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Pueden no gustar las formas que ha empleado ni ser la solución idónea, pero que Trump tutele la recuperación, vía inversión, del sector petrolero de Venezuela garantiza inicialmente mayor producción, mejores precios y más ingresos para los venezolanos.
En realidad el mundo y Donald Trump no necesitan en estos momentos el petróleo venezolano. Hay oferta suficiente y Estados Unidos tiene sobreproducción. Incluso poner mucho crudo nuevo de ese país en el mercado podría suponer deprimir los márgenes de la industria. No parece que esa sea la intención. Otra cosa diferente es que en la disputa por controlar la geopolítica mundial, Trump esté interesado en incrementar el control sobre los recursos naturales disponibles en todo el Planeta, pero sobre todo en su entorno, y, de paso, frenar la expansión de China. ¿Esto perjudica a los venezolanos? Pues no. De entrada la tutela de Estados Unidos garantiza una mayor seguridad jurídica, una cierta recuperación de la inversión y previsiblemente una controlada mayor producción, que redundará en mayores ingresos también para el Estado venezolano. Que eso llegue al pueblo venezolano ya no es responsabilidad de Trump. Que esa recuperación venga fundamentalmente de la mano de empresas norteamericanas no tiene por qué ser malo. De hecho, el petróleo venezolano, conocido por su mala calidad, ha sido extraído históricamente por compañías de ese país que tenían sus refinerías preparadas para procesarlo. Algunas de estas compañías, como Chevron, han seguido operando en Venezuela a pesar de todo. Revertir en el sector petrolero el proceso de nacionalización del chavismo debería contribuir a una mejora en las condiciones de aquel país.
En 2005 Venezuela producía 3 millones de barriles diarios con aproximadamente 50.000 trabajadores. Hoy, después de la política del "exprópiese" que aplicó primero Chávez y luego Maduro, la producción venezolana se ha reducido a unos 850.000 barriles diarios (el 60% de los cuales acababa en China), fruto de la gestión desastrosa de los cuadros políticos con los que el régimen sustituyó a los técnicos y de la falta de inversión asociada al caos y a la inseguridad jurídica. Eso sí, en un alarde de desprecio a cualquier lógica económica, propio de un régimen neocomunista y populista, la diezmada industria petrolera venezolana emplea a 140.000 personas que hacen que trabajan y el Gobierno hace que les paga.
Lo que ha ocurrido en Venezuela con su actividad petrolífera es similar a lo que ha sucedido en el acero, en las telecomunicaciones, en la energía... En total, la dictadura que gobierna aquel país, siguiendo el manual de desarrollo que en España, con pequeños matices, quisieran replicar líderes como Pablo Iglesias, Ione Belarra, Eduardo Garzón, Yolanda Díaz, Enrique Santiago o Arnaldo Otegi, entre otros, ha intervenido o directamente nacionalizado en todos estos años miles de empresas cuyo posterior deterioro ha provocado el empobrecimiento brutal del país, que vio reducido su PIB entre 2013 y 2021 nada menos que un 75%. Esto, unido a la creciente represión, es lo que ha obligado a ocho millones de personas, algo menos de un tercio de la población, a tener que emigrar para poder sobrevivir. El efecto del régimen sobre Venezuela es similar al de una guerra.
La inmensa mayoría de esta gente ha celebrado estos últimos días en todo el mundo, incluido Madrid, la caída de Maduro, lo que le ha valido la crítica despiadada de esa izquierda radical que viene blanqueando reiteradamente al régimen que atormenta a aquel país. La realidad es que todos esos venezolanos en el exilio no reniegan de los que fueron sus dirigentes porque sean agentes del capitalismo o fachas reaccionarios, sino porque han vivido en sus carnes el destrozo que ha producido el chavismo. Un modelo que ha llevado al que era en 2005 el tercer país más rico de Sudamérica, tras Panamá y Chile, a ocupar en 2025 las más altas tasas de pobreza junto a Bolivia o la fallida Haití.
La caída de Venezuela hasta hundir al 50% de la población en la miseria extrema no tiene nada que ver con bloqueos ni con boicots (aunque desde 2017 existen limitaciones a la venta libre de crudo venezolano, la situación crítica es muy anterior) como suele esgrimir esa misma izquierda tan dada a victimizarse para no asumir su responsabilidad. Es el triste logro exclusivo del neocomunismo populista que se ha desarrollado en aquella zona del mundo y que ha acabado derivando con los años en una brutal dictadura que tiene sobre sus espaldas asesinatos y miles de presos políticos víctimas de torturas. Una situación lamentablemente silenciada en España por muchos políticos en activo (algunos de ellos ya citados) y por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Curiosamente una empresa española como Repsol ha seguido operando allí. Su presencia efectiva en aquel país se circunscribe en gran medida a la explotación off-shore del campo de gas Perla, al 50% con la italiana Eni, con unos márgenes muy estrechos, debido a que toda la producción se vende en el interior de Venezuela para producir electricidad a un precio tasado. Hasta ahora cualquier beneficio que pudiera obtener allí ni siquiera lo podía repatriar.
La irrupción de Estados Unidos dibuja un nuevo horizonte para la empresa española. Inicialmente Repsol tiene alianzas con PDVSA y alberga en aquel país el 15% de sus reservas, que no ha podido desarrollar por las limitaciones a las que está sujeto desde 2017 el régimen venezolano. Que no sea una empresa norteamericana no debiera ser problema. Repsol lleva tiempo ya con abogados norteamericanos engrasando la relación con la Administración norteamericana e incluso está sellando alianzas en aquel país que la colocan en una situación privilegiada. Que en los proyectos de gas tenga como aliado a Eni es otro factor favorable por la buena relación que la presidenta Meloni mantiene con Trump. Los mismos que en el mundo reclaman que se clausure el negocio de los hidrocarburos acusan a Trump de robar el petróleo de los venezolanos. No tiene mucho sentido.
Iñaki Garay. Director adjunto de Expansión
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