La principal asociación (IHE) denuncia la falta de deflactación del IRPF, la quiebra de la caja común con Cataluña y el intento de "politizar" las oposiciones para interferir en la lucha contra el fraude.
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) se posiciona abiertamente del lado de los ciudadanos afectados por las cargas impositivas. Los inspectores se declaran a sí mismos "víctimas" de un contexto marcado por el encarecimiento de la vida, la subida de impuestos indirecta y la preocupante presencia de la corrupción política en las instituciones.
En un duro comunicado publicado hoy, los inspectores salen al paso de lo que consideran "descalificaciones reiteradas" e injustas hacia su labor profesional. El colectivo que agrupa a los funcionarios encargados del control fiscal de España no solo defiende su rigor y su pleno sometimiento a la ley, sino que analiza la delicada coyuntura económica del país
El documento refleja un clima de malestar en el seno de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Los inspectores lamentan que se les intente presentar ante la opinión pública como los "adversarios" del contribuyente, un diagnóstico que tildan de injusto y falto de rigor. Para el colectivo, este relato daña de manera directa la relación entre el ciudadano y la Hacienda pública, favoreciendo únicamente a quienes eluden sus obligaciones fiscales y debilitando la confianza en el sistema tributario.
Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).Alberto OrtegaEuropa PressSin embargo, la crítica más incisiva de la IHE se dirige hacia el entorno macroeconómico que presiona a los hogares españoles y las políticas del Ejecutivo central. Los inspectores de Hacienda destacan la gravedad del momento que atraviesa el país, un escenario dominado por la incertidumbre y fuertemente condicionado por "los casos de presunta gravísima corrupción de quienes deberían ser un ejemplo de transparencia, austeridad y pulcritud en el uso de los recursos públicos". Desde su perspectiva, estos escándalos políticos merman de manera alarmante la confianza ciudadana en el funcionamiento de las instituciones democráticas.
A esta crisis ética y política se suma la vulnerabilidad de la economía familiar. Los inspectores enumeran dificultades que consideran apremiantes para la mayoría de la población: la falta de empleo estable y de calidad, el fuerte encarecimiento del acceso a la vivienda, la inflación en la cesta de la compra y la subida continuada de los suministros básicos. El texto de la asociación apunta directamente a la política fiscal del Gobierno al señalar la pérdida de poder adquisitivo de las familias derivada de la decisión de no deflactar la tarifa del IRPF, lo que genera un incremento automático y encubierto de la carga tributaria sobre los salarios. Para la IHE, el enorme peso de esta situación recae sobre la clase media trabajadora, que sostiene el grueso de la recaudación del Estado. "Y nosotros, que no vivimos aislados, también somos víctimas de ese contexto", apostilla el comunicado.
Cupo catalán
El colectivo manifiesta su alarma ante los acuerdos bilaterales de financiación autonómica alcanzados entre el Estado y el Gobierno de Cataluña. Se trata de una cuestión sobre la que la asociación asegura llevar tiempo advirtiendo, lamentando que su gravedad parezca pasar desapercibida para ciertos sectores políticos.
Los inspectores denuncian que estos acuerdos de financiación se han adoptado "sin debate democrático" previo y adolecen de un "evidente carácter inconstitucional". De no corregirse de forma inmediata, advierten de que la aplicación de estas medidas de cesión de tributos conducirá inevitablemente a la ruptura de la "caja común" de las finanzas estatales. Asimismo, se pondrá en riesgo la integridad de la base de datos tributaria unificada que actualmente custodia la AEAT, un pilar tecnológico y organizativo que resulta indispensable para la investigación, detección y persecución del fraude fiscal en todo el territorio nacional.
La tercera gran denuncia incide en los cambios proyectados para el acceso a la administración pública. La IHE alerta sobre un "riesgo cierto de desmantelar la función pública" a través de la modificación de los procesos selectivos tradicionales (las oposiciones de inspectores).
El colectivo critica las intenciones de sustituir las actuales pruebas de conocimientos técnicos por sistemas de menor rigor académico y basados en criterios subjetivos de evaluación. Según la asociación, este cambio de paradigma solo tiene un propósito político: debilitar la independencia de los funcionarios técnicos para poder "interferir en la toma de decisiones técnicas", reduciendo el control independiente sobre los contribuyentes y debilitando las herramientas estatales destinadas a combatir el fraude fiscal y las estructuras de evasión complejas.
La asociación pide poner fin a los ataques contra la honorabilidad del colectivo, cuya profesionalidad y sumisión a la legalidad constitucional consideran fuera de toda duda. Los inspectores recuerdan que la complejidad de las leyes tributarias no es responsabilidad de la Administración ni de los funcionarios que ejecutan la inspección, sino del propio poder legislativo.
La IHE insta a las fuerzas políticas, a los medios de comunicación y a la ciudadanía a propiciar un debate "serio, respetuoso y riguroso" sobre la fiscalidad en España. Defienden que, frente a los discursos interesados, la única crítica legítima debe sostenerse sobre datos objetivos y el reconocimiento al servicio esencial que prestan.
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