De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las mujeres mexicanas dedican en promedio hasta 50.4 horas semanales a labores domésticas y de cuidados no remunerados, frente a 16.4 horas de los hombres. A esto se suma el trabajo remunerado, lo que reduce todavía más el tiempo disponible para descanso o actividades personales.
“Las mujeres sufren una jornada laboral combinada que pulveriza por completo su disponibilidad de tiempo propio, colocándolas en una pobreza de tiempo crónica y estructural”, según el documento de propuesta.
La propuesta también considera los tiempos de traslado en las grandes urbes que, entre la casa y el lugar de trabajo, pueden superar las 2,128 horas al año por trabajador, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
De acuerdo con la propuesta, la falta de tiempo para el esparcimiento puede relacionarse con trastornos del sueño, ansiedad, fatiga crónica y problemas psicoemocionales que tendrían un impacto en términos laborales.
Datos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo precisan que los costos económicos relacionados con estas condiciones pueden representar entre 3 y 4% del PIB anual de las economías, debido a factores como ausentismo, bajas médicas, rotación laboral y pérdida de productividad.
El tiempo como derecho constitucional
Frente a este contexto, la propuesta legislativa plantea la creación de la LGPEPT y ciertas reformas a la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Desarrollo Social, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.
El proyecto legislativo, en términos generales, plantea crear un Índice Nacional de Pobreza de Tiempo (INPT). Este sería un indicador oficial elaborado y publicado por el Inegi cada dos años para identificar qué proporción de la población carece del tiempo necesario para cubrir necesidades como descanso, cuidado personal, recreación y convivencia.
Además, propone reconocer nuevos derechos relacionados con el bienestar cronobiológico, entendido como el equilibrio físico, mental y emocional que se obtiene cuando se respetan los ciclos biológicos y circadianos, incluyendo periodos suficientes de sueño, descanso y pausas.
En la misma línea, establece medidas para garantizar la desconexión digital. Las personas trabajadoras tendrían derecho a no responder llamadas, mensajes, correos electrónicos o instrucciones laborales fuera de su jornada, durante días de descanso o en vacaciones. Además, las empresas tendrían que establecer políticas internas de desconexión digital y bienestar cronobiológico, de acuerdo con sindicatos o representantes de los trabajadores. La invasión sistemática del tiempo de descanso podría generar inspecciones extraordinarias y sanciones administrativas.
Una carga desigual
Respecto a las tareas de cuidado no remunerado, la iniciativa propone crear una red nacional y universal de servicios públicos, que incluya centros de atención infantil, casas de día para adultos mayores y centros de apoyo para personas con discapacidad. Incorpora una perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres. Plantea el principio de corresponsabilidad en el tiempo de cuidados, con el propósito de distribuir de manera más equilibrada las labores domésticas y de cuidado entre mujeres, hombres, familias y Estado.
La iniciativa sostiene que esta redistribución es necesaria porque la carga desigual de estas actividades contribuye a que las mujeres tengan menos tiempo propio.