Falta menos de un mes para que decaiga la suspensión de desahucios aprobada por el Gobierno durante la pandemia para proteger a familias vulnerables, prorrogada desde 2020 año tras año. Varias organizaciones sociales se han reunido este martes frente al Congreso de los Diputados para pedir el mantenimiento de esta medida, que calculan que está evitando el desalojo de 60.000 familias. Con la Puerta de los Leones como telón de fondo y con el apoyo de medio centenar de personas que han coreado cánticos como "ni un desahucio más" o "ni casas sin gente ni gente sin casas", han presentado un manifiesto firmado por 26 entidades en el que exigen al Gobierno y a los distintos partidos políticos que se garantice el derecho a una vivienda digna y no solo se prorrogue la suspensión sino que también se busquen soluciones estructurales contra los desahucios.
Las organizaciones convocantes —entre ellas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinas, Amnistía Internacional y el Observatori DESCA— han denunciado frente a la Cámara Baja que si no se prorroga la moratoria incluida en el escudo social se producirá una "emergencia habitacional sin precedentes". "En caso de finalizarse la moratoria de desahucios el 31 de diciembre, se podrían activar los miles de desalojos suspendidos por esta medida: automáticamente se doblarían o triplicarían los desahucios de familias venerables de todas las ciudades", advierte el manifiesto presentado este martes, que han enviado también a los grupos políticos, a los que reclaman "responsabilidad" y un compromiso "inequívoco" por el derecho a una vivienda digna.
Las asociaciones, que esperan iniciar la semana que viene una ronda de contactos con los distintos partidos, denuncian que a un mes de la finalización de la moratoria no existe un plan de actuación urgente que pueda evitar la "previsible" y "nefasta" ola de desahucios sin alternativa habitacional que se produciría en caso de no aprobarse una prórroga. Es por ello que consideran que la dilación de la suspensión de los desahucios ha de ser una "propuesta de mínimos" con la que ganar el tiempo suficiente para diseñar e implementar un plan que asegure el mantenimiento de la vivienda o el realojo digno de las familias vulnerables con desahucios pendientes. "Lo que queremos es que se prorrogue mientras se trabaja en una propuesta que realmente sea efectiva", ha explicado Irene Escorihuela, portavoz del Observatori DESCA.
No obstante, las organizaciones van un paso más allá y piden que se amplíe la moratoria, ya que señalan que solo uno de cada cuatro desahucios se consiguen paralizar y en la primera mitad de año se han producido 14.673. Las entidades sociales detectan fallos en la normativa que, según denuncian, limitan el alcance de la suspensión. "La redacción del decreto está muy vinculada todavía a la pandemia y sería mejorable. Esto hace también que los jueces hagan una interpretación a menudo restrictiva y muchos casos queden fuera aun teniendo informes sociales", ha indicado Escorihuela, apuntando a la "falta de claridad" en la definición de vulnerabilidad y a la "arbitrariedad" de los jueces para aplicarla. Otro de los fallos que detectan es la omisión de casuísticas como la de aquellas familias vulnerables que se han visto obligadas a ocupar una vivienda después de la pandemia o la de los inquilinos con contratos de renta antigua.
Las organizaciones recuerdan que hay miles de casos como estos, por lo que piden que las medidas antidesahucios se conviertan en estructurales. "Estamos aquí para reivindicar que esto deje de ser una medida coyuntural, es decir, que cada año haya tengamos que estar sufriendo hasta el final a ver si se renueva o si no se renueva", ha expresado Paco Morote, portavoz de la PAH, que ha remarcado que "el artículo 47 de la Constitución mandata a todos los poderes públicos a adoptar las medidas necesarias para que la gente pueda ejercer el derecho a la vivienda".
Las asociaciones creen que la experiencia de los cuatro años en los que lleva en vigor la moratoria demuestran que es "jurídicamente posible" diseñar e implementar medidas para evitar que se produzcan desahucios sin una alternativa habitacional. Aunque la regulación actual obliga a las administraciones a realojar a las familias en situación de vulnerabilidad una vez suspendido su desahucio, un estudio del Observatori DESCA apunta a que solo se ofrecen medidas de alojamiento alternativo temporal en un 2% de los casos y viviendas sociales en un 3%. "Ninguna persona debe quedar en la calle por un desalojo. Eso no lo dicen las organizaciones sociales, lo dice Naciones Unidas, el Consejo de Europa y son obligaciones jurídicamente vinculantes e ineludibles", ha recalcado Marta Mendiola, portavoz de Amnistía Internacional. "La vivienda es un derecho humano que conlleva obligaciones jurídicamente vinculantes para las autoridades públicas y el Estado español ha ratificado una serie de tratados internacionales que conllevan compromisos muy claros", ha insistido.
Las organizaciones convocantes —entre ellas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinas, Amnistía Internacional y el Observatori DESCA— han denunciado frente a la Cámara Baja que si no se prorroga la moratoria incluida en el escudo social se producirá una "emergencia habitacional sin precedentes". "En caso de finalizarse la moratoria de desahucios el 31 de diciembre, se podrían activar los miles de desalojos suspendidos por esta medida: automáticamente se doblarían o triplicarían los desahucios de familias venerables de todas las ciudades", advierte el manifiesto presentado este martes, que han enviado también a los grupos políticos, a los que reclaman "responsabilidad" y un compromiso "inequívoco" por el derecho a una vivienda digna.
Las asociaciones, que esperan iniciar la semana que viene una ronda de contactos con los distintos partidos, denuncian que a un mes de la finalización de la moratoria no existe un plan de actuación urgente que pueda evitar la "previsible" y "nefasta" ola de desahucios sin alternativa habitacional que se produciría en caso de no aprobarse una prórroga. Es por ello que consideran que la dilación de la suspensión de los desahucios ha de ser una "propuesta de mínimos" con la que ganar el tiempo suficiente para diseñar e implementar un plan que asegure el mantenimiento de la vivienda o el realojo digno de las familias vulnerables con desahucios pendientes. "Lo que queremos es que se prorrogue mientras se trabaja en una propuesta que realmente sea efectiva", ha explicado Irene Escorihuela, portavoz del Observatori DESCA.
No obstante, las organizaciones van un paso más allá y piden que se amplíe la moratoria, ya que señalan que solo uno de cada cuatro desahucios se consiguen paralizar y en la primera mitad de año se han producido 14.673. Las entidades sociales detectan fallos en la normativa que, según denuncian, limitan el alcance de la suspensión. "La redacción del decreto está muy vinculada todavía a la pandemia y sería mejorable. Esto hace también que los jueces hagan una interpretación a menudo restrictiva y muchos casos queden fuera aun teniendo informes sociales", ha indicado Escorihuela, apuntando a la "falta de claridad" en la definición de vulnerabilidad y a la "arbitrariedad" de los jueces para aplicarla. Otro de los fallos que detectan es la omisión de casuísticas como la de aquellas familias vulnerables que se han visto obligadas a ocupar una vivienda después de la pandemia o la de los inquilinos con contratos de renta antigua.
Las organizaciones recuerdan que hay miles de casos como estos, por lo que piden que las medidas antidesahucios se conviertan en estructurales. "Estamos aquí para reivindicar que esto deje de ser una medida coyuntural, es decir, que cada año haya tengamos que estar sufriendo hasta el final a ver si se renueva o si no se renueva", ha expresado Paco Morote, portavoz de la PAH, que ha remarcado que "el artículo 47 de la Constitución mandata a todos los poderes públicos a adoptar las medidas necesarias para que la gente pueda ejercer el derecho a la vivienda".
Las asociaciones creen que la experiencia de los cuatro años en los que lleva en vigor la moratoria demuestran que es "jurídicamente posible" diseñar e implementar medidas para evitar que se produzcan desahucios sin una alternativa habitacional. Aunque la regulación actual obliga a las administraciones a realojar a las familias en situación de vulnerabilidad una vez suspendido su desahucio, un estudio del Observatori DESCA apunta a que solo se ofrecen medidas de alojamiento alternativo temporal en un 2% de los casos y viviendas sociales en un 3%. "Ninguna persona debe quedar en la calle por un desalojo. Eso no lo dicen las organizaciones sociales, lo dice Naciones Unidas, el Consejo de Europa y son obligaciones jurídicamente vinculantes e ineludibles", ha recalcado Marta Mendiola, portavoz de Amnistía Internacional. "La vivienda es un derecho humano que conlleva obligaciones jurídicamente vinculantes para las autoridades públicas y el Estado español ha ratificado una serie de tratados internacionales que conllevan compromisos muy claros", ha insistido.