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La Comisión Europea enviará un dictamen motivado antes de que acabe el mes.
Bruselas lo tiene claro: España debe modificar las leyes nacionales que permitieron que trabara la opa de BBVA sobre Sabadell el pasado año y que, a su juicio, chocan con el derecho comunitario. Así se lo va a comunicar formalmente la Comisión Europea al Gobierno a través del dictamen motivado que pretende enviarle antes de que finalice el mes, según han confirmado a EXPANSIÓN fuentes cercanas al proceso.
Esto supone escalar el expediente a una segunda fase y da un plazo de dos meses al Gobierno para explicar los cambios en la normativa que pretende introducir para volver a alinearse con la legislación europea.
El Gobierno ha tenido tiempo desde que en julio se le abriera el procedimiento de infracción para convencer a la Comisión Europea de que sus leyes estaban alineadas con la normativa europea, pero no lo ha conseguido. Según señalan desde el Ministerio de Economía, "se ha trasladado a la Comisión todas las explicaciones necesarias relativas al expediente, que se refiere al supuesto desalineamiento con la normativa europea".
En su última interacción, España comprometía que "a futuro, en el contexto de la transposición de la nueva Directiva de Requerimientos de Capital (CRD VI), se adaptará la normativa doméstica para garantizar la competencia exclusiva del BCE y del Banco de España en materia de supervisión prudencial, sin perjuicio del papel de otras autoridades en el marco de sus competencias, como es el caso de la CNMC".
Pero Bruselas tiene muy localizados los puntos de fricción que quiere solventar y que van más allá de la transposición de la directiva. Bajo su punto de vista, "determinadas disposiciones de la legislación española bancaria y de competencia, que otorgan al Gobierno español poderes para intervenir en fusiones y adquisiciones de bancos, afectan a las competencias exclusivas del BCE y de los supervisores nacionales".
Asimismo, destacan que "es cuestionable que el requisito de que dos bancos se mantengan como entidades legales separadas durante tres años [como obligaba el Gobierno a BBVA] aborde objetivos de orden público o seguridad legítimos que no estén ya protegidos por instrumentos legislativos europeos".
La Comisión Europea pide una profunda modificación de la disposición adicional decimosegunda de la Ley 10 de 2014 y en artículo 11 del real decreto ley 84 de 2015 para retirar ese poder de veto sobre operaciones bancarias. Además, el Ejecutivo comunitario también considera que los artículos 60 y 10.4 de la Ley de Defensa de la Competencia de 2007, que confieren la capacidad de endurecer o suavizar las condiciones de una operación corporativa en base al interés general, deben matizarse y orientarse.
El Ministerio de Economía señala a EXPANSIÓN que "es una normativa que lleva bastantes años vigente y que se ha aplicado desde entonces en varias ocasiones" y subraya que "estamos plenamente convencidos de la compatibilidad de la normativa española con la europea".
El TJUE, en el horizonte
El envío de un dictamen motivado es el paso previo al envío del caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Cuando la Comisión lleva a un país de la UE ante los tribunales, propone que se impongan sanciones económicas, que pueden consistir en una multa única o en una penalización periódica.El monto de las sanciones se calcula teniendo en cuenta la importancia de las normas infringidas y el impacto de la infracción, el período de inaplicación del Derecho de la UE y la capacidad de pago del país, garantizando así el efecto disuasorio de las multas.
Dado que el Gobierno sigue convencido de que sus normas son correctas y que la Comisión insiste en lo contrario, parece inevitable que el expediente acabe en el TJUE.
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