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El Tribunal Supremo considera probado que Ábalos se lucró aprovechando su posición institucional.
La demoledora sentencia del Tribunal Supremo que condena a José Luis Ábalos a 24 años de cárcel por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias certifica de forma definitiva la quiebra de la promesa regeneradora con la que Pedro Sánchez llegó al poder en 2018. Precisamente, fue el propio Ábalos el encargado de defender desde la tribuna de oradores del Congreso la moción de censura presentada contra Mariano Rajoy bajo el argumento de que era urgente poner fin a la corrupción institucionalizada.
Pues bien, según ha quedado probado en el juicio, desde que comenzó a formar parte del Gobierno y aprovechándose de su posición institucional como ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE, el entonces número dos de Sánchez en el partido lideró una "organización criminal jerarquizada para buscar un lucro personal". Esa operativa ilegal se aceleró con la llegada de la pandemia del Covid a nuestro país, una coyuntura crítica que fue aprovechada por la trama de Ábalos para cobrar sobornos a cambio de contratos para el suministro de mascarillas y material sanitario a la empresa representada por el nexo corruptor, Víctor de Aldama.
Éste, sin embargo, ha visto reducida sensiblemente la condena que pedían las acusaciones para él por la atenuante de confesión y se beneficiará además de la suspensión de la misma al haber colaborado de manera decisiva para el esclarecimiento de los delitos. Un procedimiento habitual y fundamentado por los jueces en la dificultad de perseguir estos delitos a falta de delatores cuando fallan todos los controles públicos, pero que fue utilizado por los portavoces de La Moncloa para criticar al Alto Tribunal y desviar el foco de la primera condena firme al entorno político de Sánchez, que atesora una decena de investigaciones judiciales en curso por corrupción.
La condena de Ábalos es la más severa recibida por un exministro en la historia democrática de nuestro país, lo que da la medida de la gravedad de los hechos juzgados. El auto del Supremo asume casi íntegros los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción, especialmente su denuncia sobre la quiebra de la confianza ciudadana que provocan estos comportamientos escandalosos, en un momento de máximo descrédito del Ministerio Público a raíz de la condena al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por haber puesto la institución al servicio de los intereses partidistas del Ejecutivo.
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