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El subterfugio legal de la Casa Blanca choca con las garantías laborales en Canadá o la UE.
La Administración Trump acelera la entrada en funcionamiento de los aranceles con los que pretende suplir los que fueron anulados por la Corte Suprema de Estados Unidos el pasado mes de febrero. La tasa temporal del 10% sobre todos los productos exportados al país expira el viernes, y el plan de la Casa Blanca es acogerse a una sección de la Ley de Comercio vigente que habilita al Ejecutivo estadounidense a imponer medidas de represalia contra economías que toleren los trabajos forzosos.
Una normativa pensada en su día para promover el respeto a los derechos básicos de los trabajadores en países del tercer mundo, pero en la que Trump ha encontrado la forma de sortear el preceptivo aval del Congreso a la imposición de nuevos aranceles, ya que las competencias en materia de comercio exterior son exclusivas en Estados Unidos del poder Legislativo. Esta fue de hecho la razón jurídica por la que los magistrados del Supremo, de mayoría conservadora, anularon las tarifas "recíprocas" anunciadas a bombo y platillo por el presidente republicano el 2 de abril 2025, que denominó Día de Liberación.
Pese a los resultados adversos para la economía norteamericana y especialmente para los consumidores, que se han visto forzados a asumir un coste más elevado de la mayoría de los artículos importados como muestran las estadísticas de inflación, Trump mantiene inalterada su hoja de ruta en política comercial.
El neoproteccionismo justificado ahora en las prácticas laborales que mantienen sus aliados comerciales y supuestamente van en contra los intereses de Estados Unidos topa con la realidad de los avances en materia de regulación laboral que certifican los organismos multilaterales. Y rozan el paroxismo en el caso de Canadá, uno de los países más garantistas para los asalariados al que pretende imponer una tarifa aduanera del 50%, o la Unión Europea, que a pesar de la reciente ratificación en el Parlamento comunitario del acuerdo arancelario con Trump continúa en el radar de su Administración y se ha destacado por liderar los avances en la protección de los derechos de los trabajadores.
No cabe duda de que Washington ha buscado un subterfugio jurídico para sostener la malla proteccionista tejida para reequilibrar sus relaciones comerciales y subvertir así el orden multilateral que ha regido los intercambios de mercancías a lo largo de las últimas décadas. Más difícil será convencer a los consumidores norteamericanos de las bondades de sus aranceles.
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