El Ministerio de Seguridad Social evita pronunciarse sobre una eventual consulta al TJUE a cerca de la compatibilidad del procedimiento con la legislación comunitaria.
A falta de los datos definitivos que el Gobierno comunicará en las próximas horas, más de un millón de inmigrantes se habrían acogido al proceso extraordinario, tal y como confirmó ayer la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Además, avanzó que en torno a un 50% de las solicitudes ya han sido admitidas a trámite.
Lo que por el momento evitan desde el Gobierno es valorar la posibilidad de que la ventana de regularización de inmigrantes, que se cerró el pasado 30 de junio pueda ser objeto de estudio por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a los efectos de dirimir una posible colisión con la legislación comunitaria. Por el momento, en una entrevista en RNE, la portavoz del Ejecutivo confirmó que su departamento presentará este viernes las alegaciones pertinentes tras las providencias emitida por el Tribunal Supremo a raíz de los recursos presentados por los gobiernos de Aragón y la Comunidad Valenciana. Posteriormente, los magistrados del Alto Tribunal deberán decidir si elevan una cuestión prejudicial al máximo organismo de Justicia europea.
El Ministerio ha confirmado que este jueves tendrá lugar un primer balance del proceso de regularización extraordinario, en un momento en el que la naturaleza del mismo ha sido cuestionada por el Supremo, que entiende que el real decreto abre la puerta a que las solicitudes no se atiendan bajo un prisma de análisis individual pormenorizado de cada caso, sino que atienden a un régimen general a nivel normativo para todos aquellos ciudadanos de terceros países que se encontrasen en España en situación irregular. En lo que, además, ve posibles conflictos con el Pacto de Migración y Asilo aprobado en la Unión Europea en 2024 -que establece que el derecho de permanencia en un territorio hasta que se resuelva la solicitud por parte de las autoridades no constituye un permiso de residencia- y con la Directiva de Retorno que debía haber aplicado España en 2011 y aún no ha sido incorporada.
En relación a la directiva, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se preguntan si es admisible que quienes estén en situación irregular no se sometan a una orden de retorno, con las excepciones particulares que la misma norma comunitaria autoriza, sino que se les reconozca un derecho de residencia temporal con carácter general y por el mero hecho de la estancia irregular en España .
Precisamente los gestores administrativos han puesto el acento sobre la fiabilidad de los análisis individualizados de las solicitudes. Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, advierte sobre estas solicitudes constituyen un "procedimiento jurídico complejo" ya que exige acreditar situaciones personales, laborales, familiares o de vulnerabilidad, manejar documentación diversa y cumplir requisitos estrictos para acceder a una autorización de residencia y trabajo. "No es un trámite automático, no es una solicitud estándar, es un proceso que exige conocimiento, experiencia y criterio técnico", explica el presidente de los Gestores.
En cualquier caso, Saiz volvió a lanzar ayer un "mensaje de tranquilidad" a los solicitantes recordando que el Supremo ya desestimó adoptar medidas cautelares hace "escasamente unas semanas", e insistió en que "es un texto con seguridad y rigor jurídicos que se refiere a la normativa de este país" reiterando que el procedimiento da exclusivamente "derecho a residir y trabajar" en España.
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