- Los combustibles, en máximos anuales, redoblan la presión al Gobierno por las ayudas
- El campo advierte al Gobierno: prorrogar las ayudas al carburante no contendrá los precios
El Gobierno lanza hoy un nuevo decreto para amortiguar el impacto de la crisis energética, en el que se da por segura la prórroga de ayudas al sector agroalimentario hasta final de año.
Patronales y sindicatos, así como representantes de diversos sectores, como la industria, los transportes y la logística, la distribución o la agroalimentación han mantenido reuniones en los últimos días con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, junto a los titulares de los ministerios competentes en cada ramo, para abordar las medidas del nuevo decreto anticrisis que previsiblemente aprobará hoy el Consejo de Ministros.
Son muchos los intereses golpeados por la escalada de los precios energéticos derivada del conflicto en Oriente Próximo, que también castiga ya con fuerza el poder adquisitivo de los trabajadores y sus familias, pero escaso el margen de maniobra fiscal del Ejecutivo para desplegar un paraguas protector de la magnitud que demandan empresas y ciudadanos.
El paquete anticrisis aprobado en marzo y su prórroga de junio, mucho más acotada, ya han drenado 10.000 millones a las arcas del Estado, prácticamente toda la desviación fiscal pactada con Bruselas para el periodo 2024-2029, por lo que todo apunta a que este tercer decreto será selectivo. De momento, el Gobierno ya ha deslizado que prorrogará las ayudas al sector agroalimentario, incluidas las compensaciones fiscales por los sobrecostes del gasóleo agrícola, presumiblemente hasta el 31 de diciembre.
Lo ha hecho después de que las organizaciones agrarias amenazaran con movilizaciones en toda España ante la falta de respuesta del Ejecutivo hasta hace unos días. El campo espera expectante el contenido del nuevo paquete anticrisis, aunque días atrás ya advirtió de que limitarse a prorrogar la actual ayuda de 20 céntimos al gasóleo agrícola, que expira el miércoles, será insuficiente. La bonificación al gasóleo fue de 10 céntimos en agosto y se elevó a 20 céntimos en septiembre tras dispararse casi un 16% en julio, mientras que en el caso de la gasolina el descuento pasó de 10 céntimos en agosto a cinco en septiembre y también caduca el próximo día 30.
Vigilancia del precio de los alimentos
Aunque el precio de los alimentos muestra hasta la fecha una evolución contenida (subió un 2,5% en agosto, muy por debajo del 4,3% de la inflación general, que según los expertos puede auparse al 5% en septiembre), Carlos Cuerpo ha asegurado que vigilará la trayectoria del IPC y, especialmente, el posible "impacto de segunda ronda en la cesta de los alimentos". Para evitar estos efectos de segunda vuelta, el Gobierno se apoyará sobre todo en dos sectores: la agroalimentación y el transporte, que figuran entre los más afectados por el alza de los carburantes, con el fin de frenar el "efecto que produce en el resto de la cadena", según ha reiterado Cuerpo en las últimas fechas. De hecho, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha abierto la puerta a posibles compensaciones fiscales al sector agroganadero.
Es poco probable que el Gobierno rescate la llamada excepción ibérica (esto es, establecer un tope al precio del gas), como le reclaman Sumar y los sindicatos pero que Bruselas no vería con buenos ojos por sus posibles efectos distorsionadores sobre el conjunto del mercado eléctrico. En cualquier caso, la presión es máxima, porque, según la OCU, la factura regulada del gas se encarecerá más de un 50% a partir del jueves, 1 de octubre, si no se adoptan medidas.
Junto a las medidas concretas que se adopten hoy, en el segundo decreto anticrisis ya se contemplaba la eliminación progresiva del impuesto de producción eléctrica, al tiempo que se ampliaron a todo 2026 los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico y la prohibición de corte de suministros básicos a hogares vulnerables.
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