La Generalitat Valenciana mantiene el pulso con el Gobierno de España por la protección de la costa en dos frentes: defendiendo la Ley 3/2025 de protección y ordenación de la costa valenciana aprobada el pasado mes de mayo y presentando alegaciones al Reglamento de Costas promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica. Las posturas entre las dos administraciones ha sido, hasta el momento irreconciliables.
El Consell anunció hace un año que aprovecharía la decisión del Tribunal Supremo de anular el Reglamento de Costas -por no haber pasado el trámite de consulta pública- para presentar alegaciones contra los deslindes, que ampliarían la zona de dominio público marítimo-terrestre afectando a viviendas y negocios. Estos pasarían a manos del Estado en cuanto se determinara que estaban dentro de esa zona, cuya línea, según el nuevo reglamento, podría marcar un temporal, un único episodio extraordinario de oleaje. Lo que pide la Generalitat es que se vuelva a fijar el límite en el "punto alcanzado por las olas en los mayores temporales conocidos, siempre que se haya producido al menos en cinco ocasiones en cinco años". Su sustitución por un único episodio supone "una alteración sustancial y desproporcionada del criterio técnico hasta ahora vigente".
Con estas alegaciones, el gobierno de Pérez Llorca pretende dar seguridad a los propietarios, así como que se contemple la revisión hacia el mar. "Si el Ministerio sigue adelante con la modificación del reglamento debería primar la seguridad jurídica", insiste el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, que defiende la necesidad de revisar en profundidad la Ley de Costas, que data de 1988.
Plantea, además, que las concesiones para desarrollar actividades se regulen de forma objetiva y diferenciada, mediante criterios tasados y una definición técnica precisa del concepto de 'riesgo cierto'. En este sentido, defiende la compatibilidad de usos económicos sostenibles, la adaptación de superficies y distancias conforme a la planificación territorial y el reconocimiento de las concesiones compensatorias como auténticos derechos indemnizatorios, además de mantener el silencio administrativo positivo en las adscripciones a las comunidades autónomas.
Estas alegaciones han sido planteadas por el Consell sin que Transición Ecológica se haya sentado "al menos una vez con las comunidades autónomas", por lo que no ha habido diálogo para tratar de hacer comprender la excepcionalidad del caso mediterráneo, donde se desarrolla actividad económica ligada al mar.
Por eso, se solicita que se reconozcan como línea de ribera los paseos construidos tras la Ley de 1988 y se mantenga la capacidad del planeamiento de los ayuntamientos para autorizar usos compatibles en edificios ya existentes.
En este nuevo reglamento se pretende que se reconozca expresamente la singularidad de los núcleos urbanos tradicionales de valor etnológico y cultural situados en el litoral, garantizando su conservación y mantenimiento dentro del dominio público marítimo-terrestre, algo que se antoja más complejo.
Y es que el Gobierno ha tomado la decisión de llevar al Tribunal Constitucional la Ley 3/2025 de protección y ordenación de la costa valenciana aprobada por el PP y Vox en las Cortes el pasado mes de mayo para enterrar el el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) promulgado por el Botánic. Esta ley, entre otras cuestiones, rebajaba de 500 metros a 200 el límite para poder construir hoteles en la costa pero también pretendía proteger núcleos urbanos considerados como "tradicionales" o "etnográficos", como los ubicados en la playa de Babilonia, en Guardamar, o en el Grau de Moncofa, para los que Costa tenían previstos derribos tras aplicar los deslindes fijados en el nuevo Reglamento de Costas.
El Gobierno llevará el texto valenciano al Alto Tribunal al entender que lo que pretende es crear "un contexto jurídico" para permitir ocupaciones del dominio público que la Ley de Costas no autorizaría e incluso hacer declaraciones de núcleos urbanos de especial valor etnológico con la única pretensión de salvar inmuebles allí ubicados.
No comparte esta visión la Generalitat, que sigue defendiendo que esta figura "permite salvaguardar a las personas que residen en enclaves con un patrimonio singular que merece protección específica".