En Vox consideran que las nacionalizaciones que se están produciendo en virtud de la conocida como ley de nietos -una disposición recogida en la Ley de Memoria Democrática- son un "asunto crucial", que tiene un "efecto sobre el cuerpo electoral", y por ello han situado esta cuestión en la cúspide de prioridades de su acción política y judicial. En particular, arrancando una ofensiva contra la Instrucción aprobada en 2022 desde el Ministerio de Justicia que amplía el alcance de esas nacionalizaciones.
A este respecto, el partido ha dado ahora un paso más: tras haber solicitado hace unas semanas la revisión de oficio y declaración de nulidad de esta Instrucción, y a la espera de obtener respuesta, la formación de Santiago Abascal ha registrado una querella en los tribunales contra su autora, Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes.
Puente es hoy secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia y, entre enero de 2020 y noviembre de 2023, ejerció como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, cargo desde el que dictó la Instrucción sobre la ley de nietos que hoy cuestiona Vox -y también el PP y hasta algunos vocales de la Junta Electoral Central-.
A juicio del partido de Abascal, Puente incurrió en delitos de prevaricación administrativa y usurpación de atribuciones legislativas al dictar esa Instrucción -Vox también se querella contra su sucesora en el cargo María Ester Pérez-.
Sobre lo primero, el delito de prevaricación, el partido alega que la Instrucción en cuestión introduce una "vía de acceso a la nacionalidad española inventada por vía administrativa". La Ley de Memoria Democrática autoriza la concesión de la nacionalidad española a descendientes de exiliados, pero la Instrucción presume ese exilio, argumenta Vox, "por la mera salida del territorio entre 1936 y 1955". "No se limita a interpretar sino que configura, de facto, un tertium genus (tercer género) de adquisición de la nacionalidad", expone la formación en su querella.
Respecto a la usurpación de atribuciones legislativas, Vox alega que una Dirección General "carece, por definición, de atribuciones para dictar una disposición de alcance general que modifique el contenido de una ley", algo que considera que se está produciendo con la Instrucción de Puente.
La querella, registrada ayer en el juzgado, se suma a la ofensiva que Vox arrancó el pasado 26 de junio contra esta Instrucción. Entonces, el partido solicitó la nulidad de este texto ante la Secretaría de Estado de Justicia -institución responsable de la Dirección General que lo dictó-.
Fuentes del partido señalan que aún no han recibido respuesta a esa reclamación, cuya admisión a trámite conllevaría la emisión de un informe del Consejo de Estado, que así tendría que pronunciarse sobre la Instrucción que amplía la ley de nietos. La Secretaría de Estado tiene tres meses para contestar a Vox y, si no lo hace, el silencio es negativo, con lo que se daría por desestimada su reclamación. Llegado ese caso, en el partido de Abascal no descartan recurrir este hecho ante la Audiencia Nacional.
A juicio de Vox, con la ley de nietos -y su ampliación recogida a través de la Instrucción en cuestión- "se pretende nacionalizar de forma fraudulenta a más de dos millones de personas para pervertir el censo electoral, para redefinir al pueblo español". Y, en palabras de su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, "para robar unas elecciones".