- CEOE exige a la Seguridad Social que la inspección controle las bajas antes del año
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El desembolso en prestaciones por incapacidad temporal se incrementar en casi 2.000 millones en un año. La factura final es un 56% a la partida inicialmente consignada en el presupuesto.
Existe "margen de mejora" en la gestión de las bajas laborales. Con esta afirmación realizada por el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, el Gobierno se hace cargo de la necesidad de tomar medidas para abordar el impacto global del incremento exponencial de las bajas laborales en los últimos años. Más allá de la presión sobre el sistema sanitario, las cuentas de la Seguridad Social arrojan un esfuerzo presupuestario creciente de las arcas públicas.
El pasado año se destinaron 18.413 millones de euros al pago de prestaciones por incapacidad temporal, lo que supone 1.950 millones más que en el ejercicio anterior y un incremento del 11,8%. Se trata de la segunda mayor partida de gasto para la Seguridad Social después de las pensiones contributivas. Además, para poder cubrir este desembolso, se necesitaron realizar modificaciones del presupuesto por valor de 6.741 millones, ya que el coste final rebasó en un 56% al de la partida inicialmente consignada.
Estos desembolsos se han incrementado de forma más notable tras la pandemia. Respecto a 2019, la factura se ha incrementado un 93%, es decir, casi el doble, desde los 9.527 millones de euros. En los diez años anteriores, entre 2009 y 2019, el coste de las prestaciones por incapacidad temporal creció en 2.351 millones, un 32%. Junto a los 16.000 millones de coste para las empresas que calculan desde AMAT, la factura total asciende a 34.000 millones.
Con todo, parece que el departamento de la portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, están dispuesto a tomar medidas para contener los efectos colaterales del incremento de los procesos de baja. Prueba de ello es la mesa de diálogo tripartita abierta con la patronal y los sindicatos donde una de las propuestas en las que insiste es la del alta progresiva. Esto es, una reincorporación paulatina para las bajas laborales de larga duración, a partir de 180 días, de modo que durante unas semanas se pueda compaginar la vuelta al trabajo -reduciendo la jornada- con el cobro de la prestación por incapacidad.
Según los datos de AMAT, los procesos de más de un año de duración se han incrementado de forma exponencial en los últimos años. Cabe señalar que en enero de 2019 se contabilizaban 34.288 procesos de más de un año, mientras que a cierre de 2025 se registraron 155.203, por lo que en el periodo el aumento de procesos ha sido de un 352%.
Con todo, desde Seguridad Social vinculan la saturación de los servicios de salud, en parte causantes de la mayor incidencia de las bajas en términos de duración -y, por lo tanto, con un mayor coste-, al "crecimiento de la población" y su "envejecimiento". En este sentido, Borja Suárez defiende que en las bajas por patologías traumatológicas las comunidades autónomas podrían "hacer un mejor aprovechamiento de los medios asistenciales de las mutuas".
Obstáculos a la productividad
Cabe recordar, más allá, que los empresarios vienen avisando de que el absentismo se ha convertido en uno de los problemas esenciales. Las tasas de ausencias de trabajadores a su puestos por diversas causas rondan el 7%, lo que supone un obstáculo para la productividad además de un contratiempo organizativo en ocasiones insalvable, sobre todo para los negocios más pequeños.
Recientemente, la Airef ha apuntado a las deficiencias en la gestión de las bajas y ha puesto de relieve que el 25% de las personas acumulan más de la mitad de los procesos (eran el 51 % en 2017 y ascienden al 55% en 2024). Mientras que el 50% de las personas concentran el 77% de los episodios en 2024, cuatro puntos más que en 2017. La evolución indica que "la distribución de los episodios se ha vuelto más desigual, con un núcleo de beneficiarios que concentra una proporción creciente del total de procesos", advierte la Autoridad Fiscal.
Es por ello que entre las demandas que ha trasladado la CEOE y Cepyme al Gobierno es que se active a la Inspección de Seguridad Social con el propósito de una mayor intensidad de los controles, más allá de los realizados por los servicios de salud y las mutuas, y antes de que se cumpla el plazo de un año cuando el INSS es ya la única instancia competente en la gestión de las bajas. Y piden que estos controles se realicen especialmente sobre los pacientes con mayor acumulación de procesos.
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