- FRANCISCO CABRILLO
En cuanto a la apertura de la economía al exterior España cedió en algunos aspectos, pero el balance es positivo.
El 1 de enero de 1986 fue un día muy importante para la economía española, ya que el país se convirtió en miembro de la Comunidad Económica Europea. Como en la mayor parte de los países del continente, el debate sobre el libre comercio internacional ha ocupado un lugar destacado en nuestra historia económica.
Fracasado el intento liberalizador que tuvo lugar tras la Revolución de 1868, el país acabó orientándose hacia el proteccionismo, lo que condicionaría la evolución de la economía durante muchos años. Ya en 1891, siendo Cánovas del Castillo presidente del Consejo de Ministros, se aprobó un arancel claramente proteccionista, que tendría efectos muy negativos para el progreso del país durante mucho tiempo.
Y la política comercial continuó en esta línea durante más de medio siglo. El nacionalismo de la Dictadura de Primo de Rivera no era, desde luego, el marco más proclive para la liberalización comercial. Y la República se encontró, además, poco más tarde, con las graves distorsiones que causó al comercio internacional el arancel proteccionista Smoot-Hawley en Estados Unidos.
Los primeros años del régimen de Franco se caracterizaron también por el nacionalismo económico; y se llegó incluso a considerar la autarquía como un objetivo hacia el cual se debería orientar la política económica. La idea era absurda, ciertamente. Pero habría que esperar hasta 1959 para que, tras la aprobación del Plan de Estabilización, la economía española comenzara un proceso de apertura al exterior, en el cual sería un hito indiscutible el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea
España había iniciado su relación con la Comunidad mucho tiempo antes; y en 1970 se había firmado un importante Acuerdo Comercial Preferencial, que abriría el camino hacia la plena integración. Pero ésta sólo se completaría una vez restablecida la democracia e introducidas las reformas económicas exigidas por la CEE. En 1977, el gobierno de España presentó una solicitud formal de adhesión; y en 1979 abrirían unas largas negociaciones que culminarían seis años más tarde con el acuerdo finalde integración.
Uno de los resultados más relevantes de la incorporación a la CEE ha sido un cambio sustancial en el marco institucional en el que se diseña y se gestiona la política económica en nuestro país. Los efectos de ello son evidentes en numerosos campos. En primer lugar, como se ha señalado antes, el país se abrió al exterior en un grado mucho mayor que lo que se había conocido hasta entonces. Los aranceles y otras muchas restricciones en el comercio con los restantes países de la CEE desaparecieron. Y la política comercial exterior con terceros países pasó a ser competencia de la Comunidad.
Por otra parte, la regulación de la economía española quedó condicionada en buena medida, y de forma por lo general positiva, por las normas europeas. Es evidente que la CEE -Unión Europea desde 1993- no es precisamente un ejemplo de economía con bajo nivel de regulación. Pero la experiencia muestra que, cuando ha sido el Estado español el que ha decidido qué y cómo regular, los resultados han sido aun peores.
Más tarde, le llegó el turno a la política macroeconómica, como consecuencia de la integración en la Unión Monetaria. Al formar parte de ella desde su creación en 1999 España renunció a su soberanía monetaria; y su política fiscal pasó a estar condicionada -al menos parcialmente- por las reglas de estabilidad, referidas básicamente a las cifras de déficit y de deuda pública. Las restricciones europeas suponían limitar la discrecionalidad de los estados miembros en su política fiscal. Lo cual resultaba, sin duda, muy conveniente para un país como España, poco amigo tradicionalmente de la ortodoxia financiera en su sector público.
Es cierto que la política de la Unión Monetaria Europea ha sido a veces poco coherente; incluso bastante decepcionante en algunos momentos. Pero no cabe duda de que, sin el abandono de la peseta y sin la existencia de reglas europeas de estabilidad financiera -aunque en ocasiones fueran relajadas en exceso- nuestras tasas de inflación habrían sido mucho más altas y la situación de nuestras finanzas públicas sería hoy significativamente peor de lo que es.
¿Cómo podemos valorar los efectos de esta integración, que ya ha cumplido cuatro décadas? Como siempre sucede en estos casos, hubo, en su momento, críticas por parte de quienes veían que la entrada en la CEE era equivalente a sacrificar sectores enteros de la economía nacional, especialmente en la industria. Pero es indiscutible que los resultados han sido globalmente muy positivos; hasta el punto de que hoy resulta impensable imaginar a España fuera de la Unión.
No es sorprendente. Si algo nos enseña la historia es que cuando España se ha encerrado tras sus fronteras, la economía ha funcionado peor que cuando se ha abierto al mercado internacional. La teoría económica afirma que un proceso de integración regional es un segundo óptimo frente a una apertura plena al comercio. Pero también concluye que puede ser una forma eficiente de abrir la economía de un determinado país. España es un ejemplo claro de ello.
Francisco Cabrillo | Catedrático Emérito de Economía de la Universidad Complutense. Fundación Civismo
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