Comisiones Obreras, uno de los sindicatos firmantes del acuerdo marco con el que el Gobierno negocia las condiciones salariales y laborales de las plantillas públicas de la Administración Central, asegura que Función Pública está bloqueando la puesta en marcha de la jornada de 35 horas para los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) que se preveía que entrase en vigor en marzo.
CCOO asegura que la Administración les ha comunicado que "no está en condiciones" de reinstaurar la jornada de 35 horas semanales en la Administración Central, medida que forma parte del acuerdo marco para los próximos tres años y cuya aplicación se estaba concretando y se preveía que entrase en vigor esta primavera, concretamente en marzo, según adelantaba la semana pasada la parte sindical de la mesa de negociación.
"La Administración vuelve a incumplir lo firmado y bloquea la aplicación de las 35 horas para el personal de la AGE con excusas injustificadas", señala CCOO, uno de los sindicatos de Función Pública que forman parte de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI junto con UGT y CSIF.
"La Administración nos había convocado este lunes 23 de febrero a una reunión de urgencia para abordar la aplicación de las 35 horas, pidiendo que le enviáramos antes de la reunión una propuesta de redacción", detalla el Sector Estatal de la Administración General del Estado de la FSC de CCOO en un comunicado.
"CCOO trasladó su propuesta entendiendo que la Secretaria de Estado de Función Pública es el órgano superior de la política de personal de la AGE y como tal, con competencia para establecer la jornada máxima anual correspondiente a las 35 horas semanales para todos los departamentos ministeriales y organismos públicos del Estado (sin exclusiones), sin perjuicio de las adaptaciones que tengan que realizarse en el caso del personal con jornadas u horarios especiales".
"La sorpresa surge", continúa CCOO, "cuando la Administración comunica que "no está en condiciones de abordar está cuestión que tienen firmada hace más de tres años, bloqueando las 35 horas para la Administración del Estado con excusas de mal pagador".
Estre sindicato subraya también que "no queda claro que toda la parte social esté dispuesta a defender las 35 horas" y señala concretamente que CSIF plantea una norma básica con rango de ley para los colectivos excluidos del ámbito de aplicación de la resolución de 28 de febrero de 2019 de jornada y horarios (personal civil de la AGE de Instituciones Penitenciarias, docencia y sanidad)". Para CCOO, apostar por esta vía supone que las 35 horas no verán la luz en esta legislatura, "ya que no hay mayoría parlamentaria para que una ley salga adelante".
Desde CCOO defienden que "no es necesaria una Ley para reducir la jornada laboral, se puede hacer en la Resolución de jornada y horarios de la Secretaría de Estado de Función Pública o mediante Real Decreto-Ley en el siguiente Consejo de Ministros si tuvieran voluntad para ello".
Recuerda que "ya lo hicieron así en 2012 para subirnos la jornada laboral y hacer frente a la crisis económica, y en ese momento no hubo exclusiones". "Otro ejemplo son los incrementos retributivos, que se están aplicando para TODOS sin que se aprueben en una ley". De todo ello se deduce que "quieren aplicar una jornada de 35 horas sin coste económico, redistribuyendo las cargas de trabajo entre el personal existente".
"Llevamos 13 años con la misma jornada laboral, desde entonces las plantillas de la AGE siempre han estado a la altura en las diferentes crisis económicas, sanitarias, etcétera. "Sin embargo, cuando desde el gobierno se hace gala de los buenos datos macroeconómicos del país, éstos no se quieren redistribuir entre el personal de la AGE, que recordemos cuenta con los salarios más bajos de todas las administraciones públicas", finaliza este sindicato, que estudia ya una convocatoria de movilizaciones.
La comisión permanente de negociación de la Administración General del Estado (AGE) reunida la semana pasada había decidido elevar la jornada laboral de 35 horas semanales al calendario de reuniones de la mesa general con el objetivo de que la resolución fuera publicada antes de que terminase marzo.
La jornada de 35 horas en la Administración del Estado entrará en vigor en entrará en vigor finalmente en marzo. A los funcionarios de prisiones, docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla les llegará, previsiblemente, un mes después, en abril.
UGT señalaba la sema que la medida se aprobaría inmediatamente después de acordarse el texto con los sindicatos con lo que la medida, para la que no estaba previsto incrementar la contratación, se aplicaría ya en marzo a todo el personal del sector público estatal, salvo a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias y los docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla, ya que que tienen una instrucción específica y para las que se requiere negociar pactos anuales, con los que a estos colectivos les llegaría un mes después, en abril, explicaron la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, y el secretario de la AGE de UGT Servicios Públicos, Carlos Álvarez, en un encuentro con medios.
El Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública inició el mes pasado los trámites del procedimiento para reimplantar la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) de forma definitiva, el primer compromiso del acuerdo firmado con los funcionarios tras la subida de los sueldos públicos que forma parte del Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía suscrito por CSIF, UGT y CCOO. Para aprobar esta cuestión, la primera que quedó pendiente tras la subida de sueldo del 11,4% de los funcionarios durante los próximos tres años, UGT también señalaba que había que modificar la instrucción de jornada y horarios de la AGE.
La Administración no ha confirmado todavía una fecha exacta para su entrada en vigor, pero según este sindicato, ya antes de las fiestas navideñas se había comprometido a que fuera entre los meses de febrero y marzo".
La mayoría de las administraciones públicas autonómicas y locales ya recuperaron esta jornada máxima de 35 horas, que se amplió a 37,5 entre otras políticas de austeridad tras las crisis de 2008, pero su puesta en marcha en la Administración Central se ha retrasado durante años.
El Acuerdo Marco anterior al ahora vigente y que venció en diciembre de 2024 ya contemplaba con carácter general la implantación o recuperación de la jornada de 35 horas semanales, aunque cada Administración Pública, en el ejercicio de sus competencias de autoorganización, debe negociar su aplicación.
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