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La Comisión Europea acelerará los permisos para estos proyectos, considerados una prioridad política en el bloque comunitario y que requerirán inversiones por 1,2 billones.
Coger el toro por los cuernos y hacerlo de forma urgente. Esa es la decisión de la Comisión Europea, que ayer presentó un plan para acelerar los procesos de interconexión del bloque comunitario y acabar con los nudos energéticos que tienen aislada a España, entre otras regiones.
La Comisión Europea, tal y como adelantó en septiembre su presidenta, Ursula von der Leyen, ha designado ocho grandes autopistas energéticas como proyectos prioritarios para mejorar las interconexiones energéticas del bloque. De ellas, dos pasan por España.
Bruselas quiere ejercer un mayor control sobre el proceso y coordinar los esfuerzos de los Estados miembros por avanzar hacia una correcta conexión energética. Aunque los países seguirán teniendo soberanía sobre los proyectos que pasen por su territorio, el Ejecutivo comunitario considera que una estrategia más centralizada puede ayudar a desatascar la situación. Por el momento, el 45% de las necesidades de capacidad eléctrica transfronteriza seguirá sin atenderse en 2030 y que muchos países están camino de quedare lejos del objetivo de interconexión del 15% para esa fecha.
"Ahora mismo estamos haciendo un puzle sin mirar la imagen que viene en la caja. Podemos cambiar eso", indicó Dan Jørgensen, comisario de Energía y Vivienda de la Comisión Europea. Según los cálculos del Ejecutivo comunitario, una mayor coordinación podría ahorrar 560.000 millones de euros en un proceso que requerirá inversiones por más de 1,2 billones de euros.
De esa cuantía, Bruselas aportará 30.000 millones de euros si logra sacar adelante su nuevo Marco Financiero Plurianual (MFF, por sus siglas en inglés). El resto, tendrá que movilizarse entre los Estados Miembros y, sobre todo, el sector privado creando unas condiciones favorables para que deseen abordarlo.
"Proponemos que la Comisión Europea desarrolle un escenario central para nuestras redes energéticas: identificar qué necesitamos, dónde lo necesitamos y cuándo lo necesitamos", aseguró Jørgensen, que indicó que "si bien supone dar más poder a la Comisión, es una decisión con la que todos ganarán".
Una parte muy relevante del plan presentado por la Comisión Europea pasa por la agilización de los permisos para abordar proyectos de interconexión energética. El Ejecutivo comunitario fija en su nuevo marco un límite máximo de dos años para conceder la luz verde o de tres en caso de que se trate de proyectos especialmente complejos, lo que acelerará en gran medida la materialización de proyectos.
Según señalan fuentes del sector, los permisos consumen aproximadamente la mitad de todo el tiempo dedicado a la puesta en marcha de nuevas interconexiones eléctricas en periodos que se alargan entre cinco y diez años de media.
En ese sentido, la Comisión insta a que los países designen lo que denomina como Autoridad Nacional Competente para que se convierta en un punto único de contacto para los promotores de proyectos durante el proceso de concesión de permisos, respondiendo a sus consultas y mediando todos los contactos con las autoridades implicadas.
A solicitud de los Estados Miembros, la Comisión puede actuar como facilitadora para apoyar la cooperación entre las autoridades nacionales competentes involucradas en proyectos transfronterizos. Su misión en este ámbito será ofrecer una opinión y hacer recomendaciones sobre aspectos de procedimiento en los que puede haber cierto roce que retrasen los proyectos.
Desatascar procesos
El rol más protagonista de la Comisión Europea tiene también como objetivo terminar de desatascar los proyectos de interconexiones energéticas que han quedado en el limbo por falta de apetito político de una o varias partes. Es lo que ha ocurrido con Francia, que durante años ha paralizado gran parte de los intentos españoles de conectarse a la red energética europea. París podrá seguir bloqueando estos proyectos, pero la presión se eleva al considerarlos la Unión Europea una prioridad política y pública. Para lidiar con estas situaciones, el Ejecutivo comunitario podrá nombrar una suerte de figura que actúe como mediador. Este coordinador europeo, como lo denomina la legislación, actuará "cuando un proyecto de interés común o de interés mutuo enfrenta dificultades o retrasos significativos en su implementación".
Entre sus funciones destacará promover el diálogo entre los promotores y los diferentes Estados Miembros y discutir rutas alternativas si fuera necesario y un ejercicio de asistencia y coordinación para el proyecto. El coordinador se designará por un período de hasta un año, renovable dos veces.
"Creo que probablemente no estoy ofendiendo a nadie al decir que a veces Francia ha dudado para tener más interconexiones. Pero incluso un país como Francia podría evitar 40 apagones al año si estuviese más conectada con sus vecinos", recalcó Jørgensen.
Dos proyectos pasan por España
Dos de las ocho autopistas energéticas que identifica la Comisión como cuellos de botella que se deben desatascar para mejorar las interconexiones en Europa afectan a España.
La primera de ellas es la que engloba las infraestructuras de alta tensión que atraviesan el Pirineo través de Navarra y de Aragón para conectar con Francia la red eléctrica española y lograr que, junto con Portugal, deje de ser una isla en el bloque.
El otro proyecto es el Corredor del Hidrógeno del Suroeste, que busca conectar Portugal, España, Francia y Alemania con tuberías para el transporte de hidrógeno verde y que abarcaría el hidroducto H2Med que conectará Barcelona con Marsella.
La hoja de ruta de la Comisión Europea no contempla el proyecto del golfo de Vizcaya, que ya goza de trato preferente al ser un Proyecto de Interés Común.
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