La trama de presunta corrupción liderada por el ex secretario de Organización del PSOESantos Cerdán extendió sus tentáculos más allá del partido y del Gobierno de Pedro Sánchez para alcanzar a las cúpulas de PNV y del PSE-EE. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la concesión de un préstamo de 112,8 millones de euros en 20121 a la empresa vasca Tubos Reunidos salpica al ex presidente del PNV Andoni Ortuzar, al vicelehendakari y secretario general del PSE-EE de Vizcaya Mikel Torres e, incluso, al líder de los socialistas vascos Eneko Andueza. Ortuzar llegó a reunirse con el ex vicepresidente de la Sepi Vicente Fernández y con un directivo de Tubos Reunidos en enero de 2025 para que la empresa vasca no dispusiera de 10 millones de euros que debía entregar a la administración. Torres llegó a intercambiarse 1.288 mensajes con Leire que desde julio de 2024 ejecutaba la «presión política» en beneficio de Tubos Reunidos.
El «informe de avance» -ampliable con investigaciones abiertas- de casi 200 páginas de la UCO describe cómo la trama liderada por Santos Cerdán jugó un papel determinante para que la empresa vasca Tubos Reunidos lograra en 2021 un supercrédito de 112,8 millones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y se beneficiara en 2025 de la reducción de intereses y el impago de 10 millones de euros. El ex vicepresidente de la Sepi Vicente Fernández, la fontanera de Ferraz Leire Díez y el comisionista y socio de Cerdán Antxon Alonso recibieron 247.459 euros de Tubos Reunidos en pagos mensuales de hasta 5.000 euros por sus gestiones políticas en la sombra con empleados públicos y con relevantes políticos vascos como Ortuzar, Mikel Torres o Eneko Andueza.
Fernández, Díez y Alonso comenzaron a trabajar en la trastienda de la Sepi en septiembre de 2020 facilitando información interna sobre la petición de la ayuda de Tubos Reunidos al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), el mismo al que recurrió la aerolínea venezolana Plus Ultra.
La UCO constata en su informe la negativa inicial de la SEPI a otorgar el crédito a Tubos Reunidos hasta que Vicente Fernández recurrió a Antxon Alonso -copropietario de Sernivabar- para que la dirección del PNV interviniera y la Sepi cambiara su criterio. «Hablar tú el martes [con el PNV] y aprobarse el siguiente martes», le escribió el ex presidente de Sepi Vicente Fernández a Antxon Alonso el 13 de julio de 2021.
Pero la intervención del PNV fue más allá. Según la UCO, el ex presidente nacionalista Andoni Ortuzar y su mano derecha Joseba Aurrekoetxea se reunieron en enero de 2025 con Vicente Fernández y el CEO de Tubos Reunidos Carlos de Las Heras para rebajar el pago de intereses por la cuantiosa deuda y, además, librara a Tubos Reunidos de la obligación de entregar de 10 millones de euros a la Sepi obtenidos por la venta de un inmueble en Sestao.
Según el informe de la UCO, los Hirurok (los tres, en euskera) llegaron a ingresar estos 247.459 euros en sucesivos contratos para los que utilizaron una empresa pantalla de Antxon Alonso denominaba Mediaciones Martínez y en pagos directos a Vicente Fernández.
Las gestiones en la sombra de los Hirurok se multiplicaron en 2024 al constatarse que Tubos Reunidos no remontaba y su situación financiera le llevaba al concurso de acreedores. Entonces, según la UCO, Leire Díez «presentó una mayor iniciativa» para implicar a los máximos dirigentes del PNV y del PSOE vasco las gestiones de la trama. Además de mediar entre los directivos de Tubos Reunidos y Andoni Ortuzar, Díez ejecutó un plan de «presión política» que Vicente Fernández plasmó en un documento de julio de 2024 interceptado por la UCO. Uno de sus objetivos fue el vicelehendakari socialista Mikel Torres que acababa de tomar posesión de su cargo.
El 22 de octubre de 2024 Díez le insistió a Torres para que se reuniera con un consejero de Tubos recordándole una conversación que habían mantenido presencialmente. «Me está insistiendo la situación de TTRR es complicada», le dijo Díez a Torres. El vicelehendakari socialista volvió a ser informado por Díez el 7 de noviembre de que Tubos Reunidos estaba a punto de pedir el preconcurso de acreedores. La intensa relación entre Díez y Torres se sustenta, según el informe de la UCO, en los 1.288 mensajes que se intercambiaron desde octubre de 2020 al mes de mayo de 2025. Torres negó ayer en un comunicado haberse reunido con Díez «para el rescate de ninguna empresa». Además, justificó los mensajes porque la fontanera de Ferraz era una «vecina activa» en Portugalete donde Torres fue alcalde hasta junio de 2024.
Díez, además, llegó a preguntar en octubre de 2024 a un consejero de Tubos Reunidos por el resultado de una reunión con Eneko Andueza que el líder del PSE-EE no ha aclarado.
La Guardia Civil descubre contratos irregulares por 2 millones en Corella
La Guardia Civil ha constatado que el Ayuntamiento de Corella presidido por el alcalde Gorka García Izal (Alternativa Corellana Independiente-ACI) gastó más de dos millones de euros durante los años 2023 y 2024 «incumpliendo sistemáticamente la Ley de Contratos». El primer edil de este municipio de 8.000 habitantes recurría al fraccionamiento de contratos para trocearlos por debajo de los 15.000 euros y decidiendo la asignación directa del proveedor. El informe policial, adelantado por el 'Diario de Navarra', advierte de que tanto la secretaria como la interventora municipal ya habían manifestado su oposición a estas prácticas irregulares. Solo la interventora municipal redactó 19 informes de reparo en 2023 y 29 en 2024 contra estas adjudicaciones presuntamente ilegales realizadas por el alcalde. La utilización del fraccionamiento de los contratos se extendía incluso a los servicios básicos municipales como el alumbrado público y de edificios, el suministro de gas, los servicios de limpieza de instalaciones públicas, conserjería y la atención al ciudadano en instalaciones municipales. Hasta las corridas de toros se adjudicaban de forma directa.