Arcadi España, ministro de Hacienda. J.J.Guillén EFE
Macroeconomía Sánchez arranca la campaña electoral con el mayor techo de gasto de la historia para unas cuentas que no podrá aprobarLa negociación de los Presupuestos se mezclará con la pelea con las CCAA por la nueva financiación.
Las prioridades presupuestarias serán el núcleo del programa electoral del PSOE.
Más información: El Gobierno sube un 6,6% el techo de gasto para los Presupuestos de 2027, hasta el máximo histórico de 226.032M
Fernando Pastor Publicada 7 julio 2026 14:48h Actualizada 7 julio 2026 15:06h Las clavesLas claves Generado con IA
El Gobierno ha propuesto un techo de gasto de 226.032 millones de euros para los Presupuestos Generales del Estado de 2027. El más alto de la historia.
Se da así el pistoletazo de salida para preparar unas cuentas públicas con las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abre de lleno la campaña electoral. Y lo hace a sabiendas de que no logrará aprobarlas en el Congreso.
Sin embargo, sí le servirán para plantear las líneas básicas del que será su programa de Gobierno en los próximos comicios.
El Gobierno sube un 6,6% el techo de gasto para los Presupuestos de 2027, hasta el máximo histórico de 226.032MAunque aún no hay partidas concretas, de las palabras del ministro de Hacienda, Arcadi España, ya se pueden extraer algunas ideas.
Cuando habla de "blindar el Estado de Bienestar" y de "cumplir con los compromisos fiscales", en realidad lo hace de la mayor partida de gasto anual de la historia para gasto social.
Pero también de un reparto generoso de cara al nuevo modelo de financiación autonómica. Es decir, para intentar regar a las regiones de dinero y poder echar en cara al Partido Popular y a otros partidos que van en contra de los ciudadanos si se oponen a los Presupuestos.
Cuando haya que aprobar ese proyecto, a finales de año, se pondrán sobre el tapete todos los postulados que el Gobierno de coalición sacará a relucir en las elecciones. Un proceso que se espera para el primer trimestre del año.
Evolución del techo de gasto entre 2018 y 2017 Moncloa
Los 226.032 millones de euros que se plantean como gasto público máximo para 2027 están muy por encima de los 198.000 millones que se plantearon en 2023, el último año en el que este Ejecutivo logró aprobar unos Presupuestos.
Por el momento el Gobierno de Pedro Sánchez está cumpliendo los plazos del proceso de elaboración de las cuentas públicas a rajatabla, a sabiendas de que las prioridades de gestión en cuestiones como vivienda, educación, sanidad, dependencia o inversión pública marcarán la precampaña electoral que se inicia ahora.
Sin votos
Ahora bien, plazos aparte, la aritmética parlamentaria y la debilidad del Ejecutivo de Sánchez, rodeado de casos de corrupción, hacen que parezca imposible sacar adelante estas cuentas públicas.
Junts, ERC y el PNV ya han advertido que parten de un 'NO' inicial, para mirar con lupa los compromisos que se hagan en el proyecto y ver qué "contenido" plantean.
De entrada, la senda de estabilidad marcada prevé un déficit del 0,1% a las comunidades autónomas (CCAA), similar al de años anteriores.
Sánchez usa el decreto anticrisis para modificar los Presupuestos prorrogados de 2023 y gastar sin el control del CongresoUna senda que lleva desde antes de la pandemia sin pasar el filtro de las Cortes.
Lo que el Gobierno se plantea en este año, bajo la batuta del nuevo vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, es poner en marcha toda una acción concertada en el área económica, donde cada logro o promesa tendrá un marcado tinte electoral.
¿Qué ha hecho Cuerpo?
El propio Cuerpo revisaba al alza el crecimiento del PIB para este año hasta el 2,6%, avalado por unos datos de empleo inflados por la regularización de inmigrantes. Y con la coletilla de un eslogan de campaña: la consecución del pleno empleo en España por primera vez en la historia. Ello con una tasa de paro por debajo del 8,5% al final de la década.
A esa promesa, que ya se sacó a la palestra cuando Sánchez llegó al poder y nunca se ha cumplido, se le añade ahora un supuesto nuevo plan de vivienda con medidas fiscales y ventajas generosas para quienes pongan sus casas en alquiler.
Confirmado por el Gobierno: los propietarios no podrán subir el alquiler a sus inquilinos en estas condiciones, según la leyEl intervencionismo en vivienda ya ha frenado la proliferación de pisos turísticos en campaña. Ahora se lanzan a por los alquileres de temporada y las habitaciones, con un coste fiscal asumible y para intentar dejar en evidencia tras el verano a las CCAA que no apliquen la política social del Gobierno.
De hecho, el Gobierno ha cambiado su discurso desde hace unos meses. Hasta hace poco todas las comparativas se hacían frente al Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, ahora todas las comparaciones se hacen respecto al inicio de la legislatura.
Todos esos avances, y el reparto del nuevo dinero es de lo que ahora tendrá que hablar el Gobierno con sus socios. Pero parece claro que cuando se celebre el primer debate en el Congreso de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, se puede cosechar un sonoro rechazo de las cuentas públicas.
Los tiempos los marcará el Gobierno y, podemos estar seguros, de que para entonces ya habrá puesto sobre la mesa sus prioridades electorales.
El reparto fiscal
Desde Junts y ERC ya han advertido que no están por la labor de apoyar un proyecto en el que no se contemplan de forma clara sus peticiones soberanistas.
Pero en ese proceso va a tener mucho impacto el reparto de millones que plantea para Cataluña la nueva financiación autonómica, que también se plantea llevar al Congreso a finales de año, de forma paralela a los Presupuestos.
El nuevo modelo se ha preparado a la medida de la Generalitat, que se llevará, de entrada, 4.700 millones adicionales para gestionar.
La guinda la pusieron esta misma semana el ministro de Hacienda, Arcadi España, y la consejera de Economía catalana, Soledad Fernández. Delante de todas las CCAA en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), sacaron la opción de hacer déficits a medida para cada comunidad.
Hacienda mantendrá su nueva financiación autonómica pese al rechazo de las CCAA y el caos en la Agencia TributariaEso abre un proceso de negociación adicional al reparto de millones y de gestión de impuestos que concede el nuevo sistema, que se pretende tener en el Congreso en octubre y aprobado (o no) a final de año.
Tanto el ministro como la consejera catalana saben que es prácticamente imposible poner en marcha ese déficit asimétrico. Pero es un cebo muy claro para regiones infrafinanciadas, como Valencia o Murcia, gobernadas por el PP.
Desde Génova no están dispuestos a admitir ese intento de ruptura de su discurso unánime contra una financiación hecha a medida de Cataluña.
Pero de nuevo se genera el debate en el que se pedirán explicaciones a las comunidades autónomas con superávit que perdonan impuestos y luego piden dinero al Estado o se lo niegan a otras regiones.
Hacienda da sólo un déficit del 0,1% del PIB a las CCAA en 2027, 2028 y 2029 y se reserva la mayor parte para el EstadoLos compromisos fiscales alcanzados por el Gobierno obligarán a las comunidades del PP a subir el salario a los funcionarios casi un 5%, pero tendrán limitado su aumento del gasto y deberán cumplir con el déficit, a no ser que se avengan a negociar de tú a tú con el Gobierno en busca de concesiones millonarias.
En ese escenario, tener el control del Presupuesto del Estado, con un límite de gasto amplio, para mejorar prestaciones en vivienda, inversión, cesión de impuestos, bonificaciones a la Seguridad Social o ayudas a la sanidad y la educación, dan una ventaja electoral muy clara.