El comienzo de 2026 trae un nuevo varapalo a los agricultores de Levante que riegan con agua del trasvase Tajo-Segura, que ven cómo hoy entra en vigor la obligación de incrementar los caudales ecológicos del Tajo a su paso por Aranjuez hasta los 8 hectómetros cúbicos por segundo, lo que supone que no podrán ser trasvasados a la cuenca del Segura una media de 78 hectómetros cúbicos al año. Esta medida, ya prevista en el plan de cuenca diseñado por la Confederación Hidrográfica del Tajo hasta 2027, ha activado de nuevo a los gobiernos de Pérez Llorca, López Miras y Moreno Bonilla en su oposición a las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez. Coinciden los tres ejecutivos en que sus decisiones están provocando un estrangulamiento del sector hortofrutícola que tiene un impacto en el PIB, el empleo y hasta el medio ambiente.
No salieron adelante sus recursos judiciales ante el Supremo para tumbar la planificación hidrológica que dejará en la mitad el volumen trasvasado en 2027, pero han ido de la mano en sus argumentos para que no se apliquen unas reglas de explotación del acueducto que consideran «arbitrarias» y no sujetas a «criterios técnicos». De momento, Transición Ecológica no las llevó al último Consejo Nacional del Agua, paso previo para que, con rango de ley, fueran votadas en el Congreso. Siguen en vía muerta mientras las comunidades afectadas se rearman.
En el caso de la Comunidad Valenciana, va a dar un impulso a la Mesa del Agua que anunció el ex presidente Carlos Mazón a finales de 2023 y que aún no ha visto la luz. Estaría compuesta por un pleno de 72 miembros -entre ellos diputados de todos los partidos, representantes del Gobierno de España, instituciones académicas y organizaciones empresariales, agrícolas y de regantes- y una comisión técnica.
Mientras, la Generalitat ha ido acumulando argumentos técnicos y científicos con los que alimentar el debate de esta mesa. Por eso otorgó el pasado mes de octubre una subvención de 60.000 euros al Instituto Universitario del Agua de la Universidad de Alicante para que, hasta finales de 2026, «asesore, informe y oriente» sobre «la problemática de la falta de garantía en el suministro del agua en el ámbito de la Comunidad Valenciana». Según fuentes de la Conselleria de Agricultura y Agua que dirige Miguel Barrachina, el objetivo es contar con todos los argumentos científicos que puedan demostrar que el recorte del trasvase es una medida ideológica. «Este Gobierno prefiere enviar el agua a Portugal y secar la despensa de Europa», defiende el conseller junto a las cifras del impacto que genera el trasvase solo en Alicante: 403 millones de euros anuales en producción agrícola, a los que se suman 496 más de comercialización y 115 de las empresas de transformación vinculadas. «Todo este tejido económico está en peligro por una decisión injustificada», insiste.
Es lo que siempre han defendido los regantes. De hecho, el presidente del Sindicato Central de Regantes (SCRATS), Lucas Jiménez, siempre recuerda que acabar con el trasvase fue una «promesa electoral» de Sánchez en un mítin en Albacete y ahora lamenta que el presidente siente a la mesa del Consejo de Ministros, con la cartera de Educación, a Milagros Tolón, quien como alcaldesa de Toledo visitó Murcia en 2022 y pidió el fin del trasvase.
El Ejecutivo de López Miras tampoco ceja en su empeño por defender el acueducto. De hecho, si en un informe conjunto de las tres administraciones se ponían el foco en la gestión que del agua se hace en el Alto Tajo, la Consejería de Agua ha dado un paso más y ha requerido formalmente al Ministerio para que aclare veinte puntos relacionados con «anomalías» con la gestión que se lleva a cabo en los municipios ribereños, desde los desembalses a la medición de caudales y aforos. La recopilación de todos estos datos e informes servirá para fortalecer una postura de cara a la negociación del nuevo ciclo de planificación hidrológica 2028-2032.