¿Quién puede acogerse al proceso de nacionalización de la Ley de nietos? La disposición que lo regula dentro de la Ley de Memoria Democrática habla, fundamentalmente, de «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles» y que no tuvieran la nacionalidad «como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual» durante el franquismo.
Pero una instrucción del Ministerio de Justicia, firmada por Sofía Puente (hermana del actual ministro) en 2022, abrió la mano hasta permitir que se nacionalicen todas las personas con un padre, un abuelo, un bisabuelo o incluso un tatarabuelo español emigrado. No sólo los exiliados por sufrir represión, sino todos. Así lo denuncia el PP, para el que estamos hablando de una «barra libre» que contraviene la norma y lo votado en el Congreso.
En concreto, la instrucción dice que «tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles, como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella», podrán tener pasaporte español.
¿Por qué esta instrucción amplía los efectos de la Ley de nietos a todos los descendientes de españoles, si ése no era el sentido de la norma, sino la reparación para las familias exiliadas en el franquismo? Porque Puente interpretó que cuando la ley dice que se pueden nacionalizar «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio...», ese «y que» quiere decir «y además aquellos que».
Pero no es eso lo que se votó en el Congreso. Durante la tramitación de la Ley de Memoria Democrática, la mayoría de la Cámara Baja rechazó expresamente una enmienda de Ciudadanos que venía a decir que cualquiera podía recuperar la nacionalidad si había salido de España.
El PP aclaró ayer que está a favor de nacionalizar a los nietos de quienes migraron por razones de exilio político, pero también por razones económicas. Es decir, no sólo a los represaliados del franquismo. Pero exige garantías y que no haya opacidad.
Es decir, denuncia sobre todo las formas y las intenciones del Gobierno. Y también el alcance del fondo de la cuestión, por excederse en el periodo aplicable, ya que, según el PP, se pueden nacionalizar descendientes de españoles emigrados hasta en el siglo XIX. Pero Génova no está en contra de nacionalizar a los nietos de emigrantes españoles y así lo dirá su Ley de Nacionalización, si Feijóo llega a La Moncloa.
En la instrucción «se reinterpretó la ley; donde decía que era sólo para exilio, ahora eran todos», denunció ayer Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso. Y, como cree que la instrucción es nula de pleno derecho, la vicesecretaria popular Alma Ezcurra ha preparado una batería de iniciativas para exigir «transparencia y todo tipo de garantías jurídicas y políticas sobre el mayor proceso de nacionalización que pretende realizar el Gobierno en toda la historia y que afecta a 2,6 millones de personas».
La ofensiva parlamentaria incluirá también la petición de comparecencia urgente del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en el pleno del Congreso para informar «del número de solicitudes de nacionalidad recibidas, aprobadas, denegadas y pendientes». Además, el PP exige copia del expediente de contratación del Grupo Palco, vinculado al castrismo, como refuerzo en la tramitación de expedientes de obtención de la nacionalidad española.