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El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en su comparecencia en el Senado. EP Un juzgado de la Audiencia Nacional asume la investigación del 'caso Plus Ultra'El instructor Calama admite la inhibición de una jueza de Madrid dado el carácter trasnacional del procedimiento por presunto blanqueo de capitales y mantiene el secreto de las actuaciones
Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo
Martes, 3 de marzo 2026, 11:03 | Actualizado 11:29h.
... epicentro en Venezuela que salpica a los propietarios de la aerolínea española Plus Ultra. Se trata de la compañía que recibió 53 millones de euros tras un rescate del Gobierno en abril de 2021 para evitar su quiebra a causa de la pandemia global de coronavirus.La primera decisión del juez Calama ha sido mantener el secreto de las actuaciones que ya había decretado su colega Esperanza Collazos. En concreto, se indaga si el rescate de Plus Ultra fue usado para lavar dinero de la corrupción venezolana a través de la petrolera estatal PDVSA. Ello pese a que el juzgado ordinario de Madrid archivó en un primer momento por ausencia de indicios esta posibilidad.
De todos modos, la causa tuvo su punto de inflexión a mediados de diciembre pasado, después de que estallara la operación policial que acabó con la detención del presidente y del consejero delegado de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli. Ambos, junto al tercer detenido, el empresario Julio Martínez Martínez, y un abogado quedaron en libertad con medidas cautelares.
Se da la circunstancia de que uno de los detenidos e investigados en esta causa, Julio Martínez Martínez, abonó 70.000 euros al año durante seis cursos al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por trabajos de «asesoría global» a través de su sociedad Análisis Relevante SL, mientras que la mercantil de las dos hijas de Zapatero (What The Fav) recibió cerca de 200.000 euros en este periodo por labores de marketing y comunicación para la citada compañía, según confirmó ayer Zapatero en su comparecencia en el Senado. El exlíder socialista negó en la comisión de investigación del 'caso Koldo' que interviniera en el rescate de Plus Ultra, para la que Julio Martínez trabajó como asesor externo en Venezuela, y justificó sus trabajos de consultoría y el acuerdo previo para que la mercantil de sus hijas diera servicio a Análisis Relevante.
Los trabajos en Venezuela
Por su parte, Plus Ultra ha defendido que contrató al empresario Julio Martínez como asesor en Venezuela, país en el que Zapatero goza de acreditada y dilatada influencia con el régimen chavista. Entre las labores del primero estaba conseguir permisos de aviación, solventar problemas de aduanas o aplazar deudas de combustible de la aerolínea, cuyos principales puentes aéreos conectan España con Venezuela, Perú y Colombia.
Martínez Sola, presidente de la aerolínea, compareció hace una semana en la comisión del Senado, donde se acogió a su derecho a no declarar por estar investigado en la citada causa. Sin embargo, empleó varios minutos de su intervención para leer unas serie de apreciaciones sobre la actividad de la empresa y su nexo con Caracas o el rescate aprobado por el Gobierno tras estallar la pandemia del coronavirus, del que negó la existencia de «injerencias indebidas», «trato de favor» o «ayudas ilícitas». «Nunca hubo ningún procedimiento excepcional al margen de la norma», aseguró. «Hubo un proceso reglado con controles, con informes de consultoras como Deloitte y PwC y con condiciones que se han ido cumpliendo. Nadie nos ha regalado nada», prosiguió.
«Se ha tachado a Plus Ultra de tener un sólo avión, de ser propiedad del Gobierno, de no cumplir ninguno de los requisitos para acceder al fondo (del rescate), de tener su sede social en Panamá, de financiar a la Internacional Socialista, de ser traficante de drogas, de armas y de personas, de transportar oro ilegalmente, de falsificar manifiestos de carga e incluso de formar parte de una trama organizada para esquivar los controles de la Policía y la Guardia Civil en Barajas», enumeró Martínez Sola.
En cambio, defendió que el trámite del rescate se extendió durante el tiempo máximo permitido, seis meses; que se han devuelto ya nueve millones en intereses del crédito y que los 53 millones que salvaron a Plus Ultra del cierre han revertido en estos cuatro años en 114 millones, entre pagos a la Seguridad Social, impuestos, amortizaciones o salarios laborales.
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