La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, afirmó ayer en TVE que le "encantaría" aplicar el artículo 155 de la Constitución para intervenir la Comunidad de Madrid por su negativa a aplicar la Ley de Vivienda.
Es verdad que la respuesta de Rodríguez estuvo inducida por la propia entrevistadora, que le requirió "otra solución" para obligar a las comunidades del PP a aplicar esa norma, pero resulta muy grave que un miembro del Gobierno sugiera siquiera una aberración jurídica como vulnerar el Estado de Derecho de forma tan flagrante.
Nuestra Constitución otorga a las comunidades autónomas plenas competencias en materia de vivienda, reservando al Estado la capacidad de establecer el régimen jurídico básico y algunas competencias indirectas al respecto. Por tanto, el Estado no puede imponer la aplicación de la Ley de Vivienda estatal.
De hecho, la mayoría de las comunidades no la han puesto en marcha por considerarla totalmente contraproducente e ineficaz para hacer frente al problema. Son sus competencias y están en su derecho. Y, además, los datos les amparan para hacerlo porque, allí donde se ha aplicado, la norma ha resultado ser un auténtico desastre.
El problema de la vivienda en España es que en un gran número de ciudades hay mucha mayor demanda que oferta, y eso solo se soluciona incrementando el número de pisos. La intervencionista ley estatal es claramente contraproducente: reduce la oferta, haciendo más complicado aún el acceso para las personas más vulnerables. Con amenazas como la de Rodríguez a Madrid se ahuyenta la inversión necesaria para construir más viviendas.
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