- ZAHRA HIRJI BLOOMBERG GREEN
Cuando el presidente Donald Trump anunció hace unos días la "mayor desregulación en la historia de Estados Unidos", en referencia a la derogación de las normas sobre emisiones climáticas para todos los vehículos y la determinación científica clave que las sustenta, dijo que les ahorraría a los estadounidenses 1,3 billones de dólares.
Pero los propios análisis de la administración, incluidos en la normativa oficial publicada el miércoles en el Registro Federal, muestran un panorama diferente. Las reducciones en la lucha contra el cambio climático también conllevan costes, que van desde cientos de miles de millones de dólares en el extremo inferior hasta más de 1,4 billones de dólares en el extremo superior, una cantidad que supera los ahorros proyectados.
La revocación del llamado dictamen de peligro, un reconocimiento legal de que los gases de efecto invernadero perjudican la salud humana, por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), constituye el mayor retroceso climático de la administración hasta la fecha. Esto se produce tras los profundos recortes del año pasado en el personal, la programación, la investigación y las subvenciones de la agencia relacionadas con el clima y otras actividades ambientales.
"Revocarlo significa un retorno de dinero real a los bolsillos de las familias estadounidenses y una mayor libertad de elección para los consumidores", declaró Brigit Hirsch, portavoz de la EPA. Hirsch señaló que los análisis tuvieron en cuenta "diferentes precios de combustible proyectados por la Administración de Información Energética de EEUU, diferentes estimaciones de las valoraciones de ahorro de combustible por parte de los consumidores y diferentes tasas de descuento".
Posibles costes y ahorros
La agencia calculó tanto los posibles ahorros como los costes del cambio de política para estimar el impacto monetario neto en ocho escenarios diferentes. La estimación de 1,3 billones de dólares, repetida por el administrador de la EPA, Lee Zeldin, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, representa solo una parte del análisis monetario de la agencia (los ahorros estimados desde ahora hasta 2055) y solo en la mitad de los escenarios.
"La forma en que han abordado esto es ignorar cualquiera de los costes que surgen de esta regla y solo concentrarse en los dos elementos que representan ahorros para los consumidores", dijo Amanda Levin, directora de análisis de políticas del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC).
Ahorros
En concreto, en los escenarios pertinentes, la EPA ha estimado un ahorro de más de 1,1 billones de dólares gracias a la reducción de los costes de los vehículos nuevos que ya no tienen que cumplir ninguna norma climática y un ahorro adicional de 200.000 millones de dólares vinculado a los costes evitados en la compra de cargadores de vehículos eléctricos y equipos relacionados.
Sin embargo, los mismos análisis identificaron una serie de costes para los consumidores estadounidenses durante el mismo período, incluyendo el combustible, la reparación y el mantenimiento de los vehículos. Los costes totales, según el escenario modelado, oscilan entre 426 000 millones de dólares y más de 1,4 billones de dólares.
De los cuatro escenarios relevantes planteados, dos consideran únicamente el ahorro de combustible a corto plazo. Los otros dos consideran los costos y el ahorro a largo plazo; uno de ellos supone un precio del petróleo más bajo. El escenario a largo plazo restante proyecta costos superiores a los 1.400 millones de dólares, lo que resulta en un costo neto de aproximadamente 180.000 millones de dólares. Varios exfuncionarios de la EPA y ambientalistas declararon a Bloomberg News que este último escenario se ajusta mejor a cómo la agencia ha modelado históricamente los costos y beneficios de dichas normas.
Hirsch advirtió contra "seleccionar un escenario proyectado entre muchos".
Salud
El análisis monetario tampoco considera los impactos de las derogaciones en la salud pública ni en el medio ambiente, señaló Levin. A principios de este año, la EPA abandonó discretamente su práctica habitual de considerar el valor monetario de los beneficios para la salud humana derivados de la reducción de ciertos contaminantes atmosféricos.
Las derogaciones representan el inicio de lo que se prevé será una larga batalla legal, una lucha que bien podría terminar en la Corte Suprema. El miércoles, el NRDC y más de una docena de grupos ambientalistas, incluyendo el Fondo de Defensa Ambiental y la Unión de Científicos Preocupados, demandaron a la EPA por la nueva norma.
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