Es un ejercicio casi melancólico tener que insistir, de nuevo, en la gravedad de que un ministro sugiera que existe una conspiración de los aparatos del Estado para derribar al gobierno de España. En otro país, y quizá en otro tiempo, hubiera provocado un escándalo. Aquí la noticia ya no es la soltura con que un ministro canta golpe de Estado, sino la parsimonia con que ciudadanos y autoridades lo reciben como una opinión más. A esta hora, el presidente del Gobierno no ha desautorizado a su ministro de Transportes. Y se entiende que es porque le conviene que la intoxicación prospere.
No hace falta insistir en que la insinuación de que existe una suerte de deep state que actúa al margen de las urnas para corregir su resultado tiene un efecto corrosivo sobre la confianza en las instituciones. Lo saben ustedes y, desde luego, lo sabe Óscar Puente. Pero al pirómano no vamos a persuadirle glosando los peligros del fuego. Lo que quiere el pirómano es ver el bosque arder.
Pero en las declaraciones del ministro hay algo más que su habitual falta de decoro institucional. Hay una curiosa paradoja. Denuncia intentos de derribar al Gobierno por métodos no democráticos cuando lo que se investiga es si su partido ha recurrido a métodos no democráticos para mantenerse en el poder. Puente denuncia un asalto al Ejecutivo por parte de la policía, la fiscalía y la judicatura, pero lo que está bajo examen es si desde su partido trataron de asaltar la policía, la fiscalía y la judicatura para proteger al círculo íntimo del Presidente. El auto del juez Pedraz apunta a la existencia de indicios de que desde el PSOE, partido que gobierna España, se intentó actuar sobre resortes del Estado que, en una democracia liberal, deben permanecer ajenos al control del Gobierno.
Coincido con Óscar Puente en una cosa: existen formas no democráticas de alcanzar el poder. En la historia hay cientos de ejemplos. Pero la cuestión que hoy nos interpela es si también existen formas no democráticas de conservarlo. Si el soborno, la extorsión, la búsqueda de información comprometedora sobre agentes públicos o la presión sobre quienes investigan pueden convertirse en herramientas de supervivencia política.
Conviene subrayar que Pedro Sánchez tendría la obligación política y moral de convocar elecciones incluso aunque no existieran el caso cloacas, el caso mascarillas o el caso Plus Ultra. Aunque Ábalos, Koldo y Cerdán siguieran siendo socialistas ejemplares y ZP siguiera supervisando nubes. Aunque Leire estuviera escribiendo una novela, David Sánchez componiendo sinfonías y Begoña Gómez ejerciendo un noble oficio.
Un Gobierno sin mayoría parlamentaria, incapaz de aprobar presupuestos y enfrentado a desafíos tan decisivos como la inmigración, la crisis de la vivienda o el aumento del gasto en defensa debería acudir a las urnas para renovar o ceder el mando.
La paradoja es que los casos de corrupción no acercan las elecciones; si acaso las alejan. Sospecho que porque el presidente ve más cerca la imputación que la mayoría absoluta. De eso, precisamente, trata la tentación de gobernar por métodos no democráticos.