversión extranjera —un 21% el año pasado—, lo notaremos en el encarecimiento de la deuda y lo notaremos en la probable pérdida de una parte de los fondos europeos.
Pero gobernar sin presupuestos no es sólo un problema técnico con consecuencias nefastas cuando vienen mal dadas.
El presidente está empezando a cosechar lo que lleva tres años sembrando al empecinarse en gobernar en minoría y por lo tanto sin cuentas públicas.
Es sobre todo un desafío frontal al orden constitucional que concibe las cuentas públicas como una reválida anual obligatoria. Como una elemental exigencia democrática.
El artículo 134 de la carta magna no está para rellenar manuales de Derecho, sino para establecer un condicionamiento, un requisito de control, acotado en el tiempo, al desempeño del poder.
Es una obviedad que la democracia parlamentaria no se agota la noche electoral. Y que la legitimidad de origen —que nadie discute a Sánchez— debe estar acompañada por la legitimidad de ejercicio.
Algo que no sucede cuando el recurso extraordinario de la prórroga presupuestaria se convierte en una rutina. En el modus vivendi de quien ni siquiera intenta ya obtener el preceptivo aval del parlamento.
A eso se le llama fraude de ley y así lo ha planteado el Senado ante un Tribunal Constitucional que no ha tenido más remedio que asumir la obligación de pronunciarse sobre la embarazosa conducta del Gobierno que eligió a la mayoría de sus miembros.
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La escolástica medieval distinguía entre el "tyrannus absque titulo" que llega al poder de forma ilegítima y el "tyrannus ab exercitio" que llega legalmente, pero dilapida su capital de autoridad abusando de ella.
"Para que no se pueda abusar del poder, hace falta que el poder ponga barreras al poder", alegaba Montesquieu. Esos son los presupuestos. También las leyes que Sánchez se salta a la torera al no tener apoyo de sus socios para el gasto militar o el envío de la fragata a la zona de guerra.
Así es como van moldeándose las nuevas autocracias, bautizadas por Fareed Zakaria como "democracias iliberales". Es lo que el clásico tratadista canadiense Albert Constantineau definió como "usurpación de facto".
Ese es el fundamento del recurso del Senado ante el TC. La "usurpación" por el gobierno de "atribuciones" que corresponden al parlamento.
Porque el apartado 5 de ese artículo 134 de la Constitución es taxativo. Sólo después de aprobados los presupuestos, "podrá el Gobierno presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público".
Pues bien, a falta de ese requisito Sánchez y los suyos tiran por la calle de en medio. Sólo en 2025 el Gobierno ha dispuesto de 75.000 millones adicionales a lo establecido en el presupuesto prorrogado, mediante triquiñuelas como las ampliaciones de crédito o la incorporación de remanentes.
Sí, 75.000 millones. Quince veces más que lo que ahora se nos perdona durante unos meses.
Y todo ello de espaldas al parlamento. Ni siquiera cuando en abril del año pasado Sánchez anunció un plan de 10.471 millones en gastos militares adicionales —camuflando una parte como lucha contra el cambio climático— se planteó obtener el aval del Congreso de los Diputados.
Temía sin duda que quedara en evidencia que pretendía engañar a la vez a sus socios nacionales (participando en una escalada armamentística contraria a su trompeteado pacifismo) y a sus socios internacionales (quedándose muy lejos de los compromisos adquiridos).
Esa marrullería política ha alcanzado ahora su paroxismo cuando Sánchez ha puesto la "urgencia" de adoptar medidas contra la guerra como último pretexto para seguir retrasando la presentación del presupuesto.
Como expliqué en el programa de Ana Rosa, "hemos pasado del "no a la guerra" alegando que es incompatible con la democracia, al "no a la democracia" alegando que no es incompatible con la guerra".
Hace falta ser muy cínico para repetir una y otra vez que hay que oponerse a esta guerra porque va contra la legalidad internacional y convertirla a continuación en coartada para seguir vulnerando la legalidad nacional impuesta por la Constitución.
Invocas el derecho externo para coartar a otros, mientras esquivas los límites que a ti te impone el derecho interno. Consejos vendo que para mí no tengo.
Además, el argumento no puede ser más falaz. En términos prácticos, precisamente cuando más falta hace un presupuesto es cuando hay que tener la disponibilidad de fondos y la flexibilidad para aplicarlos a gastos extraordinarios.
"Hemos pasado del "no a la guerra" alegando que es incompatible con la democracia, al "no a la democracia" alegando que no es incompatible con la guerra".
Y en el orden moral nada convalida tanto en el exterior una postura basada en el respeto a las normas como el estar aplicándola en casa. Por eso Churchill se sometió a dos mociones de confianza en las Cámara de los Comunes en el terrible 1942 en que la guerra parecía torcerse. Y por eso el Gobierno de Zelenski cuenta con un presupuesto aprobado por el parlamento ucraniano.
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Pero el modelo contemporáneo que emula Sánchez no es otro sino Trump.
Ambos comparten una tentación autocrática.
Ambos conciben el mandato electoral como patente de corso.
Ambos polarizan, presionan a los jueces y convierten cualquier límite institucional en una conspiración de sus enemigos.
Ambos invocan la emergencia de cualquier situación extraordinaria para eludir el fielato del Congreso y expandir el poder presidencial a golpe de decretos.
En Estados Unidos se les llama "órdenes ejecutivas". Sólo el año pasado Trump ha firmado 225.
Cualquiera diría que Sánchez ha sido mucho más prudente cuando en ocho años "sólo" ha aprobado 168 decretos-ley.
Pero hay dos diferencias. La primera radica, claro, en que en los Estados Unidos el presidente es elegido directamente por el pueblo y en España la soberanía popular reside en las dos cámaras del parlamento.
Sánchez lleva dos años sin pisar el Senado y es el único jefe de gobierno de la democracia que ha aprobado más decretos-ley que leyes ordinarias.
La segunda diferencia estriba en la independencia del Tribunal Supremo norteamericano, basada en el mandato vitalicio de sus magistrados, frente a la supeditación del Tribunal Constitucional al Gobierno que configura su composición.
Por eso el Tribunal Supremo, pese a su mayoría conservadora, ha tumbado los aranceles de Trump. Por eso nuestro Constitucional avaló la infamia de la amnistía y se llamará andana ante el requerimiento del Senado para que fije un límite temporal a las prórrogas presupuestarias.
Pero, aunque Conde-Pumpido y ese grupo "progresista", que incluye a un ministro de Sánchez y una directora general de Bolaños, mire para otro lado, la usurpación de las competencias del legislativo por parte del ejecutivo no será menos flagrante.
Y a quien se sostiene en el poder usurpando lo que es de otro, sólo cabe llamarle usurpador. Un baldón que caerá sobre Sánchez como una losa, sin que el salseo de los trileros que le rodean distraiga al tribunal de la Historia.