La burocracia y las cargas administrativas lideran la lista como la principal traba para el crecimiento y el desarrollo empresarial, seguida por la falta de mano de obra cualificada.
Son muchos los elementos que frenan el crecimiento de las empresas en España, pero el resultado de estos obstáculos es la persistencia de una menor productividad en comparación con los países competidores de la Unión Europea. Las exigencias en materia de regulación laboral al superar la cota de 50 empleados, las cargas burocráticas, los elevados costes -tanto laborales como de producción- son frenos en las ganancias de productividad que sitúan a España a la cola de los principales países del entorno comunitario.
Según un estudio elaborado por la patronal de las pymes catalanas, Pimec, las empresas españolas registran una productividad medida como valor añadido bruto (VAB) medio por ocupado de 52.908 euros. Una cifra que se sitúa por detrás de la media de la Unión Europea y de sus principales socios comunitarios. Aunque la productividad tiende a incrementarse a medida que aumenta el tamaño de las plantillas, la brecha estructural frente a los competidores europeos se mantiene en prácticamente todos los niveles indistintamente del tamaño de la compañía. Sin embargo, en los negocios más pequeños -las microempresas de 0 a 9 trabajadores-, esta desventaja competitiva se agrava con el consecuente perjuicio para la economía, ya que estas componen el 94% del tejido productivo.
En este segmento de microempresas, los trabajadores generan un valor añadido bruto de 34.781 euros, situándose un 17,4% por debajo del promedio comunitario (42.116 euros). La distancia es más significativa al contrastar estos datos con las dos mayores potencias de la eurozona: frente a Francia, donde el rendimiento por empleado en este tramo alcanza los 53.697 euros, la productividad española es un 35,2% inferior; y en comparación con Alemania, cuyos pequeños negocios generan 57.916 euros por ocupado, la desventaja roza el 40%. Incluso frente a un modelo más afín como el italiano, las microempresas de nuestro país producen un 10,4% menos que sus homólogas transalpinas (38.832 euros).
Esta acusada debilidad en el estrato de 0 a 9 empleados condiciona el rendimiento del resto de la escala productiva. Si bien la productividad española escala progresivamente hasta los 42.906 euros en las pequeñas empresas, los 62.741 euros en las medianas y los 69.266 euros en las corporaciones de más de 250 trabajadores, la brecha internacional persiste. España solo logra recortar distancias de manera notable en el tramo de las medianas empresas (donde se queda a un 7,3% de la media de la UE), pero vuelve a descolgarse en las grandes corporaciones, situándose más de un 20% por detrás de sus pares europeos, franceses y alemanes, y hasta un 27,5% por debajo de las grandes firmas italianas. Para la media de todas las empresas, las españolas se sitúan un 18% por detrás de la productividad media de la UE, un 27,6% menos que Francia y un 29% inferior a Alemania.
Obstáculos para la productividad
En este punto, son varios los elementos que determinan esta brecha de productividad empresarial especialmente acentuada entre las de menor tamaño. En una encuesta realizada por Pimec sobre las limitaciones al desarrollo empresarial, estas destacan en primer lugar, casi la mitad de las organizaciones consultadas (un 45,3%), el no haber percibido ningún tipo de subvención o programa público destinado al crecimiento o la innovación. En cuanto a los obstáculos directos para escalar su actividad, la burocracia y las cargas administrativas lideran la lista como la principal traba (19,2%), seguida muy de cerca por la escasez de mano de obra cualificada (18,8%) y la presión fiscal (14,4%). Factores financieros como la falta de márgenes para asumir inversiones (10,8%) o las dificultades de financiación (8,0%) también tienen un peso significativo, mientras que elementos estratégicos como el miedo a perder el control o la limitada escala del mercado interior se sitúan en un segundo plano.
Sobre la carga burocrática y administrativa, cabe destacar la denominada como maldición del empleado 50. Es a partir de este nivel de plantilla cuando se incrementan las cargas: el cambio más significativo es la obligación de constituir un comité de empresa de al menos cinco miembros y obliga a la compañía a asumir un mínimo de 75 horas mensuales retribuidas para labores sindicales. Paralelamente, en materia de prevención de riesgos, se vuelve obligatoria la constitución de un comité de seguridad y salud, y también se debe negociar y registrar obligatoriamente un plan de igualdad acompañado de una exhaustiva auditoría retributiva para controlar la brecha salarial, además de implementar protocolos y medidas específicas para la igualdad del colectivo LGTBI.
Entre las propuestas que hace Pimec para tratar de favorecer el tamaño empresarial destacan la simplificación administrativa y la digitalización de trámites mediante ventanillas únicas efectivas, plazos máximos de resolución y la reducción de aranceles notariales y registrales. Se plantea una reforma fiscal con incentivos específicos a la reinversión de beneficios en áreas clave como innovación, digitalización y formación, complementada con mejoras en el acceso al crédito mediante avales públicos y ayudas para mitigar los costes energéticos.
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