Singularidad. Una de las palabras que sirve para describir el mandato de Pedro Sánchez. Hay muchas, pero esta tiene especial relevancia. Es el cobijo del Gobierno para desplegar su estrategia de descentralización y traspaso de competencias a las comunidades autónomas. Una hoja de ruta en la que se pone de manifiesto la influencia que tienen el País Vasco y Cataluña en la gobernabilidad de España desde que el líder del PSOE accedió a La Moncloa. Desde la segunda parte de 2018, y según los registros oficiales del Ministerio de Política Territorial en base a los textos íntegros aprobados por real decreto del Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha consumado 46 traspasos y funciones, de los que 30 han sido para estos dos territorios. Esto es, un 65% del total de la decisiones tomadas por La Moncloa.
«Los traspasos de competencias son un ejemplo más de los constantes acuerdos que alcanza el Gobierno de España con las comunidades autónomas y con ellos profundizamos en la descentralización y fortalecemos el Estado de las autonomías», es una de las ideas que repiten desde Política Territorial. «El respeto a la singularidad es una línea fundamental que ha marcado la acción de Gobierno», es la posición que defienden los socialistas. Pero esa descentralización y fortalecimiento no es asimétrico. Prácticamente lo monopolizan País Vasco, Cataluña y también Navarra. Entre las tres regiones firman el 76% de los reales decretos de traspasos validados por el Consejo de Ministros.
Y la cuenta va a seguir aumentando. El 27 de marzo el lehendakari Imanol Pradales se reunió en La Moncloa con Sánchez. Ambos cerraron una decena de acuerdos y avances en transferencias en materias como el refuerzo de la financiación y el apoyo a la pequeña y mediana empresa industrial vasca; un nuevo marco más eficaz para la colaboración financiera, en pesca recreativa; el refuerzo de la seguridad privada y pública; o en el ámbito de las infraestructuras, cooperación estratégica con un órgano bilateral aeroportuario. Aún no están materializadas y, por tanto, no entran en el cómputo oficial. «Se está construyendo un modelo basado en el acuerdo, la lealtad institucional y la eficacia en la gestión pública con todas las comunidades autónomas», se felicitó Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial.
En el Gobierno defienden estas transferencias como un aterrizaje de la cogobernanza y la expansión de los autogobiernos en base a los estatutos de autonomía. «Seguir avanzando en el fortalecimiento del autogobierno autonómico, como garantía de mejora de los servicios públicos que reciben las y los ciudadanos», ratificó el PSOE en una iniciativa aprobada en el Congreso hace unas semanas. Los socialistas lanzan el mensaje de que ellos tienen que «avanzar en el traspaso a las comunidades» porque, «en muchos casos, quedaron paralizados durante el periodo entre 2011-2018». Efectivamente, durante los mandatos de Mariano Rajoy esta práctica, en comparación con el resto de ministros fue prácticamente inexistente.
Los gabinetes de Rajoy tan sólo dieron luz verde a 16 reales decretos de traspasos. Pero también lo es que los de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero se contabilizan por centenares, alcanzando y superando en un solo año las que lleva Sánchez en ocho cursos. Por ejemplo, Aznar selló 79 en 1999 y Zapatero 41 en 2006.
La connotación es que el foco durante el mandato de Sánchez se centra con mucha más determinación en País Vasco y Cataluña, que junto a Navarra copan el 76% de los reales decretos de traspasos. Menos traspasos, pero mucho más concentrados. La asimetría de Sánchez con el País Vasco -22 traspasos- sólo es comparable al énfasis que pusieron Aznar y Zapatero con Cataluña (35 traspasos cada uno). Al País Vasco firmaron 9 y 16 traspasos, respectivamente. Pero el peso de estas dos comunidades no es tan grande en sus presidencias. De los 398 reales decretos de Aznar, el 11% fueron para País Vasco y Cataluña. En el caso de Zapatero, el peso de estas comunidades fue del 26% en los 196 traspasos que decretó. Como ha quedado dicho, catalanes y vascos protagonizan en 65% de las transferencias.
El Gobierno defiende que su apuesta persigue «consolidar un modelo territorial basado en el diálogo, la cooperación y el respeto a un modelo descentralizado y competencial que caracteriza a España» y que desde la llegada de Sánchez al Gobierno en 2018, se han realizado traspasos a 11 comunidades autónomas (País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid y Castilla y León).
«Siento comunicarles que se equivoca aquel que lanza proclamas y soflamas diciendo que se movilice toda España en contra de este malvado Sánchez, pues entregaron numerosas competencias a gobiernos autonómicos del País Vasco y de Cataluña cuando necesitaron los votos del nacionalismo catalán y vasco para evitar el bloqueo y asegurar la gobernabilidad de España», señaló Sánchez ya en su investidura. «Ninguna de esas concesiones debilitó a España ni corrompió tampoco nuestra democracia, ni caminamos hacia una dictadura. En fin, nos convirtieron en lo que realmente es nuestro país un Estado compuesto, un Estado descentralizado».