Hay una china en el zapato del Gobierno de coalición que tanto con Podemos como con Sumar provoca incomodidad y daño a Pedro Sánchez: la vivienda. La imposibilidad de acceder a una casa digna obliga al presidente a impulsar medidas que no tienen reflejo en un alivio del mercado y que, además, cuentan con el rechazo de su socio en el Consejo de Ministros, Sumar. Ocurre con la última propuesta de desplegar a través del IRPF un sistema de incentivos fiscales dirigido a los propietarios con el objetivo de poner freno a la subida de los precios en las renovaciones del alquiler. «No nos planteamos retirarlo. Es una medida que ha anunciado el presidente del Gobierno», dicen los socialistas. El choque en la coalición es una muesca más en la desconfianza existente y un misil en el liderazgo y la figura de Yolanda Díaz.
«Sumar tiene derecho a tener una opinión, pero la competencia de Vivienda es del PSOE», lanzan fuentes socialistas en plena refriega. Los magenta defienden con ahínco la fórmula de forzar una prórroga automática de los contratos actuales para que los caseros no puedan subir los precios, con el argumento de que es una medida que se ha tomado en ocho ocasiones desde el año 2020. Son unos 630.000 los que tienen que renovarse a lo largo de 2026 y eso afecta a 1,6 millones de personas.
Sumar está sometido a fortísimas presiones internas para que el Gobierno tome medidas en vivienda. Y todos miran a Díaz. Los votantes, desesperados por la situación que viven en carne propia, y los partidos políticos que forman parte de la coalición, que cada día están más frustrados con el «agujero negro» que «se come» todas las mejoras salariales -sobre todo el SMI- y de ayudas sociales que aprueba este Gobierno. Se es consciente de que el electorado progresista puede castigarlos enormemente por no lograr avances sustanciales que alivien la situación y que en esa culpa, Díaz tiene las de perder por las expectativas que tienen sus votantes. Y por las continuas promesas lanzadas durante la campaña y desde los puestos dentro del Gobierno.
Hace más de un año que Sumar perdió la paciencia con el PSOE. Los Presupuestos eran el terreno donde el socio minoritario aspiraba a arrastrar a Sánchez hacia determinadas actuaciones, pero la falta de voluntad real de sacar adelante las cuentas para los años 2024 y 2025 han frustrado esos intentos y han enconado la situación a lo largo de los últimos meses. Fue cuando Sumar se cansó y decidió dar un puñetazo en la mesa, tomando la iniciativa con una propuesta, aunque fuera a costa de desafiar la línea oficial de Vivienda y enfrentarse, de facto, a Sánchez.
En este choque entre socios, el ala socialista del Gobierno argumenta que cuenta con un informe de la Abogacía del Estado que concluye que sería inconstitucional la prórroga de los alquileres que plantea Sumar, al ser la vivienda una competencia autonómica. «La fiscalidad es la forma de jugar en el mercado más segura que tenemos», exponen a este diario fuentes gubernamentales. Pero Sumar desbarata la excusa jurídica para no aplicar su fórmula de forzar una prórroga para impedir que se suban los precios. «La mejor demostración de que es una medida plenamente constitucional y eficaz es que el Gobierno de coalición la ha aplicado en ocho ocasiones desde el año 2020», destacó ayer el ministro Bustinduy. Recordó que fue en pandemia y, luego, con la crisis de la guerra en Ucrania. Así, Sumar sostiene que hay «todas las garantías legales».
Esta confrontación en vivienda desnuda una relación Sánchez-Díaz que ya presenta magulladuras y recelos. Un punto de inflexión para los socialistas fue la exigencia de Díaz a finales de año, en el momento más crítico para La Moncloa, cercada por los casos de corrupción y de acoso sexual, de un cambio de rumbo y una remodelación de Gobierno. Sánchez despreció el órdago. Ya en noviembre, en el Congreso, el jefe del Ejecutivo trasladó a la portavoz de Sumar, Verónica Barbero, de la máxima confianza de Díaz, su malestar por la estrategia de su socio. «Creo que este juego de parecer que no se está en el Gobierno, pero se está en el Gobierno, no funciona muy bien».
Desde que Díaz exigió una remodelación «radical» del Gobierno por los casos de corrupción y de acoso sexual, Sánchez ha apretado el botón de asuntos incómodos para la vicepresidenta, situando en una posición incómoda a ella y sus ministros, obligados siempre a responder a la pregunta: «¿Y si no, Sumar se irá del Gobierno?». El envío de tropas a Ucrania y Palestina -le genera un lío interno con IU y los demás socios-, la excepción decidida en el último Consejo de Ministros de 2025 al embargo de armas a Israel o el nuevo paquete sobre vivienda ponen entre la espada y la pared a Díaz y Sumar. Dicen en el sector socialista que la vicepresidenta está «débil» y que es una incógnita saber qué será de Sumar, en qué quedará.
Díaz sufre desde hace tiempo un desgaste evidente de su liderazgo. Ni ella ni nadie desvela si repetirá como candidata electoral de Sumar -o como se llame la próxima alianza- y esa indefinición, unido a que Podemos la veta explícitamente para pactar, propician todo tipo de comentarios sobre posibles alternativas. No obstante, los partidos de dentro de la alianza atisban signos de que quiere continuar y presentarse.
En este incierto futuro, el vuelo político que ha cogido el ministro Pablo Bustinduy le ha metido en las quinielas, aunque él se descarta como candidato. Dice estar centrado en los frentes abiertos y, precisamente, uno es la vivienda. Porque ha asumido de facto ser el portavoz de este tema y el encargado de fajarse en la negociación con el PSOE. Díaz le ha dejado coger ese protagonismo.
La vivienda, como la política internacional, permite a Sánchez, ahora que empiezan a ver en el horizonte elecciones, intentar mostrar un perfil de más centralidad, mientras, a la vez que trata de arrebatar banderas de las formaciones a su izquierda, consciente de que la división que se intuye en las próximas generales le obliga a aglutinar voto progresista. «Hay banderas compartidas que es verdad que a nuestros socios les incomoda que les hayamos quitado protagonismo», describen fuentes socialistas del Gobierno. «Nos comemos su espacio, pero es que ese ya era nuestro espacio. Lo que pasa es que nosotros tenemos el bazoca más grande».
Por ahora no habrá reunión Sánchez-Díaz. El presidente se verá con Feijóo y otros líderes en su ronda con los partidos del Congreso, pero la vicepresidenta no participará. En marzo fue la primera a la que citó.