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Sus aliados marcan distancias ante los gravísimos delitos que se le imputan al expresidente del Gobierno.
Los aliados del Gobierno comenzaron ayer a marcar distancias con Pedro Sánchez y su cerrada defensa de la inocencia del expresidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar de los gravísimos delitos que le imputa el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. Al cierre de filas inicial con la Moncloa antes de conocer el detallado auto le siguió una exigencia coral de explicaciones, más orientada a eludir su responsabilidad por haber obviado durante meses la batería de indicios investigados por la Policía sobre los negocios privados del exlíder socialista y asesor personal de Sánchez que a poner fin a su alineamiento con el Ejecutivo de PSOE y Sumar.
La sesión de control en el Congreso de los Diputados dejó patente el malestar de los grupos que forman la mayoría "progresista" con la imputación penal de Zapatero, la primera en democracia que afecta a un expresidente del Gobierno, como ya hicieron hace unos meses tras el procesamiento y posterior encarcelamiento de José Luis Ábalos, y también de su sucesor como secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Pero de nuevo sin llegar al punto de retirar su apoyo a Sánchez pese a la indignación que dicen sentir en público.
Lo cierto es que, como apuntó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no podría Zapatero haber cometido los ilícitos que se le atribuyen en el auto judicial "sin la complicidad del Consejo de Ministros". Y por eso la reacción del jefe del Ejecutivo no puede limitarse a elogiar la trayectoria política del expresidente, como hizo Sánchez en sede parlamentaria, como si eso fuese algún tipo de eximente para su comportamiento posterior bajo escrutinio judicial.
Zapatero deberá responder el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional por los indicios de presunto blanqueo de capitales, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y falsedad documental en torno al rescate público de la aerolínea Plus Ultra, aunque también se investigan otras operaciones vinculadas a Venezuela.
Pero, en paralelo, son exigibles explicaciones políticas respecto a su papel como asesor personal de Sánchez durante los últimos años y la influencia que haya podido tener en las decisiones del Consejo de Ministros, especialmente las que se adoptaron en una coyuntura crítica como fue la pandemia del Covid-19, en la que se relajaron los controles para autorizar determinadas operaciones y programas de ayudas estatales debido a las urgencias que imponía la crisis sanitaria.
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