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Política Sondeo SocioMétrica-EL ESPAÑOL Un 63% cree que la ley de nietos busca "alterar el resultado electoral" y un 67% privaría del voto a quien no viva en EspañaEl 61% afirma que la regularización de migrantes será negativa, porque empeorarán los servicios y crecerá el paro.
El 76%, incluido el 67 % de los votantes del PSOE, pide endurecer el control de fronteras y el flujo de migrantes.
Más información:Radiografía del 'pucherazo legal' en marcha: así está alterando el Gobierno el censo electoral con presuntos nietos de españoles
M.A. Ruiz Coll Publicada 5 julio 2026 03:05h Las clavesLas claves Generado con IA
Una amplia mayoría del 62,8% de los españoles cree que la aplicación de la ley de nietos puede "alterar los resultados electorales de forma injusta", al incorporar al censo a 2,5 millones de personas que tendrán derecho al voto, pese a que no viven en nuestro país.
Y un porcentaje ligeramente superior, el 63,5%, cree que el Gobierno persigue con esta medida crear en el extranjero "un nicho de nuevos votantes agradecidos" con el PSOE, según el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.
El ministro Óscar López acusó este sábado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de alimentar "teorías conspiranoicas", por calificar de "ingeniería electoral" la ley de nietos impulsada por el Gobierno.
"Es intolerable que un partido de gobierno, como es el PP, esté deslegitimando el Estado de derecho, el sistema electoral español y la democracia española", señaló López desde Almagro (Ciudad Real).
Pero la sociedad española ve con desconfianza esta medida impulsada por el Ejecutivo, que está forzando la máquina para resolver las 2,6 millones de solicitudes de nacionalidad registradas en los consulados de España en América Latina.
Del número total de expedientes, el Gobierno ya ha resuelto 557.709 de forma positiva, según el último dato oficial del pasado mes de abril.
Una disposición de la Ley de Memoria Democrática abrió la puerta a otorgar la nacionalidad española a todos los descendientes de los exiliados que se vieron obligados a abandonar España durante la Guerra Civil y la Dictadura como víctimas de persecución política.
Pero una instrucción posterior firmada por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, otorgó esta condición de "exiliados" políticos a todos los que abandonaron España entre 1936 y 1955 (incluyendo a cientos de miles de personas que lo hicieron en busca de oportunidades económicas).
Según el sondeo, sólo el 34,8% de los encuestados comparte el criterio del Gobierno, según el cual la ley de nietos satisface "un derecho legítimo de los descendientes de españoles".
Así lo sostiene la mayoría de los votantes del PSOE (65,4%), Sumar y Podemos (89,4%). También el 63,5% de los extranjeros que residen en España.
Pero el 62,8% cree que fabricar 2,6 millones de nuevos españoles puede "alterar los resultados electorales de forma injusta, con el voto de personas que no viven en nuestro país". Uno de cada tres votantes socialistas (32,3%) comparte esta sospecha.
Para conjurar este riesgo, el 67% de los encuestados se muestra partidario de "privar del derecho al voto a quienes residen permanentemente en el extranjero".
Incluso el 62,4% de los votantes socialistas apoyarían esta decisión, al igual que el 64% de los extranjeros que residen en España.
Sólo uno de cada cinco españoles (23,2%) mantiene que el derecho al voto debe ser indisociable de la nacionalidad, incluso para aquellos que "no han pisado nunca nuestro país".
Distintos países de la UE como Alemania, Dinamarca, Irlanda o Malta limitan o retiran el derecho al voto a los nacionales que no residen de forma permanente en el país, como ha informado EL ESPAÑOL.
Esta fórmula responde a una lógica: no deben participar en la elección del Gobierno y las instituciones, quienes no van a estar sometidos a sus decisiones, ni tributan en nuestro país.
Los españoles también se muestran muy críticos con la política migratoria del Gobierno, que acaba de culminar el proceso para regularizar a 1,2 millones de inmigrantessin papeles (más del doble de los que admitió inicialmente).
El 61,2% de los encuestados cree que esta medida será "negativa" para la economía, pues puede "saturar los servicios públicos y aumentar las cifras del paro".
El Gobierno sostiene, por el contrario, que esta medida ayudará a aflorar la economía sumergida y dinamizará el consumo, lo que contribuirá a elevar la recaudación de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social.
Sólo lo ve así el 35% de los encuestados. Incluyendo la mayoría de votantes del PSOE (61%), Sumar y Podemos (89,6%) y de los partidos nacionalistas e independentistas (74%).
Los jóvenes de 17 a 35 años son los más críticos con el proceso de regularización: el 75,3% cree que será negativo para la economía. Al igual que el 80,2% de los votantes del PP y el 97,3% de Vox. Pero también uno de cada tres votantes socialistas (el 31%).
Un porcentaje aún más elevado, el 76,5% de los españoles, considera que el Gobierno debe "endurecer los controles fronterizos y los requisitos de arraigo para evitar nuevos flujos irregulares", en consonancia con la nueva política de la Unión Europea.
Así lo defienden, incluso, el 67% de los votantes del PSOE y el 72,4% de los extranjeros que residen en España.
Sólo los votantes de Sumar, Podemos y los partidos nacionalistas reman en dirección contraria.
De nuevo, los jóvenes menores de 35 años son quienes piden, de forma más abrumadora (81,6%), endurecer los controles fronterizos y los requisitos de arraigo para obtener el permiso de residencia.
El Gobierno anunció que alrededor de 500.000 inmigrantes sin papeles se acogerían al proceso de regularización. Pero el proceso se ha cerrado con 1,2 millones de solicitudes: más del doble.
Y la Policía ya ha detectado numerosos casos de fraude, de inmigrantes que se han desplazado a España desde otros puntos de Europa, para poder acogerse a esta medida (pese a que es necesario acreditar la residencia en nuestro país antes del pasado 31 de diciembre).
Según el sondeo, el 54,2% cree que en España había muchos más inmigrantes irregulares de los que anunció el Gobierno. El 61% de los votantes socialistas admite esta posibilidad.
Pero otro 43,3% de los encuestados cree que el proceso de regularización ha tenido "un efecto llamada que atrajo a personas que no cumplían los requisitos iniciales".
La mayoría de los votantes del PP (65%) y de Vox (62,8%) sospecha que se ha producido este "efecto llamada", en un momento en el que casi todos los países de la UE están endureciendo el control de sus fronteras.
Ficha técnica:
Se han realizado 1.416 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 2 y 4 de julio de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.