Hay historias que parecen una leyenda urbana porque encajan demasiado bien con el guion de una película: un contrato firmado en el último minuto, un riesgo invisible que nadie quiso mirar de frente, y finalmente un acontecimiento que lo cambia todo. Por eso la historia de un inversor que decidió atacar a un negocio ruinoso, no parece real, y lo cierto es que lo fue.
Un contrato cambió de significado para siempre. En julio de 2001, el empresario Larry Silverstein firmó el alquiler o arrendamiento a 99 años del icónico complejo del World Trade Center, un acuerdo valorado entonces en torno a 3.200 millones de dólares que le daba el control operativo de un símbolo global.
Todo más o menos normal si no fuera porque unas semanas después llegó el 11-S y aquel movimiento empresarial se convirtió en una historia casi imposible de contar sin que suene a guion: el “mayor trofeo inmobiliario” de Manhattan pasó a ser el epicentro del mayor atentado en suelo estadounidense, con todo lo que implicaba en pérdidas, responsabilidad contractual y choque con el Estado, la opinión pública y, sobre todo, las aseguradoras.
En Xataka
En 2009 Stephen Hawking organizó "la fiesta del siglo". No acudió nadie precisamente porque Stephen Hawking la organizó
Un negocio ruinoso. El World Trade Center no era un edificio cualquiera, era un monstruo logístico con mantenimiento caro, decisiones técnicas complejas y una herencia típica de la gran construcción del siglo XX: el amianto, usado durante años como parte del “fireproofing” proyectado sobre el acero y otros materiales, y que acabó siendo un problema sanitario y económico enorme para incontables propietarios.
En el caso de las Torres, se había documentado el uso de materiales con amianto en fases de construcción, especialmente en plantas bajas y medias de la Torre Norte, y esa realidad convertía cualquier reforma en un campo minado de costes, controles y riesgos legales. En la práctica, el valor icónico convivía con un activo difícil de gestionar: caro de mantener, delicado de intervenir y con un pasivo que obligaba a pensar en seguros como si fueran parte de la estructura.
Larry Silverstein
El seguro clave. Cuando el complejo se desplomó, el debate dejó de ser “qué ha pasado” y pasó a ser “qué cubre exactamente lo firmado”, y ahí aparece el detalle que explica años de guerra judicial: en el momento del atentado no estaban cerradas todas las pólizas definitivas, y parte de la cobertura descansaba en documentos preliminares y condiciones discutibles.
Eso permitió a las aseguradoras agarrarse a ciertas definiciones y a Silverstein defender que el marco contractual debía leerse de la manera que más protegía su posición financiera. No fue una discusión teórica, fue la diferencia entre quedar arruinado o tener recursos para continuar, reconstruir y sobrevivir políticamente al terremoto que venía detrás del desastre.
La guerra de una palabra. El corazón del caso fue si el 11-S contaba como un único suceso asegurado o como dos sucesos distintos, al haber dos aviones y dos torres impactadas. Silverstein defendió que el ataque terrorista fue en realidad dos ataques separados y, por tanto, dos eventos, uno en cada edificio asegurado, lo que justificaba aspirar a cifras cercanas al doble del límite “por ocurrencia”.
Las aseguradoras, en cambio, intentaron fijarlo como un solo evento para no duplicar la exposición. Los tribunales no dejaron un final limpio y único, sino un panorama partido por bloques: para algunos tramos y aseguradoras se impuso la interpretación de “una ocurrencia”, y para otros se abrió la puerta a considerarlo dos, creando un techo de indemnización posible alto, pero no necesariamente automático.
El montante final. En la narrativa popular se ha repetido que el hombre “intentó cobrar el doble” y eso es cierto en esencia, porque sus reclamaciones llegaron a plantearse en el entorno de los 7.000 millones de dólares bajo la lógica de dos eventos.
Ocurre que el marco real fue más estrecho: la cobertura total “por ocurrencia” (edificio) se movía alrededor de los 3,2–3,5 mil millones y la litigación fue recortando, repartiendo y acotando la exposición máxima según qué aseguradoras quedaban bajo qué definición. En términos prácticos, la historia no fue “cobró dos veces y listo”, sino más bien que “peleó por dos, ganó parcialmente, y el sistema lo dejó en un punto intermedio” que durante años se convirtió en el gran suspense financiero de la Zona Cero.
El gran acuerdo. Tras casi seis años de batalla y litigios, se llegó el desenlace que importaba por encima de los titulares: un acuerdo extrajudicial de nada menos que 2.000 millones de dólares con siete aseguradoras anunciado con intervención del gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer, y del superintendente estatal de seguros, Eric R. Dinallo.
Aquel pacto se presentó como el cierre de todas las reclamaciones pendientes y, sobre todo, como la eliminación de la última gran barrera para que la publicitada reconstrucción del complejo pudiera avanzar sin el freno permanente de la incertidumbre judicial. Más allá de la cifra, la clave fue el efecto: recursos y claridad para cumplir obligaciones y seguir edificando en un lugar donde cada retraso era un problema político, económico y simbólico a la vez.
Cómo se repartió. El acuerdo no fue un cheque único con destino simple, porque en el mismo convivían dos actores: la Autoridad Portuaria como propietaria pública del lugar y el propio Silverstein como arrendatario y promotor privado.
El reparto pactado dejó aproximadamente un 56% para Silverstein y un 44% para la Autoridad Portuaria, y un mensaje implícito directo: no se trataba de “enriquecerse” en un sentido convencional, sino de sostener un proyecto que había quedado atado a contratos, compromisos y reconstrucción. Además, la confidencialidad sobre cuánto pagaba cada aseguradora por separado reforzaba la idea típica de estos finales: un cierre funcional para poder pasar página y (volver a) construir.
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La historia real detrás del mito. Contaba hace unos años Snopes todos los bulos que se dieron en torno a la fascinante historia de Silverstein. La leyenda suele contarlo como un golpe de suerte casi obsceno, pero la realidad es más incómoda: Silverstein firmó un arrendamiento enorme justo antes del desastre, sí, pero a partir de ahí quedó atrapado en un laberinto de pólizas incompletas, definiciones legales y años de litigios en los que el resultado dependía de tecnicismos que podían hundir cualquier proyecto.
Por supuesto, la fortuna existió en el sentido de que había seguro y de que la vía legal permitió cobrar, pero el relato verdadero no es tan fascinante: fue un combate largo, extenuante y caro, uno donde la palabra “ocurrencia” nunca había costado tanto (literalmente, miles de millones) y donde el final se impuso, no por épica, sino porque sin un acuerdo se hacía imposible volver a construir y que la rueda del dinero siguiera funcionando.
Imagen | Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), UJA-Federation of New York, Todd Rengel, rds323, Sander Lamme
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La noticia
Un hombre alquiló dos edificios llenos de amianto por 99 años. Eran las Torres Gemelas, y seis semanas después ganó una fortuna con el 11S
fue publicada originalmente en
Xataka
por
Miguel Jorge
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Un hombre alquiló dos edificios llenos de amianto por 99 años. Eran las Torres Gemelas, y seis semanas después ganó una fortuna con el 11S
La leyenda suele contarlo como un golpe de suerte casi obsceno, pero la realidad fue más incómoda
Hay historias que parecen una leyenda urbana porque encajan demasiado bien con el guion de una película: un contrato firmado en el último minuto, un riesgo invisible que nadie quiso mirar de frente, y finalmente un acontecimiento que lo cambia todo. Por eso la historia de un inversor que decidió atacar a un negocio ruinoso, no parece real, y lo cierto es que lo fue.
Un contrato cambió de significado para siempre. En julio de 2001, el empresario Larry Silverstein firmó el alquiler o arrendamiento a 99 años del icónico complejo del World Trade Center, un acuerdo valorado entonces en torno a 3.200 millones de dólares que le daba el control operativo de un símbolo global.
Todo más o menos normal si no fuera porque unas semanas después llegó el 11-S y aquel movimiento empresarial se convirtió en una historia casi imposible de contar sin que suene a guion: el “mayor trofeo inmobiliario” de Manhattan pasó a ser el epicentro del mayor atentado en suelo estadounidense, con todo lo que implicaba en pérdidas, responsabilidad contractual y choque con el Estado, la opinión pública y, sobre todo, las aseguradoras.
Un negocio ruinoso. El World Trade Center no era un edificio cualquiera, era un monstruo logístico con mantenimiento caro, decisiones técnicas complejas y una herencia típica de la gran construcción del siglo XX: el amianto, usado durante años como parte del “fireproofing” proyectado sobre el acero y otros materiales, y que acabó siendo un problema sanitario y económico enorme para incontables propietarios.
En el caso de las Torres, se había documentado el uso de materiales con amianto en fases de construcción, especialmente en plantas bajas y medias de la Torre Norte, y esa realidad convertía cualquier reforma en un campo minado de costes, controles y riesgos legales. En la práctica, el valor icónico convivía con un activo difícil de gestionar: caro de mantener, delicado de intervenir y con un pasivo que obligaba a pensar en seguros como si fueran parte de la estructura.
Larry Silverstein
El seguro clave. Cuando el complejo se desplomó, el debate dejó de ser “qué ha pasado” y pasó a ser “qué cubre exactamente lo firmado”, y ahí aparece el detalle que explica años de guerra judicial: en el momento del atentado no estaban cerradas todas las pólizas definitivas, y parte de la cobertura descansaba en documentos preliminares y condiciones discutibles.
Eso permitió a las aseguradoras agarrarse a ciertas definiciones y a Silverstein defender que el marco contractual debía leerse de la manera que más protegía su posición financiera. No fue una discusión teórica, fue la diferencia entre quedar arruinado o tener recursos para continuar, reconstruir y sobrevivir políticamente al terremoto que venía detrás del desastre.
La guerra de una palabra. El corazón del caso fue si el 11-S contaba como un único suceso asegurado o como dos sucesos distintos, al haber dos aviones y dos torres impactadas. Silverstein defendió que el ataque terrorista fue en realidad dos ataques separados y, por tanto, dos eventos, uno en cada edificio asegurado, lo que justificaba aspirar a cifras cercanas al doble del límite “por ocurrencia”.
Las aseguradoras, en cambio, intentaron fijarlo como un solo evento para no duplicar la exposición. Los tribunales no dejaron un final limpio y único, sino un panorama partido por bloques: para algunos tramos y aseguradoras se impuso la interpretación de “una ocurrencia”, y para otros se abrió la puerta a considerarlo dos, creando un techo de indemnización posible alto, pero no necesariamente automático.
El montante final. En la narrativa popular se ha repetido que el hombre “intentó cobrar el doble” y eso es cierto en esencia, porque sus reclamaciones llegaron a plantearse en el entorno de los 7.000 millones de dólares bajo la lógica de dos eventos.
Ocurre que el marco real fue más estrecho: la cobertura total “por ocurrencia” (edificio) se movía alrededor de los 3,2–3,5 mil millones y la litigación fue recortando, repartiendo y acotando la exposición máxima según qué aseguradoras quedaban bajo qué definición. En términos prácticos, la historia no fue “cobró dos veces y listo”, sino más bien que “peleó por dos, ganó parcialmente, y el sistema lo dejó en un punto intermedio” que durante años se convirtió en el gran suspense financiero de la Zona Cero.
El gran acuerdo. Tras casi seis años de batalla y litigios, se llegó el desenlace que importaba por encima de los titulares: un acuerdo extrajudicial de nada menos que 2.000 millones de dólares con siete aseguradoras anunciado con intervención del gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer, y del superintendente estatal de seguros, Eric R. Dinallo.
Aquel pacto se presentó como el cierre de todas las reclamaciones pendientes y, sobre todo, como la eliminación de la última gran barrera para que la publicitada reconstrucción del complejo pudiera avanzar sin el freno permanente de la incertidumbre judicial. Más allá de la cifra, la clave fue el efecto: recursos y claridad para cumplir obligaciones y seguir edificando en un lugar donde cada retraso era un problema político, económico y simbólico a la vez.
Cómo se repartió. El acuerdo no fue un cheque único con destino simple, porque en el mismo convivían dos actores: la Autoridad Portuaria como propietaria pública del lugar y el propio Silverstein como arrendatario y promotor privado.
El reparto pactado dejó aproximadamente un 56% para Silverstein y un 44% para la Autoridad Portuaria, y un mensaje implícito directo: no se trataba de “enriquecerse” en un sentido convencional, sino de sostener un proyecto que había quedado atado a contratos, compromisos y reconstrucción. Además, la confidencialidad sobre cuánto pagaba cada aseguradora por separado reforzaba la idea típica de estos finales: un cierre funcional para poder pasar página y (volver a) construir.
La historia real detrás del mito. Contaba hace unos años Snopes todos los bulos que se dieron en torno a la fascinante historia de Silverstein. La leyenda suele contarlo como un golpe de suerte casi obsceno, pero la realidad es más incómoda: Silverstein firmó un arrendamiento enorme justo antes del desastre, sí, pero a partir de ahí quedó atrapado en un laberinto de pólizas incompletas, definiciones legales y años de litigios en los que el resultado dependía de tecnicismos que podían hundir cualquier proyecto.
Por supuesto, la fortuna existió en el sentido de que había seguro y de que la vía legal permitió cobrar, pero el relato verdadero no es tan fascinante: fue un combate largo, extenuante y caro, uno donde la palabra “ocurrencia” nunca había costado tanto (literalmente, miles de millones) y donde el final se impuso, no por épica, sino porque sin un acuerdo se hacía imposible volver a construir y que la rueda del dinero siguiera funcionando.