¿Por qué la industria necesita apoyo del Estado para ser competitiva?

• RICARDO T. LUCAS

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La pérdida de competitividad de las empresas españolas se ha agravado por la política fiscal y laboral del Gobierno, hasta el extremo de necesitar ayudas públicas para competir en el exterior.

Las empresas del sector industrial han pedido al Gobierno que, dentro del paquete de ayudas frente al impacto económico de la guerra en Oriente Próximo, mantenga las medidas para reducir el coste de la energía que necesitan para producir. Más aún, instan al Ejecutivo a hacer permanentes las rebajas de los impuestos especiales sobre la electricidad y el gas, así como suprimir el tributo sobre la generación eléctrica para continuar siendo competitivas frente a sus rivales europeas.

La medida parece justificada en un contexto en que, como anticipa el Banco de España, las tensiones inflacionistas derivadas del súbito encarecimiento de la energía provocado por el conflicto bélico van a prolongarse hasta el próximo año. Sin embargo, la petición de hacerla permanente lleva a preguntarse por las causas de que la industria española necesite apoyo del Estado para competir con sus competidores del resto del continente.

La respuesta está en la política fiscal y laboral del Gobierno de PSOE y Sumar. La misma propuesta de las empresas industriales, que pide al vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, actuar sobre la fiscalidad de la electricidad, apunta a ello. Si bien los precios mayoristas están habitualmente entre los más bajos del continente, cuando se incorpora la carga tributaria la economía española sube puestos en las estadísticas de la UE, hasta llegar al top 10 entre los países del continente con la electricidad más cara, si bien para clientes electrointensivos el encarecimiento no es tan marcado. Pero para las pymes puede llegar a suponer una parte muy importante de sus costes de producir. La diferencia entre el precio antes y después de impuestos oscila entre un 15% y un 50%. Por eso las patronales industriales insisten en la necesidad de mantener baja la fiscalidad de la energía.

Esta régimen desfavorable explica, en parte, que la competitividad de la economía española acumule 16 meses seguidos en negativo, desde comienzos del año pasado. Pues bien, las exportaciones de bienes y servicios apenas crecieron un 0,8% en el primer trimestre, mientras que las importaciones lo hicieron en un 3,2%. En esta misma línea, las consultoras globales destacan la rígida y elevada fiscalidad a las empresas que mantiene nuestro país como uno de los factores que lastra su atractivo para localizar sus inversiones industriales.

Costes laborales

El segundo gran aspecto que lastra la competitividad de la industria es el ámbito laboral. La llamada "cuña fiscal" sobre el empleo (la suma de las cotizaciones sociales e impuestos que abonan las empresas) es 11 puntos superior a la media de los países de la OCDE. Una brecha que se ha ido ampliando con las constantes subidas tanto del salario mínimo como de las contribuciones a la Seguridad Social que deben abonar las compañías por sus trabajadores. Una parte de las mismas ha ido directamente a taponar el agujero financiero de las pensiones causado por la reindexación al IPC, que ha disparado su coste desde los 9.500 millones de euros mensuales en el año 2018 hasta los 14.300 millones alcanzados el pasado mes de mayo. La decisión de gravar las nóminas para contribuir a la financiación de las prestaciones de los pensionistas no sólo ha quebrado el equilibrio generacional del sistema, sino que también ha impuesto al sector productivo la obligación de contribuir a los pagos a las clases pasivas.

La carga de impuestos y cotizaciones sobre el salario en España varía entre el 41,4% que se le aplica a un trabajador soltero y el 36,8% que soporta un asalariado con hijos a su cargo. La mayor parte de esas contribuciones las abonan directamente las empresas, por lo que muchos asalariados no conocen al detalle cómo ha ido aumentando en los últimos años el precio total de mantener a un trabajador en plantilla. De ahí la polémica generada con la propuesta de la patronal CEOE para que los trabajadores reciban íntegras las cantidades que pagan las empresas y deban ser ellos los que salden cuentas con la Seguridad Social y Hacienda. El estrechamiento de los márgenes empresariales derivado de las mayores cargas fiscales y laborales se ha agravado por el mayor coste de la energía.

A esto se suma la alarmante escasez de mano de obra cualificada, que ha hecho que las vacantes en la industria se dispare a tasas históricas y frena el potencial competitivo de las empresas industriales.

Una brecha de productividad que no cerrará hasta 2050

Otra de las causas de la pérdida de competitividad de la industria española respecto a la de otros países europeos es la menor productividad. Aunque durante el año pasado volvió a crecer, lo hizo a un ritmo muy débil, del 0,5%, por lo que según el Banco de España a este ritmo no será posible cerrar la brecha de productividad con los socios comunitarios (que cifra en un 8%) hasta el año 2050. El supervisor arguye que mejorar la productividad por hora -esto es, lo que produce cada trabajador- será clave para consolidar un aumento sostenido de los salarios que no lastre la capacidad de competir de las empresas. De hecho, ha sido la ganancia de productividad de las empresas más dinámicas la que ha permitido reducir en las dos últimas décadas casi a la mitad el diferencial respecto a la media de la zona euro. Pero el elevado número de pymes que forman parte del sector industrial limita el margen de mejora, lo que aumenta la relevancia de las políticas públicas orientadas a facilitar el aumento de tamaño de las pequeñas empresas, eliminando trabas y burocracia.

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