El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero considera que la sentencia de la Justicia europea que avala la Ley de Amnistía "refuerza nuestro Estado de Derecho, que se renueva en sus principios democráticos" e insta a quienes "hostigaron" la norma "y a quienes la defendimos" a que lleven a cabo "un proceso de reflexión".
Califica, además, de "histórico" el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y subraya que al respaldar ampliamente la norma en relación con el derecho comunitario existe "motivo" para la "esperanza". Aventura por ello que esta resolución ayudará a zanjar "la grave crisis política, institucional y social" iniciada en 2017 con denominado procés en Cataluña.
Zapatero sostiene, en declaraciones en exclusiva a EL MUNDO tras analizar el fallo, que "la sentencia del máximo tribunal de la Unión Europea, guardián de los principios y valores del espacio de libertad y de derechos humanos al que pertenecemos, ha respaldado la Ley de Amnistía de forma contundente y fundamentada en los principios democráticos del Estado de Derecho".
El ex líder del PSOE rompe de esta manera por primera vez su silencio tras ser imputado por la Audiencia Nacional el pasado mes de mayo por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, contrabando, falsedad y contra la Hacienda pública. Zapatero ha optado desde entonces por guardar silencio asesorado por su defensa, ha rechazado conceder entrevistas, y hace ahora una excepción para pronunciarse sobre una norma en cuyo proceso de negociación y elaboración participó activamente en representación del Gobierno de Pedro Sánchez.
El ex jefe del Ejecutivo recalca que la ley que entró en vigor en 2024 y benefició a más de 300 personas entre políticos, policías, ciudadanos y condenados por causas vinculadas con el procés, "nació para la pacificación de las consecuencias de la grave crisis política, institucional y social". Y añade que con la sentencia, que da respuesta a dos cuestiones prejudiciales enviadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional sobre si los gastos del proceso independentista pusieron en riesgo los intereses financieros europeos o si contraviene el derecho comunitario en materia de terrorismo, "nuestro Estado de Derecho se refuerza y se renueva en sus principios democráticos". A juicio de Rodríguez Zapatero, estos principios "se sustentan en la ley como expresión de la voluntad popular y en la reconciliación y la convivencia como valores esenciales de una sociedad democrática".
También aprovecha el ex mandatario, que se encuentra en estos momentos concentrado en su estrategia de defensa en el caso Plus Ultra, en el que ya ha instado la nulidad del procedimiento alegando la presunta comisión de irregularidades en la investigación, para mandar un mensaje a la oposición encabezada por el PP. "Sería muy conveniente que quienes hostigaron esta ley y a quienes la defendimos, tuviesen un proceso de reflexión, tan conveniente en una sociedad plural", agrega. Todo ello en relación con "las acciones llevadas a cabo desde 2023", cuando comenzó el proceso de negociación de la norma. "Personalmente pienso que hoy el futuro de la democracia en España es más sólido gracias a esta histórica sentencia del TJUE, lo cual es un motivo de esperanza para todos", apostilla.
Quien es ya el primer ex presidente español investigado por la Justicia durante la democracia, lideró las conversaciones con el ex presidente catalán Carles Puigdemont en Suiza hasta el pasado otoño, cuando la formación secesionista decidió retirar su apoyo al Gobierno y romper el pacto de investidura. A partir de ese momento, y tal y como desveló este periódico, pasó a mantener contactos indirectos con la cúpula de Junts a través de los mediadores suizos, coordinados en torno a la fundación Henri Dunant, y trasladó puntualmente el estado de las conversaciones personalmente al presidente Pedro Sánchez.
Entre los mensajes que Junts hizo llegar al PSOE a través de Zapatero tras retirarle su apoyo se encuentra un documento mantenido en secreto hasta el momento en el que el equipo de Puigdemont. En el mismo se culpa directamente al Ejecutivo de haber utilizado las resoluciones judiciales sobre la Ley de Amnistía, y particularmente los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, para engañarles con el objetivo de que no retiraran su respaldo al Gobierno.
Así, Junts recrimina con dureza al Gobierno de Pedro Sánchez haberle prometido ya en 2024 que el Constitucional iba, no sólo a avalar la Amnistía sino a permitir la vuelta de Carles Puigdemont, extremo que todavía no ha sido posible al considerar el Tribunal Supremo que la norma no es aplicable al ex presidente catalán por el delito de malversación de caudales públicos. De ahí que atribuyan a los negociadores del PSOE haberles intentado persuadir con un "baile de fechas" de fallos de la Corte de Garantías que nunca se produjeron en los términos pactados.
José Luis Rodríguez Zapatero intentó apaciguar sin éxito a los secesionistas argumentando que el Gobierno socialista había hecho todo lo posible con la aprobación de la Ley de Amnistía y que la oposición de los tribunales españoles a su aplicación integral escapaba por completo de su control. En numerosas ocasiones les dijo que él "prefería vivir en un país en el que no estuviera de acuerdo" con algunas resoluciones judiciales y que ya le ocurrió a él siendo presidente con el Estatuto de Cataluña.
EL MUNDO ya publicó en 2024 la primera versión de la Ley de Amnistía que les remitieron los negociadores socialistas. Estaba fechada el 17 de septiembre de 2023 y excluía por completo los delitos de terrorismo y traición establecidos en el Código Penal. De tal forma que de haberse mantenido invariable aquel documento de 17 folios Puigdemont, cuyo regreso queda allanado por el fallo del TJUE, nunca hubiera podido ser amnistiado.
Las conversaciones con el equipo de Puigdemont, que ahora presume de la confección final de la norma, fue amoldándose a sus exigencias. No en vano, se llegaron a intercambiar ambas partes más de dos decenas de versiones en la que finalmente se situó el derecho comunitario como referente en sustitución del Código Penal español.