- Irán golpea las instalaciones cataríes de gas, que ya duplica su precio en un mes
- Sanchez aparca los Presupuestos para centrarse en dar respuesta a los efectos de la guerra de Irán
El Consejo de Ministros aprobará medidas paliativas frente a la guerra de Irán constreñidas por las limitaciones presupuestarias que impone la UE y las líneas rojas de los grupos parlamentarios.
El Gobierno aprobará hoy un plan de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Irán, centrado en medidas fiscales para contener los precios de electricidad y carburantes, con el que busca hacer un triple ejercicio de equilibrios. De un lado, el paquete busca plantear medidas lo suficientemente ambiciosas como para ofrecer un cierto alivio monetario a familias y empresas, pero sin incurrir en un coste público excesivo para los estándares europeos, y, finalmente, evitando cruzar las múltiples y contradictorias líneas rojas establecidas por los grupos políticos para sortear un nuevo rechazo parlamentario.
El plan integral de respuesta a las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo, que el Ejecutivo lleva días negociando con agentes sociales, sectores empresariales y partidos políticos, será aprobado hoy en un Consejo de Ministros extraordinario y posteriormente presentado por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha hecho bandera de su oposición a la guerra y sus consecuencias económicas.
El paquete incluirá un primer lote de medidas estructurales, centrado en seguir reforzando la electrificación de la economía española y ampliando el parque de energías renovables. Una apuesta que el Gobierno reivindica que ha supuesto un "escudo" frente a las mayores tensiones energéticas que están sufriendo las economías vecinas ante la escalada del barril de Brent al entorno de los 110 dólares por barril como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz, por el que circula una quinta parte del crudo mundial.
El foco, sin embargo, estará puesto en el contenido del segundo grupo de iniciativas, las "medidas urgentes para aliviar la presión sobre la renta de las familias y el tejido productivo", en palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La iniciativa del Gobierno en este frente, que será eminentemente tributaria, se apoyará en la experiencia adquirida durante el plan de respuesta a la guerra en Ucrania. El Ejecutivo aprobó entonces rebajar el IVA de la luz del 21% al 5%, bajó del 5,11% al 0,5% el Impuesto Especial sobre la Electricidad; y suspendió el Impuesto a la Producción de Energía Eléctrica del 7%.
En el ámbito de los carburantes, sin embargo, el Gobierno descarta reeditar la bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina y gasoil, por lo que sus opciones se limitan a tocar el IVA o el Impuesto de Hidrocarburos, donde la Unión Europea establece umbrales mínimos. A partir de ahí, Economía vigilará junto con la CNMC la evolución de los precios en cada estación de servicio mediante el uso de Inteligencia Artificial.
En cualquier caso, el Gobierno ha anticipado que más allá de las medidas generales la atención se pondrá en atender a los sectores empresariales más afectados por el encarecimiento de los precios de carburantes y luz, como son el transporte, la logística, el campo, la pesca o la industria electrointensiva.
Hacienda, sin embargo, trabaja el diseño del paquete con la cortapisa de que Bruselas no está por la labor de permitir la activación de una cláusula de escape de las reglas fiscales, lo que limitará su capacidad de incrementar el gasto público. "La Comisión Europea ha trasladado que no va a haber ningún tipo de flexibilidad por ahora en las reglas fiscales", admitió ayer en TVE Montero.
El último reto del Ejecutivo será garantizar la convalidación del decreto pasado un mes, motivo por el cual evitará incluir la prohibición de los desahucios de familias vulnerables que el Parlamento le ha tumbado ya en dos ocasiones en lo que va de año. Mientras Sumar seguía abogando ayer por incluir al menos la limitación del 2% a la revalorización de los alquileres, el abogaba por limitar riesgos. "Al decreto de ley irá aquello que tenga consenso", zanjó Montero.
Presupuestos, pospuestos
España seguirá sin conocer el plan presupuestario del Gobierno. Tras tres años consecutivos incumpliendo su obligación constitucional de presentar Presupuestos, y pese a que el martes ratificó su compromiso de presentar nuevo proyecto antes del cierre del primer trimestre, el Ejecutivo ha terminado descartando esa posibilidad alegando que está centrado en responder a la guerra de Irán.
"Posteriormente podremos hablar de los Presupuestos, pero el Gobierno de España está en esto, en lo importante y en lo urgente, que es proteger a los ciudadanos" frente a las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo, aseveró ayer Pedro Sánchez, a su llegada a la cumbre europea de Bruselas. Sánchez instó a los ciudadanos a ser conscientes de la gravedad del momento, alegando que "no se trata de una crisis cualquiera, sino un sumatorio de guerras que cada vez va a más".
Sus palabras contrastan con el mensaje de tranquilidad que ha querido enviar el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que viene matizando que las medidas de respuesta serán acotadas a una crisis "dista de ser la que vivimos tras el inicio de la guerra de Ucrania".
El Presupuesto "se va a retrasar porque el decreto ley que estamos abordando en este momento ha sido prioritario sobre otras negociaciones", apuntó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en unas semanas dejará el cargo para se candidata a presidir Andalucía.
España cumplió el objetivo de déficit del 2,5% en 2025
"Puedo adelantarles que España volvió a cumplir el objetivo de estabilidad" presupuestaria marcado por Europa para el año pasado, cuando "el compromiso con la Comisión era cerrar 2025 en el 2,5%" del PIB, anticipó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en TVE. La número dos del Ejecutivo, sin embargo, evitó dar la cifra exacta de déficit con la que habría concluido el ejercicio, que se hará pública a finales de este mes.
"Pocos podían imaginar que era posible lograr este hito sin aplicar ningún recorte cuando el déficit alcanzó el 10% en plena pandemia", reivindicó Montero, sosteniendo que parte del éxito en el cumplimiento de las reglas fiscales del Ejecutivo tiene que ver con la política tributaria del Gobierno. En este sentido, la previsión es que hacienda haya culminado el ejercicio 2025 con un incremento de los ingresos públicos cercano al 10%, que situaría la recaudación de impuestos en un máximo histórico, superior a los 325.000 millones de euros.
"Hemos ensanchado las bases fiscales y recuperado progresividad. Y quiero dejar claro que el mantra del infierno fiscal que predica la ultraderecha sencillamente no se sostiene. Hemos bajado los impuestos a los que menos tienen, pero sí lo hemos subido a grandes empresas y patrimonio", sostuvo Montero, contraponiendo su gestión a la de los gobiernos de Mariano Rajoy, responsable de "la mayor subida del IVA y del IRPF, al mismo tiempo que aprobó una amnistía fiscal que acabó beneficiando precisamente a miembros de esta formación, a amigos o familiares".
A la espera de conocer la cifra definitiva de déficit con la que culminó el año, el anuncio de Montero implica una rebaja de al menos tres décimas respecto al agujero presupuestario de 2024, equivalente al 2,8% del PIB y a un total de 44.597 millones de euros. De esta forma, España vuelve a situarse por debajo del umbral de déficit excesivo fijado por la UE en el 3%, ganando un colchón fiscal que Montero considera clave para responder a la crisis de Irán.
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