“El PP cree que la financiación autonómica provocará un retroceso del Estado del Bienestar”. El líder de la oposición critica que “el modelo se haya pactado con un partido político, Esquerra, en vez de con las comunidades autónomas”. Por su lado, el responsable de Economía del PP afirma que “el modelo pone en riesgo la igualdad de los españoles”. Y ha añadido que “no estamos ante la reforma del Estado de las Autonomías que necesita este país, sino ante el equilibrio político del presidente del Gobierno”.
El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid afirma que “es incomprensible que, en el reparto de fondos que pone el Gobierno sobre la mesa, un catalán valga dos madrileños”. Hasta aquí, el lector puede pensar que he empezado este articulo con ejemplos de reacciones del Partido Popular a la reciente propuesta de revisión del modelo de financiación autonómica presentada por el Gobierno el 9 de enero de 2026.
Pero no es así, se trata de las reacciones del mismo partido (los nombres de las personas son distintos) al proyecto de nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno de Zapatero en 2009. Basta con cambiar Zapatero por Sánchez, Rajoy por Feijóo y Montoro por Bravo.
Resulta llamativo que, casi 17 años después, la reacción haya sido tan parecida, al menos en sus argumentos de fondo, pese a las profundas diferencias en el escenario político español (y no hablemos del internacional). En 2009 no había Podemos, ni Vox, ni Sumar. Imperaba el bipartidismo que tantas añoranzas levanta en la actualidad. Tampoco había independentistas, al menos en Cataluña, porque el procés comenzó muchos años después. Pero el discurso del PP apenas ha cambiado desde entonces.
Es verdad que el lenguaje de ahora es mucho más radical, mucho más duro, rozando el insulto. Pero se sigue argumentando que es un modelo pactado con los catalanes para que el presidente, entonces Zapatero, ahora Sánchez, se mantenga en el poder, aunque Junts haya manifestado su rechazo al proyecto. Es verdad que hemos ido a peor, porque en 2009 al menos había algún argumento económico de peso, como la preocupación por el déficit del Estado, que en ese año se había disparado como consecuencia de la crisis financiera.
En la reforma de 2009, el Gobierno elevaba los porcentajes de IVA e IRPF que recibirían las CCAA desde el 35% y el 33%, respectivamente, al 50% y, además, se creaba un fondo de 11.000 millones de euros para complementar y eliminar desigualdades entre regiones. Una cuantía bastante elevada para la época (un 1% del PIB de entonces) sobre todo en el momento de crisis financiera que se estaba viviendo. IU, entonces en la oposición, decía que su cuantía era “insuficiente”. Nada nuevo bajo el sol. Y el Gobierno de entonces defendía que con la propuesta “mejoraban todas las CCAA”, un argumento que, lógicamente, también se utiliza ahora.
Lo cierto es que, pese a la reacción verbal de la calle Génova, las CCAA gobernadas por el PP criticaron el modelo con la boca pequeña (la reacción más virulenta, además de Madrid, fue la de la Región de Murcia, una de las más favorecidas, nada nuevo bajo el sol. Pero, llegado el momento, se abstuvieron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es decir, no votaron en contra, porque muchas de ellas estaban encantadas con el modelo. Mientras, todas las CCAA gobernadas por el PSOE votaron a favor, incluida Castilla-La Mancha, gobernada entonces por José María Barreda. Esa sí que es una de las diferencias sustanciales con respecto a la situación actual. Al final, la correspondiente ley, conocida como la LOFCA, fue aprobada en el Congreso con el voto en contra del PP, del BNG, CiU y UPD, la abstención de PNV e IU y el voto favorable de todos los demás partidos.
El modelo aprobado en 2009 tendría una vigencia de cinco años, pues había quedado demostrado que ocho años (el anterior modelo era de 2001) era un plazo demasiado largo para su revisión, pues siempre se producen cambios estructurales con diferencias entre las regiones (estructura económica, despoblación, inmigración, envejecimiento…) que hacen que cualquier modelo se quede obsoleto. Por tanto, el modelo vencía en 2014 y el PP, que además tenía mayoría absoluta y gobernaba en casi todas las CCAA, tuvo la gran oportunidad de aprobar ese año su propio modelo, que mejorara el vigente y recogiera sus críticas hechas en 2009. Pero no parecía importarle mucho esta necesidad de actualización, lo que indica que la reacción negativa de 2009 fue más bien un postureo político.
Para salvar el expediente, encargó en 2017 un proyecto de reforma a un grupo de expertos (la forma típica de ganar tiempo) que elaboraron un informe que nunca se llevó a la práctica, pues, esta vez sí, estalló la crisis independentista de 2017, en parte alimentada por un modelo de financiación que era injusto con Cataluña (aunque no tanto como los catalanes decían) y que el gobierno de Rajoy se había negado a abordar durante sus mandatos.
La propuesta de 2026
Es verdad que el nuevo Gobierno tampoco afrontó de entrada la reforma del modelo, que ya llevaba cinco años de retraso cuando ganó las elecciones de 2019 tras la moción de censura. En su descargo, la pandemia y la guerra de Ucrania, además de la necesaria “pacificación” de la relación con Cataluña, pudieron justificar ese retraso. Pero lo importante es que lo ha hecho finalmente y, además, con una cierta dosis de valentía, como veremos más adelante.
Los elementos más llamativos de la propuesta del Gobierno de Sánchez son dos:
- Se elevan los porcentajes de cesión del IRPF desde el 50 al 55%, y del IVA desde el 50 al 56,5%, mientras que se mantiene el 58% de los impuestos especiales (alcohol, tabaco y gasolinas) y el 100% de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales, Electricidad y Actos Jurídicos Documentados, así como el de Patrimonio, que se incorpora a la cesta (aunque ya estaba cedido en la práctica), así como el de Depósitos Bancarios, Actividades del Juego y Depósitos de Residuos en vertederos e incineración. Toda esta cesión de impuestos equivale a unos 16.000 millones de euros al año, según los cálculos de Hacienda,
- Se establecen unos ingresos adicionales que funcionan como mecanismo de “nivelación” para reducir las diferencias actuales en la financiación per cápita, que ascenderá a unos 19.000 millones. Todo sin contar con el Fondo de Compensación Territorial, que no está incluido en el sistema de financiación autonómica, y que tendrá que ser revisado en un futuro, aunque el Gobierno ha anunciado que tendrá una aportación adicional de 3.300 millones de euros. Finalmente, en la propuesta 2026 se incluyen otras partidas adicionales, como un fondo climático de 1.000 millones, o el acceso voluntario al IVA de las Pymes (unos 2.000) y una cuantía de cierre para cuadrar el modelo de 400 millones. En total más de 22.000 millones.
Descontando de estos 38.000 millones de nuevo gasto, el ahorro de parte de las transferencias que se hacían en el viejo modelo (por cuantía de 17.300 millones), el resultado neto final es de casi 21.000 millones adicionales para las CCAA. En la tabla 1 se presenta el detalle de todas estas partidas.
Tabla 1
Es importante señalar que todas estas partidas aumentan el déficit del Estado (bien porque pierde ingresos, bien porque aumenta su gasto en transferencias a las CCAA). Pero no cambian el déficit de las Administraciones Públicas (AAPP). en su conjunto, pues son transferencias entre los diferentes subsectores que consolidan en el agregado de las administraciones públicas. Un déficit que, tal y como señala la tabla 2 afecta fundamentalmente a la Administración Central, ente sobre el cual, además, recae buena parte del ajuste.
Tabla 2
La nueva reforma del sistema de financiación autonómica, que entraría en vigor en 2027, sería otra vuelta de tuerca en esta misma dirección, a no ser que se impusieran restricciones de gasto recurrente o de recortes permanentes de impuestos a las CCAA. Es decir, unos objetivos regionales de déficit estructural.
En cualquier caso, el nuevo modelo no constituiría un panorama distinto al que ha existido hasta ahora. De hecho, hay que destacar la similitud de esta propuesta de reforma con la del modelo de 2009: mayor cesión de impuestos, aunque en esta ocasión ha sido menos radical que entonces (la tercera parte) y unos ingresos adicionales, ahora llamados fondo de nivelación, más generoso hoy que el de entonces (un 1% del PIB entonces, un 1,2% del PIB ahora).
Por tanto, no ha habido nada “rupturista” que justifique una oposición tan frontal como la que ha planteado el PP y el líder socialista de Castilla-La Mancha. ¿Por qué lo aprobó Barreda y se opone tajantemente García-Page? No es fácil de entender, dadas las similitudes entre una y otra reforma. Es más comprensible, en cambio, el rechazo de Junts per Catalunya, pese a que el PP acusa al Gobierno de haberse entregado a las pretensiones de los independentistas. Frente a todos los rumores y temores, al final no hay “concierto económico”, ni cupo, ni ruptura de la unidad de España. Y es aquí donde radica la valentía de la propuesta. De ser aprobada, supondría cerrar la parte económica del procés que quedaba abierta y retomar el camino hacia un modelo fiscal federal con algunas asimetrías, pero donde prevalece el principio de igualdad entre los españoles, la corresponsabilidad fiscal y la solidaridad entre los territorios.
Hay también algunas mejoras técnicas relevantes con respecto a la última reforma de 2009. Una es la transparencia. Más de allá de las cesiones de impuestos, el reparto de los fondos de nivelación se realiza en base a un concepto de “población ajustada” que se define de forma precisa y pública. No basta sólo con el criterio “per cápita”, que sería resultado de dividir por la población pura y simple, sino que se tienen en cuenta otras variables relevantes, que se recogen en la tabla 3.
De hecho, la población sólo representa el 30% de la población ajustada. Posteriormente se corrige por condiciones sociales, por edades, porcentaje de niños en edad escolar, atención a los mayores, superficie de la región, dispersión de la población, insularidad y unos costes fijos asociados a la despoblación en la llamada España vaciada.
Tabla 3
Te podrán gustar más o menos estas ponderaciones, pero lo cierto es que son públicas para cualquier ciudadano y, en particular, para los estudiosos que busquen profundizar en las implicaciones microeconómicas del nuevo sistema. Es la primera vez que se publica la metodología, lo cual es algo de agradecer, no sólo por los economistas, sino por todos los investigadores de Ciencias Sociales.
Coherentemente con este ejercicio de transparencia, también se ha hecho público el reparto de los fondos por las comunidades autónomas de régimen común (es decir, se excluyen los territorios forales, País Vasco y Navarra y tampoco se incluyen las ciudades autónomas, Ceuta y Melilla). El resultado se presenta en la tabla 4.
Todas las CCAA aumentan sus recursos, salvo Cantabria y Extremadura que, presuntamente, ya se encontraban bien financiadas de acuerdo con el criterio de “población ajustada”. Para evitar esta excepcionalidad, el Gobierno ha anunciado que, en la reforma del Fondo de Compensación Territorial, que se hará en un futuro, recibirán 46 y 126 millones, respectivamente.
Pero, en esa futura reforma, también se verán beneficiadas otras comunidades. Por eso, desde un punto de vista de economía política, quizás hubiera sido razonable incluir a estas dos comunidades autónomas en el fondo de cierre de 400 millones de euros, que se ha hecho para garantizar que ninguna comunidad reciba menos recursos de los que habría obtenido en el modelo anterior.
En el ranking presentado se detecta que se mantiene una cierta “ordinalidad”. Según este principio, que me parece razonable, el orden de las CCAA en términos per cápita antes de la eventual nivelación, debe mantenerse después de aplicar los mecanismos de solidaridad interterritorial.
Tabla 4
Para facilitar la comparación entre comunidades autónomas y ver cuáles salen más o menos favorecidas, en la tabla 5 presento los datos de la tabla 4 en términos per cápita, es decir, dividiendo por la población de cada región (aunque sabemos que es un criterio imperfecto).
Tabla 5
En promedio nacional, la reforma del sistema propone un aumento de 365 euros per cápita. Las regiones más favorecidas serían la Región de Murcia (cuyo presidente es el que más ha protestado), la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha (el otro). Por encima de la media también están Andalucía, Cataluña, Aragón y Cataluña. En torno a la media, Madrid e Islas Baleares. Y, por debajo, el resto de las CCAA. Nótese que, en general, las regiones más favorecidas están gobernadas por el Partido Popular, pese a su reacción contraria.
Para concluir, desde un punto de vista económico, se trata de una reforma razonable, aunque no impone requisitos para que las CCAA reduzcan su déficit estructural, que se sitúa en el 1% del PIB. Será difícil encontrar economistas que se opongan, en general, a esta propuesta. El riesgo económico es que los gobiernos regionales se gasten este dinero extraordinario, en vez de reducir su endeudamiento. No olvidemos que estamos en una fase expansiva del ciclo y que llegarán momentos difíciles en los que las CCAA deberían contar con un margen de maniobra para políticas anticíclicas.
El mayor riesgo político es que no se apruebe. Sería un grave error del PP, del que se arrepentirá cuando tenga que gobernar. No sólo porque se trata de un modelo muy parecido al que presentaron sus expertos de la comisión creada en 2017. Y tampoco porque sus comunidades autónomas se ven especialmente beneficiadas.
El principal argumento es que el modelo supone cerrar las pretensiones independentistas sobre el modelo fiscal español. Con el voto contrario anunciado por Junts per Catalunya y la probable abstención del PNV, que ni le va ni le viene el modelo, por tener Euskadi y Navarra y régimen financiero propio, este proyecto de Ley no saldrá adelante si el PP vota en contra. Pero ello supondrá que, cuando llegue al gobierno, tenga que presentar una propuesta que sea aceptable, al menos para una parte de Catalunya o desatará un nuevo conflicto territorial. El PP tiene la oportunidad ahora, con su abstención, de que esta propuesta salga adelante y pueda disfrutar de ella cuando le toque gobernar. Veremos si aprovecha la oportunidad.