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Los altos impuestos al trabajo no tienen sentido en el país con mayor tasa de paro de la OCDE.
España sigue registrando las mayores tasas de paro entre los 38 países que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pero eso no ha impedido a sus dirigentes políticos seguir penalizando con mayores impuestos la creación de empleo en este país. Y la tendencia negativa parece no tener fin, como lo demuestra el hecho de que en 2025 España volviera a ser uno de los pocos países -tan solo siete- en el mundo desarrollado en los que la fiscalidad del trabajo subió más que los salarios.
Los impuestos al trabajo superan en España en seis puntos a la media de la OCDE, lo que significa que, de cada cien euros de coste laboral, 41 euros se dedican a impuestos y cotizaciones, frente a 35 en el conjunto del resto de países. El resultado de esta diferencia es una menor competitividad y una reducción de los incentivos para que los empresarios españoles contraten empleo formal, en una economía que tiene precisamente un enorme problema estructural de desempleo.
No hay lógica que explique este desatino. La economía española ya tiene que soportar el hándicap de contar con un modelo complejo, con sectores de bajo valor añadido, como para que se la penalice además con el lastre que supone para su buen desempeño una alta fiscalidad del trabajo. Los altos impuestos al empleo en España no sólo disuaden a los empresarios de contratar sino que les empujan además a pagar salarios más bajos, precisamente uno de los problemas de los que adolece nuestra economía, que agrava por ejemplo otros fenómenos perversos como el difícil acceso a la vivienda de los jóvenes.
Detrás de esa alta fiscalidad laboral está también la necesidad del Estado de obtener ingresos a toda costa para financiar la seguridad social y un sistema de pensiones que arrastra en estos momentos un déficit que, sin transferencias del Estado, ronda los 70.000 millones de euros. Y que, además, tiene una tendencia creciente, por el mayor coste anual del sistema de pensiones derivado de la salida del mercado laboral de la generación del baby boom.
Esta exigencia de obtener ingresos a toda costa es la que ha llevado a los dirigentes españoles a ignorar las recomendaciones de la OCDE para reducir los costes laborales. Un bucle absurdo que pone sobre la mesa la necesidad de abordar con rigor una reforma del sistema de pensiones para evitar que su insostenibilidad penalice inexorablemente el futuro de la economía que lo sostiene.
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