«Esto no avanza como quisiéramos». Así describen fuentes bien informadas a este periódico el estado de ánimo que existe los cuarteles generales tanto del Partido Popular como de Vox en Extremadura con respecto a las negociaciones que comenzaron ambos partidos esta semana para la formación de gobierno y que tienen como primera prueba de fuego este próximo martes con la constitución oficial de la Asamblea de Extremadura.
Los encuentros se están realizando con la máxima discreción posible y sin apenas filtraciones. En un lado de la mesa, la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, junto al secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista. En el otro, Monserrat Lluís, secretaria general adjunta y vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno de la formación de Abascal, y Óscar Fernández, el candidato de Vox. Hay sigilo y cautela, pero a pesar de las divergencias parece que, por el momento, no hay riesgo de ruptura.
Los planteamientos de «máximos» efectuados por Vox siguen chocando con un acuerdo a corto plazo. Hay una voluntad «clara» entre las partes de llegar a un pacto, pero de momento para Guardiola muchos de estos planteamientos de su futuro socio quedan, a día de hoy, lejos poder ser asumidos: «Buena parte de las solicitudes de Vox son vistas, al menos por ahora, desproporcionadas. Se está en un tira y afloja y en cuestiones claves las posiciones están distancias, aunque no hay riesgo de ruptura», aseguran fuentes de toda solvencia.
Como ejemplo, se encuentra la reducción del número de diputados en la Asamblea de Extremadura, establecido ahora mismo en 65 (36 por Badajoz y 29 por Cáceres). La propuesta del partido de Abascal es reducirlo a 33, prácticamente la mitad. Así venía reflejado en su programa electoral y Vox se siente legitimado para exponerlo en las negociaciones debido a que tiene ahora el doble de fuerza que hace dos años: de 5 a 11 diputados. Si María Guardiola finalmente lo acepta, se tendría que reformar la Ley Electoral de Extremadura, que precisa una mayoría cualificada que sí tiene la suma entre ambas formaciones en el parlamento extremeño. En cualquier caso, entraría en vigor en la siguiente legislatura, la de 2030, y no ahora.
Este desencuentro, y otros similares, no desembocan en que la tensión sea máxima ni que hay riesgo de ruptura, al menos no todavía. «Estamos condenados a entenderse, no les queda otra salida, nadie entendería lo contrario y que se fuese a una repetición electoral, eso sería un auténtico fracaso», apunta un dirigente del PP. El tiempo, en esta ocasión, sí juega a favor de Guardiola, y no como en 2023, a no tener la premura de llegar a un acuerdo para el reparto de la Asamblea. Entonces, el PSOE, como la lista más votada, se hizo con la presidencia del parlamento regional y con la mayoría de la Mesa aprovechándose del primer gran desencuentro entre Guardiola y Vox. Ahora, aunque no sellen su acuerdo de aquí a comienzos de semana, el PP dominaría el hemiciclo al ser la lista más votada. De hecho, el riesgo lo tiene Vox, porque si pactan PSOE y Unidas Podemos, el partido de Abascal se podría quedar sin obtener las secretarías y verse así fuera del control de la Mesa del parlamento.
«Ahora, nosotros no tenemos prisa en las negociaciones, aunque nos gustaría tenerlo cuanto antes para dejar atrás este periodo de incertidumbre», señalan fuentes de los populares. Vox, en cambio, y con las elecciones de Aragón a la vuelta de la esquina, y salvo para el control de la Asamblea, no le urge el acuerdo. Así las cosas, Guardiola podría estar barajando el nombre de Abel Bautista para presidir la cámara regional. Bautista es el secretario general del partido y la última legislatura ha ostentado la consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social.
Sin embargo, los estatutos internos del PP a nivel nacional, reformados el pasado mes de julio -aunque hay excepciones para circunstancias especiales- impiden a los secretarios generales tener competencias en la gestión pública de los gobiernos. De forma paralela, también se está negociando la cesión del senador autonómico, como ocurrió en la legislatura anterior, que corresponde tras las elecciones al Partido Popular, pero que le cedió entonces a Vox para que Ángel Pelayo ocupara ese puesto. Ahora puede ocurrir de manera similar, aunque no urge de cara al martes.
En cuanto al gobierno de coalición, las negociaciones van lentas y sin entrar a fondo aún den detalles. Ambas formaciones sí parecen estar cerca en sintonía y todo indica que Vox podría entrar con una vicepresidencia y dos consejerías; una de ellas podría ser Agricultura, esta vez con todas sus competencias y no como en la vez anterior donde Guardiola desgajó la misma para incluir una nueva, la de Gestión Forestal y Mundo Rural, aunque en las competencias agrarias Guardiola tiene como máxima responsable a Mercedes Morán, una de las personas de su máxima confianza.
En cualquier caso, por encima de cuestiones puntuales y las medias concretas que exige Vox en su programa de 200 puntos (eliminación de las subvenciones a sindicatos y patronal, derogación de la Ley LGTBI y de la agenda 2030, entre otras cuestiones) , Guardiola se ha propuesto una legislatura sin sobresaltos y un acuerdo «en bloque», que incluya también los presupuestos de los cuatros años para alcanzar una estabilidad política y social y encarar con tiempo sus políticas con un recorrido por lo menos a medio plazo.