La agencia de rating advierte del impacto de transferir 21.000 millones a las regiones en pleno auge del gasto militar o de pensiones y ve riesgos para las CCAA en caso de crisis.
La reforma de la financiación autonómica propuesta por el Gobierno central conlleva riesgos para la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas. Así lo ha advertido este martes la agencia de calificación crediticia S&P en un informe que alerta del riesgo de transferir 21.000 millones a las regiones, sin garantías de que los destinen a reducir el déficit, en pleno auge de las tensiones del gasto público estatal en materias como Defensa o pensiones.
La propuesta de reforma de la financiación autonómica que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció el pasado viernes y planteará mañana a las autonomías en un Consejo de Política Fiscal y Financiera, conlleva el traspaso de 21.000 millones de euros adicionales a las regiones, a costa, fundamentalmente, de cederles una mayor cuantía de la recaudación del IRPF y el IVA.
"La propuesta implica una disminución de los recursos disponibles a nivel estatal y un mayor déficit del Gobierno central", advierte S&P en la nota enviada a sus clientes este miércoles. "En el escenario probable de que el aumento de las transferencias a las regiones se gaste al menos parcialmente, prevemos un impacto presupuestario negativo en el saldo del gobierno general si no existen medidas presupuestarias compensatorias", agrega la agencia de rating.
S&P, en todo caso, pone en tela de juicio que la debilidad parlamentaria del Ejecutivo y la oposición frontal de partidos y regiones permita aprobar el plan de Hacienda. "Dada la incertidumbre que rodea la aprobación de la reforma, hasta que se apruebe, no reflejaremos el impacto presupuestario de la propuesta en nuestros pronósticos, lo que significa que no tiene un impacto inmediato en las calificaciones", apuntan.
La agencia destaca que la medida es fundamentalmente positiva para las autonomías, pues "todas las regiones recibirían más fondos, excepto Extremadura y Cantabria, que ya se benefician de los niveles de financiación más altos bajo el sistema actual". El principal problema es que las regiones utilicen estos recursos adicionales para seguir elevando su gasto en lugar de destinarlo a reducir el déficit, dada la situación de desequilibrio presupuestario de un Estado que perderá potencia de fuego para reequilibrar sus cuentas en plena tensión por el aumento de las necesidades de gasto en Defensa o pensiones.
En paralelo, S&P avisa de que el hecho de que las regiones vayan a depender en mayor medida de los impuestos (pasan de recibir el 50% al 55% de IRPF y del 50% al 56,6% de IVA) las hará más vulnerables al ciclo económico, mientras que sustituir las entregas a cuenta por un sistema de ingresos instantáneo de la recaudación les deja sin el actual margen de dos años para planificar.
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