Flávio, hijo mayor del expresidente brasileño Jair Bolsonaro (mandato 2019-2022), compite en lugar de su padre, declarado inelegible y actualmente preso por un intento de golpe de Estado en el contexto de las elecciones de 2022. El gobierno de Jair Bolsonaro estuvo marcado por el desmantelamiento de la fiscalización ambiental y el aumento de los índices de deforestación.
Según los expertos, las elecciones brasileñas serán decisivas para la Amazonía y los demás biomas del país, sobre todo porque el hijo del exmandatario se muestra dispuesto a retomar las políticas antiambientales que caracterizaron al gobierno de Jair Bolsonaro.
Venezuela también forma parte de esta ecuación. Su gobierno lleva varios meses sometido a la intervención económica y política de Estados Unidos. La injerencia del presidente Donald Trump también presiona a Caracas para ampliar la agenda petroleray firmar nuevos acuerdos en el sector minero, lo que genera nuevas preocupaciones ambientales.
En conjunto, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela abarcan aproximadamente el 95% de la Amazonía.
“Incluso bajo un gobierno que muestra cierto grado de compromiso contra la deforestación, la tarea ya es muy difícil. Y cuando hay gobiernos que están en el lado opuesto, que creen que la motosierra es correcta y que las leyes de conservación son incorrectas, la situación se vuelve casi imposible”, afirma Márcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima de Brasil, una asociación de ONG que impulsan la agenda de acción climática.
abrir las puertas del país a la minería y debilitó las instituciones ambientales.En ese contexto, los analistas señalan que el resultado de las elecciones brasileñas podría dar lugar a una “alianza conservadora” al frente de la Amazonía a partir del próximo año o podrían obligar a Lula da Silva a gobernar en un contexto de aislamiento diplomático durante un eventual cuarto mandato.
Los cambios políticos podrían, además, replantear la cooperación en las zonas fronterizas. Las conversaciones sobre una estrategia conjunta para proteger el bosque y a sus poblaciones corren el riesgo de perder terreno frente a una agenda de “tolerancia cero” contra el crimen organizado, cuyas consecuencias se sienten especialmente en esas regiones.
Si la conservación deja de ser una prioridad regional, también quedaría en entredicho el futuro de las entidades intergubernamentales dedicadas al desarrollo sostenible y a los derechos indígenas, como la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). Por otra parte, podrían cobrar impulso los proyectos de infraestructura transamazónica, muy cuestionados por sus posibles impactos ambientales.
“El desafío [para la Amazonía] seguirá siendo enorme”, dijo Astrini. “El margen de influencia de un gobierno brasileño que se preocupa por el ambiente ya es limitado. Se puede contar con acciones complementarias de los países [vecinos], siempre que estén dispuestos. Pero desde el momento en que llega un nuevo gobierno y niega el cambio climático, la capacidad de influencia de otro gobierno, sea cual sea, [en términos de conservación] es muy baja”.
Los datos del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (Maap) muestran que la deforestación en toda la Amazonía ha fluctuado durante los últimos años. En 2024, los incendios alcanzaron un impacto récord: dañaron alrededor de 2.8 millones de hectáreas en medio de las sequías extremas asociadas a El Niño. La deforestación total aumentó un 34%.
En 2025 se produjo una recuperación parcial. La superficie afectada por el fuego disminuyó y la pérdida de bosque por deforestación cayó a su nivel más bajo en los últimos diez años. Hasta ahora, aproximadamente el 13% del bioma ha sido deforestado, según Maap.
legado de crisis ambiental que dejó su gobierno saliente. Tras la reactivación de las políticas ambientales durante la administración de Lula, la deforestación en la Amazonía brasileña cayó a su nivel más bajo en diez años.Bolivia tomó el rumbo contrario. La victoria del presidente Rodrigo Paz en 2025, bajo el lema “capitalismo para todos”, puso fin a casi 20 años de gobiernos de izquierda encabezados por el hasta entonces dominante Movimiento al Socialismo (MAS) y dio paso a cambios ambientales.
son ambiguos y siguen en discusión. Aun así, desde el principio, el gobierno de Paz dejó claro que enfrentar estos problemas no estaría entre sus prioridades, a diferencia de lo ocurrido durante las dos décadas de dominio del MAS.Paz centró su plan en asuntos económicos y fiscales, con iniciativas orientadas a la “reducción del Estado” y la “disminución de la burocracia”. En agosto de 2026 eliminó el Ministerio de Medio Ambiente de Bolivia. La institución quedó reducida a un viceministerio subordinado a la cartera de Desarrollo Productivo, Asuntos Rurales y Agua.
a reclamar ante un posible “boom” de la minería.Valentina Figuera Martínez, coordinadora de campañas de justicia de género y bosques de la alianza internacional Global Forest Coalition, expresó su preocupación por los cambios legales en Bolivia, sobre todo al analizarlos en el contexto regional.
“En Bolivia, la Ley de Minería establece la realización de la consulta previa, libre e informada, de los estudios ambientales y su aprobación por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, fabricaron atajos administrativos para permitir la operación de proyectos de minería sin aprobación legislativa y violando derechos territoriales”, dijo a Mongabay.
Martínez encuentra paralelismos entre los países amazónicos. Mencionó a Brasil, donde, según dijo, el Congreso debilitó la fiscalización y la legislación ambiental, y a Venezuela, que avanzó en acuerdos petroleros poco transparentes con Estados Unidos. En opinión de Martínez, las respuestas mundiales siguen dando prioridad a la explotación de combustibles fósiles por encima de una transición climática justa. “Es la mayor pulverización de derechos y soberanía de los últimos años”, afirmó.
provocado la resistencia de grupos indígenas y de académicos. Al mismo tiempo, investigaciones de la organización Amazon Underworld señalan que la política militarista de Noboa contra el crimen alimenta la violencia vinculada a la extracción ilegal de oro y al narcotráfico.El gobierno de Quito también generó debate al fusionar el Ministerio del Ambiente con el de Energía y Minas. Asimismo, aprobó nuevas leyes para fortalecer el sector minero —mediante la modificación de los requisitos para obtener licencias ambientales— y promovió planes de expansión petrolera y gasífera por un valor de más de 45 000 millones de dólares. Estas medidas suscitaron críticas por parte de grupos indígenas ecuatorianos.
“La ola de gobiernos de ultraderecha y de derecha en América Latina y el Caribe está contribuyendo a acelerar la extinción de la vida en el planeta a partir del negacionismo climático, de la violación de derechos y de la destrucción de las regulaciones ambientales”, dijo Martínez.
“¿Para qué existen las regulaciones ambientales? ¿Cuál es su finalidad? Se supone que fueron creadas para preservar un marco legal mínimo de protección y garantizar derechos, a pesar de las fallas de implementación, los vacíos jurídicos y la falta de recursos. Lo que existe se viola o se buscan mecanismos para retrasar la implementación o vulnerar los derechos ganados”, afirmó.
señaló la creciente crisis de la minería ilegal en Perú como un problema que debe combatirse con el poder militar. Entre sus consecuencias están los daños a la salud de los pueblos indígenas y la contaminación de los ríos por metales pesados, como reveló Mongabay Latam en una investigación publicada en septiembre.durante el gobierno de Jair Bolsonaro, entre ellas el despido masivo de especialistas en biodiversidad y de responsables de áreas protegidas, mientras se militarizan los procesos de toma de decisiones y los cargos directivos. Para el secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, una mayor presencia militar en la Amazonía, por sí sola, “no garantiza que las cosas vayan a mejorar ni que haya seguridad”. Según Astrini, incluso podría facilitar actividades delictivas transfronterizas, como el comercio ilegal de madera.Desde el primer día del nuevo gobierno, las políticas ambientales de Fujimori han generado preocupación entre ambientalistas y grupos indígenas. La presidenta peruana busca fomentar la inversión privada y agilizar las licencias ambientales para las concesiones de combustibles fósiles y de minería. También