- ANDRÉS STUMPF Bruselas
La Comisión Europea afronta su gran reforma del mercado de derechos de carbono europeo con el objetivo de dar aire a la industria comunitaria sin abandonar por completo el camino de la transición ecológica.
La Comisión Europea da un gran giro a su ambición verde y pasa del palo a la zanahoria. Bruselas ha presentado hoy la esperada reforma del mercado de derechos de carbono, el instrumento clave para la transición verde de la economía comunitaria y que diferentes países habían señalado que estaba ahogando a la industria.
ETS, como se conoce a esta herramienta, se basa en el cobro de una tasa por el derecho a emitir de dióxido de carbono. El plan de la Comisión Europea pasaba por el reparto de derechos gratis a las empresas que se iría reduciendo con el tiempo hasta 2039, cuando la contaminación pasaría a ser enteramente de pago. Además, el número total de derechos nuevos también iría reduciéndose para presionar por el lado de la oferta a que contaminar sea más caro.
Actualmente, el 57% de todos los derechos se subastan, mientras que el 43% se otorgan de forma gratuita.
Con la nueva reforma, sin embargo, Bruselas propone reducir el ritmo al que disminuye la emisión de nuevos derechos, también los gratuitos. La asignación de estos últimos, eso sí, se condicionará a que las empresas involucradas presenten un plan de inversiones. Se espera que esta medida de aire a la industria, algo que habían solicitado especialmente los países del norte de Europa, que concentran el mayor peso de las compañías afectadas.
"No se trata de un debate sobre más o menos ambición climática. Se trata de cómo alcanzar de forma eficiente en costes el objetivo acordado para 2040, a saber, una reducción de emisiones del 90%", aseguran fuentes comunitarias. El sistema ETS impacta en los sectores responsables en la actualidad del 40% de todas las emisiones del continente, es decir, la generación de electricidad, cemento y metalurgia, químicos y textiles, aviación y transporte marítimo.
Inversiones
Las asignaciones gratuitas dejarán de ser simples protecciones contra la fuga de carbono para convertirse en "asignaciones de inversión". En ese sentido, la reforma de la Comisión Europea detalla que las empresas recibirán el 80% de sus derechos gratuitos anualmente tras publicar un plan de inversión en descarbonización avalado por su junta directiva. El 20% restante se retendrá y solo se entregará tras la implementación y publicación de las inversiones y las reducciones de emisiones reales en un ciclo de cinco años
Además, y en línea con los movimientos que ha realizado Europa para retener talento y ganar autonomía estratégica, se incluye una medida para que las empresas que abandonen Europa deban devolver las asignaciones gratuitas recibidas.
"La propuesta aúna tres objetivos clave: acción climática, competitividad e independencia. Impulsa la acción climática al transformar, al mismo tiempo, ETS en un auténtico motor de innovación e inversión", ha asegurado Wopke Hoekstra, comisario de Acción por el Clima, Emisiones Netas Cero y Crecimiento Limpio
Pagar para dejar de contaminar
Los Estados miembros reciben cerca del 80% de los ingresos de las subastas, mientras que una parte se destina al presupuesto de la UE como recursos propios. Con la reforma que propone la Comisión Europea, se exigirá que al menos el 50% de los ingresos nacionales generados por las subastas del ETS regrese a los sectores que pagan el sistema para apoyar su descarbonización con el objetivo de que se invierta en tecnologías que les ayuden a afrontar la transición ecológica.
"Queremos continuar con el principio de 'quien contamina, paga', pero queremos añadirle otro parámetro muy importante: 'a quien contamina también se le paga para que deje de contaminar'", explican fuentes comunitarias.
En una apuesta por la cohesión territorial de la Unión Europea y con un guiño a los países más pobres que afrontan serias dificultades para la descarbonización, Bruselas propone reservar 280 millones de derechos para los 12 Estados miembros de menores ingresos, centrándose en la transición energética, redes y captura de carbono, pero prohibiendo estrictamente cualquier inversión en infraestructuras de combustibles fósiles.
"Estamos sentando las bases de la futura economía de la UE, al tiempo que garantizamos la equidad para las personas y las empresas", ha indicado Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva.
Bruselas confía en que la reforma pueda estar en funcionamiento para 2028 después de pasar por el proceso de negociación necesario entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.
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