- LORENZO DE BENITO LOBO Abogado
Tras unos últimos meses marcados por la inestabilidad política y social, en los que se han sucedido en el cargo tres presidentes desde octubre hasta la fecha, la República del Perú se aproxima a unas elecciones presidenciales que determinarán el futuro del país durante los próximos cinco años. Sin embargo, quizá el resultado de los comicios no sea tan relevante para el futuro —y, en concreto, para la estabilidad económica— del país como cabría imaginar.
Un total de 35 candidaturas se presentan a unas elecciones cuya primera vuelta tendrá lugar el próximo domingo 12 de abril. Las encuestas durante la mayor parte de la campaña han señalado como favoritos para pasar a la segunda vuelta a dos viejos conocidos del panorama político peruano: la candidata del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori (hija del mandatario de corte autoritario Alberto Fujimori, que gobernó Perú entre 1990 y 2000 y que ha sido derrotada en las tres últimas elecciones), y el candidato de Renovación Popular, Rafael López-Aliaga, exalcalde de Lima y empresario. Ambos se sitúan dentro del espectro ideológico conservador.
La experiencia en los últimos procesos electorales peruanos demuestra que las semanas previas son claves para el resultado de las elecciones, pues resulta difícil pensar que dos candidatos de corte conservador se disputen en segunda vuelta la presidencia del país. En los últimos años siempre ha surgido un outsider que, a la postre, ha terminado siendo elegido presidente, como ocurrió con Pedro Castillo en 2021, quien apenas aparecía en los sondeos de intención de voto semanas antes de la primera vuelta de aquellas elecciones. Las últimas encuestas revelan un alto número de indecisos (más del 20 %) y potenciales alternativas de izquierda, centroizquierda o centro con una tendencia al alza. Tanto es así que algunas encuestas publicadas durante el fin de semana previo a las elecciones señalan a Carlos Álvarez, conocido humorista y candidato de corte más bien centrista, como segundo en intención de voto, en detrimento de un López-Aliaga que muestra cierto desgaste en las encuestas.
El común denominador de la mayor parte de los programas de gobierno es atajar la creciente inseguridad, tanto en el área metropolitana de Lima (donde ya se concentra cerca del 30 % de la población del país) como en regiones periféricas de la selva y la sierra, en las que grupos organizados con intereses en actividades ilegales (tráfico de estupefacientes o minería ilegal) amenazan el mantenimiento del orden social.
Lo que no parece estar en la agenda de ninguno de los candidatos es la sustitución de Julio Velarde (Lima, 1952) al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Velarde, designado presidente del BCRP en 2006, ha sido ratificado en varias ocasiones por presidentes de toda ideología (durante su mandato ha coincidido con diez presidentes distintos).
Pese a las crisis económicas y sociales de estos últimos años, las macromagnitudes que dependen del buen hacer de Velarde —esencialmente, la inflación y el tipo de cambio— se han mantenido constantes y bajo control, lo que ha contribuido a evitar un deterioro de la economía peruana. A modo de ejemplo, la divisa peruana, el nuevo sol, lleva cinco años revalorizándose frente al dólar, la otra gran moneda de uso habitual en el Perú. El mismo patrón de revalorización se observa frente al euro. En la vecina Bolivia, cada vez más, la población ahorra en soles peruanos para evitar pérdidas de valor por efecto del tipo de cambio y ante la escasez de dólares. El control de la inflación es el otro gran éxito de Velarde: pese a que las condiciones de la economía internacional no han ayudado, el índice de precios al consumo a nivel nacional cerró en el 1,9 % en 2024 y en el 1,3 % en 2025.
Todo ello ha propiciado que, al menos a nivel macroeconómico —y sin perjuicio de los evidentes riesgos generados por la situación geopolítica mundial y el impacto de las nuevas políticas arancelarias estadounidenses—, el Perú registre datos sólidos de crecimiento y estabilidad, pese a su convulsa situación política y social. Sería difícil de entender que, si Velarde quisiera continuar al frente del BCRP, el nuevo gobierno se planteara buscarle un sustituto.
En ese contexto, a pesar de algunas desinversiones por parte de empresas españolas, España sigue siendo el segundo país en inversión extranjera directa en el Perú y un gran socio comercial, además del más cercano a Perú en los planos cultural, jurídico y social (excluidos los demás países iberoamericanos). La estabilidad macroeconómica peruana garantizada por Velarde constituye un claro atractivo para profundizar en estas relaciones económicas entre ambos países. España y el nuevo gobierno peruano deberían tratar de buscar el acercamiento en algunas cuestiones pendientes, como el convenio para evitar la doble imposición —cuya negociación está actualmente bloqueada— o grandes proyectos de inversión en infraestructuras en Perú pendientes de implementación.
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