- El Gobierno acelera su agenda en julio con la vista en el próximo ciclo electoral
- Editorial. Ni apoyos ni margen fiscal para gastar más
Moncloa busca apoyo a la congelación de alquileres, la reforma de la financiación y el nuevo techo de gasto.
Moncloa trata de acelerar su agenda legislativa en lo que resta del mes de julio para dotar su relato de que la legislatura no está muerta y de que el Gobierno aún es capaz de sacar adelante sus iniciativas políticas de calado.
Por eso, trata de reactivar la congelación de los alquileres defendida por Sumar que ya tumbó el Congreso el pasado mes de abril; la reforma de la financiación autonómica como fórmula para recuperar el apoyo perdido de sus socios parlamentarios por la cascada de casos de presunta corrupción que implican al Ejecutivo; la aprobación de un techo de gasto histórico que sustente unos Presupuestos de 2027 dadivosos en pleno año electoral -cuando se celebran autonómicas, municipales y generales-, o la solicitud del último desembolso de fondos NextGeneration que permita disponer del mayor volumen posible de recursos comunitarios en un contexto en el que, según la Airef, el supervisor de las finanzas públicas, será necesario un ajuste del gasto estructural de 10.000 millones de euros.
Para todo ello pretende conseguir luz verde en el último pleno extraordinario de la Cámara Baja habilitado este mes, fuera del periodo ordinario de sesiones, previsto para el próximo jueves. Además, está en curso el endurecimiento del registro horario obligatorio para las pymes, que al hacerse a través de una modificación del reglamento una vez que se descartó la posibilidad de aumentar las multas no precisa del refrendo parlamentario. Y por ese motivo se aplazará hasta el Consejo de Ministros del día 28, tras el que Sánchez realizará su tradicional balance del curso político.
El presidente del Gobierno necesita "engordar" el saldo legislativo de unos meses que han sido yermos en reformas estructurales debido a su debilidad parlamentaria y por las crecientes exigencias de sus aliados separatistas, que han empezado a marcar distancias con él debido a la sucesión de escándalos e investigaciones judiciales en las que se está viendo envuelto el PSOE.
Al respecto, en Moncloa confían en que la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Ley de Amnistía en la que descarta que sea contraria al derecho comunitario facilite la vuelta a España del fugado líder de Junts, Carles Puigdemont, después de nueve años y contribuya a restañar la confianza perdida entre ambos a fin de recuperar su apoyo en el Congreso de los Diputados, que resulta imprescindible para sacar adelante todas las medidas pendientes.
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