- Airef detecta una "deficiencia estructural" en el control de las bajas laborales
- Opinión. Estrategias frente al absentismo
- El absentismo crece un 53% en seis años y su coste roza 129.000 millones de euros
- Editorial. La prioridad de frenar el absentismo laboral
Airef urge a la Seguridad Social una vigilancia temprana de las bajas para frenar los abusos.
La inacción del Gobierno de PSOE y Sumar con el creciente fenómeno del absentismo se demuestra no sólo por la clamorosa falta de medidas para encarar las implicaciones de que cada día 1,2 millones de asalariados falten a su puesto de trabajo, sino también el deficiente control de las bajas laborales denunciado por la Airef. El organismo fiscalizador de las cuentas públicas, dentro de su revisión de los grandes programas de gasto público, ha detectado una alarmante falta de supervisión estatal de los procesos de incapacidad temporal pese a que su coste para las arcas públicas se ha disparado un 200% en la última década, hasta los 16.500 millones de euros.
Las patronales y las empresas llevan meses reclamando infructuosamente a los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social que tomen cartas en esta problemática de dimensiones mayúsculas, pero hasta ahora sólo han obtenido el silencio administrativo como respuesta. Pues bien, la institución que preside Cristina Herrero urge al Ejecutivo a que ponga en marcha un plan para atajar cuanto antes la recurrencia de las incapacidades temporales, sobre todo los casos más reiterados, así como la factura que están teniendo que asumir sin remedio los empleadores de trabajadores en situación de baja. A lo cual se suman los problemas organizativos que conlleva el hecho de que, de media, sus empleados hayan pasado de ausentarse de su puesto de trabajo 80 horas al año en 2019 hasta 114,6 horas en la actualidad.
El supervisor de las cuentas públicas pone el foco en el crecimiento desproporcionado del 58,4% en las incidencias por contingencias comunes, que se prolongan cada vez más en el tiempo. Por ello, reclama a la Seguridad Social que realice una vigilancia temprana de los procesos, sin esperar a se dilaten sin remedio. Más aún teniendo en cuenta que un 55% de las bajas laborales al año están copadas por un grupo que supone sólo el 25% de los afectados.
Esta disparidad alimenta las sospechas de fraude y explica el tirón de orejas de la Airef al Ejecutivo por haber desatendido desde hace demasiado tiempo las señales evidentes de que se están produciendo abusos en los procesos de baja. La visión paternalista de la política laboral que practica la izquierda no puede ser sinónimo de tolerancia con quienes tratan de aprovecharse de los mecanismos de protección pública de los trabajadores, especialmente si, como en este caso, pueden comprometer la sostenibilidad del Estado de Bienestar.
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