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La decisión de Adif y las operadoras ferroviarias de incrementar en 25 minutos hasta diciembre la duración del trayecto entre Madrid y Barcelona significa que la alta velocidad ha entrado en cuarentena en España. Los usuarios tienen derecho a ser compensados por un producto que difícilmente se puede catalogar en estos momentos como alta velocidad.
Las limitaciones de velocidad y las nuevas condiciones que reducen de manera general la calidad del servicio debieran venir acompañadas de una rebaja en los billetes, acorde con las nuevas características de la prestación. La realidad es que, durante estas últimas semanas, muchos de los viajeros de esa línea han tenido que soportar casi cinco horas de viaje para un recorrido que en condiciones normales se realiza en dos horas y media.
La caótica gestión de las nuevas condiciones de operación, con supresiones de trenes y acumulación de pasajeros, unido al primer accidente con víctimas de la alta velocidad ocurrido en Adamuz, ha sumido a un producto que formaba parte de lo mejor de la marca España en una crisis de reputación sin precedentes. Toda la actuación que está efectuando Adif denota que algo se estaba haciendo mal (como constata también la huelga de tres días de los maquinistas) y traslada a los usuarios de la alta velocidad una incertidumbre que no ha existido en ningún momento desde que se puso en marcha la primera línea hace más de 33 años.
Esta crisis obliga a los poderes públicos a abrir una reflexión sobre el estado de las infraestructuras y las necesidades de cara al futuro, que debería venir acompañada de responsabilidades políticas.
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