La Presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, vacante por la jubilación del catedrático de Derecho Constitucional Pablo Lucas, ha sido solicitada por tres magistrados que forman parte de este órgano.
Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, aspiran a presidir la Sala que revisa las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros los magistrados Eduardo Calvo, Ángeles Huet y Esperanza Córdoba.
En el caso de Calvo es magistrado de la Sala Tercera desde el año 2005. Previamente, este juez de perfil progresista fue presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, cargo que ocupaba cuando fue nombrado para el Alto Tribunal. Es el más antiguo de los candidatos y, además, goza de experiencia gubernativa.
Por su parte, la progresista Ángeles Huet y la conservadora Esperanza Córdoba son magistradas del Tribunal Supremo desde febrero de 2020. Mientras Huet ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial, Córdoba fue jefa del Servicio de Inspección del órgano de gobierno de los jueces hasta su nombramiento como magistrada del Supremo.
La Sala Tercera es una órgano dentro de la cúpula judicial de especial trascendencia debido a que es el encargado de revisar los actos y disposiciones del Consejo de Ministros como, por ejemplo, son los nombramientos discrecionales llevados a cabo por Ejecutivo o la concesión de los indultos.
Por otro lado, el CGPJ ha recibido un total de 27 solicitudes para cubrir las plazas que han quedado vacantes en la Sala de lo Penal tras las jubilaciones de los magistrados Ángel Hurtado, instructor de la causa del fiscal general, y el progresista Andrés Palomo el pasado mes de junio.
En estos momentos, la Sala de lo Penal cuenta con tres vacantes por jubilaciones: la plaza del magistrado Miguel Colmenero, más la de Hurtado y la de Palomo. El próximo mes de septiembre se sumará una cuarta vacante con la jubilación del magistrado Juan Ramón Berdugo.
Entre los aspirantes a cubrir las mismas se encuentran los magistrados de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, Eloy Velasco, Joaquín Delgado y Enrique López, ex consejero de la Comunidad de Madrid.
De los 27 peticionarios, sólo seis candidatas son mujeres. Han solicitado plaza en el Alto Tribunal la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, la magistrada de la Audiencia Nacional María Fernanda García Pérez y Dolores Hernández Rueda, actual jefa del Servicio de Inspección del CGPJ, entre otras.
La Sala Segunda es un órgano de especial importancia ya que investiga y juzga a los miembros del Gobierno y los parlamentarios y a otros aforados de especial relevancia pública como fue el caso del fiscal general.
Todos estos nombramientos discrecionales de magistrados del Tribunal Supremo exige el acuerdo de una mayoría cualificada de los vocales del Consejo, es decir, un mínimo de 13 votos. Esta circunstancia obliga a pactar entre progresistas y conservadores todos estos nombramientos.
Desde el pasado mes de enero, ha existido un bloqueo total en el seno del órgano de gobierno de los jueces para nombrar a un jurista en la plaza que dejó Colmenero. Vocales progresistas y conservadores no han alcanzado acuerdo alguno en torno a la misma.
Por su parte, aspiran a cubrir ese sillón en la Sala de lo Penal A las catedráticas Silvina Bacigalupo, Mar Carrasco, Alicia Gil, Carmen Juanate y Paz Lloria así como los juristas Julio Banacloche, Guillermo García-Panasco, Norberto de la Mata, Manuel Ollé, Carlos Pérez del Valle, Jesús Santos Vijande y Luis Uriarte.