Hacienda rebaja del 21% al 10% el IVA de luz, gas y combustibles, mientras reduce el Impuesto de Hidrocarburos al mínimo europeo, buscando abaratarlos hasta en 30 céntimos por litro.
"España se convertirá en el país con el mayor escudo social y económico de toda la UE en respuesta a esta guerra ilegal que no avalamos. Sus medidas estarán vigentes el tiempo que sea necesario. Y si las circunstancias requieren ampliarlas, lo haremos", prometió el viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitiendo que en todo caso "ningún plan, por ambicioso que sea, podrá neutralizar" totalmente las "réplicas de un terremoto económico a escala global" que ha disparado el precio del barril de Brent sobre los 100 dólares, un 25% la gasolina y un 40% los fertilizantes.
"El Gobierno va a movilizar todos los recursos necesarios para proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y a la industria española", aseveró Sánchez, al término del convulso Consejo de Ministros que aprobó el plan de respuesta del Ejecutivo a las consecuencias económicas de la guerra de Irán. El paquete está compuesto de 80 medidas, en vigor desde este domingo, fundamentalmente dirigidas a rebajar en 5.046 millones de euros la carga fiscal de carburantes y luz para paliar la inflación que deja el conflicto en Oriente Próximo.
El lote de medidas del Gobierno, inspirado en el desplegado en 2022 tras la invasión rusa sobre Ucrania, beneficiará a los 20 millones de hogares y 3 millones de empresas. El lote conlleva rebajas fiscales por 2.500 millones, 800 millones en apoyo a la agricultura, 700 para industria y turismo, 500 al transporte y otro tanto en transición ecológica.
Las medidas fiscales estarán en vigor hasta el 30 de junio incluido. Sin embargo, el plan incluye una cláusula de desactivación: las rebajas tributarias decaerán desde el inicio de junio si el IPC de luz, gas o carburantes crece menos del 15% interanual en abril, cuyo dato definitivo se conocerá en mayo.
Para empezar, el plan conlleva una rebaja del 60% en los impuestos de la electricidad, incluyendo una rebaja del IVA de la luz del 21% al 10%; la reducción del 5,11% al 0,5% del impuesto especial sobre la electricidad (IEE) y la suspensión temporal del impuesto del valor sobre la producción de energía eléctrica (IVPEE) del 7%. A su vez, se reducirán del 21% al 10% el IVA del gas natural, los pellets y leña, mientras que se congelará del precio máximo de venta del butano y propano.
La industria electrointensiva, por su parte, disfrutará de una bonificación del 80% en los peajes eléctricos que le ahorrará unos 200 millones de euros.
En paralelo, con el objetivo de rebajar hasta en 30 céntimos el litro de carburante (o unos 20 euros por depósito de automóvil), Hacienda impulsa una bajada del 21% al 10% en el IVA del gasóleo, la gasolina y otros hidrocarburos mientras que rebaja el Impuesto de Hidrocarburos, hasta el mínimo permitido en la UE. En concreto, siguiendo los límites establecidos en la directiva europea en la materia, España podrá bajar la carga fiscal desde del gasóleo hasta en 4,9 céntimos por litro y la del gasolina sin plomo hasta en 14,5 céntimos. Como el IVA se aplica tras este impuesto, su carga también baja.
Como anticipó el viernes EXPANSIÓN, el Gobierno ha optado por tirar de palancas fiscales para rebajar el coste de los carburantes tras descartar la aplicación de una bonificación general de 20 céntimos por cada litro de combustible similar a la desplegada en 2022, por su elevado coste -de unos 6.000 millones- y las escasas garantías de que la medida acabase trasladada a precios. En esta ocasión, el Ejecutivo ha reservado esta vía para compensar a los sectores económicos más afectados, aprobando una ayuda de 20 céntimos por litro de combustible profesional para los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. También se ha adoptado una bonificación equivalente para la compra profesional de fertilizantes.
Esta última ayuda será abonada por la Agencia Tributaria o, en su caso, por las administraciones forales correspondientes en País Vasco y Navarra, a través de la liquidación del gasóleo profesional. En el caso de taxis, ambulancias y otros transportes ajenos se harán pagos a tanto alzado sobre la base de 2025. El objetivo de que "esos sectores tan importantes puedan capear esta crisis y para contener todo lo posible los precios de la cesta de la compra". De momento, en todo caso, el Gobierno ha evitado aprobar una rebaja del IVA de los alimentos, alegando que la cesta de la compra aún no se ha visto impactada por el encarecimiento de la energía.
Control de márgenes
"Cada euro del plan debe volver a los contribuyentes", reivindicó Sánchez, advirtiendo de que combatirá a quienes "por pura codicia intenten sacar tajada", aprovechando las rebajas fiscales para aumentar sus márgenes empresariales. En este sentido, el Ministerio de Economía se servirá de herramientas de Inteligencia Artificial para supervisar la evolución de los precios de los carburantes aplicados en las 12.600 estaciones de servicio del país. Una vigilancia que ejercerá junto Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a la que se dota de nuevas capacidades de supervisión y sanción, "para evitar eventuales abusos".
Más allá, el Gobierno ha optado por dar mayor flexibilidad por ley a las empresas y autónomos en los contratos de suministro energético.
El paquete también incluye la extensión del bono social eléctrico (descuento del 42,5% para vulnerables y 57,5% para casos severos), el incremento de la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y la prohibición del corte de suministros básicos (agua y energía) a hogares vulnerables para todo el año.
Este Real Decreto-ley, negociado con agentes sociales, sectores empresariales y grupos políticos, será previsiblemente avalado por el Parlamento el próximo jueves, donde se votará de forma urgente, mientras que un segundo decreto sobre vivienda (ver información adjunta) exigido in extremis por Sumar al PSOE para congelar el precio de los alquileres tiene escasos visos de ser ratificado.
"Paquete masivo de deducciones en IRPF" sobre placas solares, coche eléctrico y puntos de recarga
"El fuerte crecimiento de nuestra economía, el rigor fiscal en nuestras cuentas públicas y nuestra apuesta decidida por las energías limpias hacen que estemos mejor preparados que casi ningún otro país de nuestro entorno" para afrontar las consecuencias de la guerra en Irán, sostuvo el viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al presentar su plan de respuesta. "De esta crisis vamos a salir más fuertes Con más resiliencia económica, más sostenibilidad medioambiental y más justicia social", prometió, detallando que más allá de las medidas coyunturales de urgencia en apoyo a hogares y empresas, su repuesta incluye medidas estructurales y estratégicas orientadas a impulsar la soberanía energética y convertir a España "en un país cada vez más resiliente a este tipo de crisis externas".
En este terreno, Sánchez anunció la entrada en vigor de "un paquete masivo de deducciones en el IRPF" para la instalación de placas solares, puntos de recarga y la sustitución de calderas por bombas de calor, la puesta en marcha de nuevas ayudas para la climatización de edificios o la agilización en la instalación de energías renovables.
El Gobierno, de hecho, ha aprovechado el Real Decreto-ley de medidas frente a la guerra para rescatar la parte menos controvertida de las medias del decreto ómnibus de cierre de 2025 que el Parlamento le ha tumbado en dos ocasiones. De esta forma, se reactivan las deducciones en el IRPF del 15% para la compra de vehículos eléctricos y enchufables (no ligados a una actividad económica) hasta el 31 de diciembre, o para obras de rehabilitación energética. En este sentido se prevén rebajas del 20%, 40% o 60% para los contribuyentes que realicen reformas para rehabilitar viviendas o edificios para reducir la demanda de calefacción o refrigeración.
Además se habilita a los ayuntamientos a bonificar hasta en un 50% el IBI para quienes hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de energías renovables, junto a la bonificación de hasta el 95% para las obras e instalaciones de estos sistemas. De otra parte, en el Impuesto de Sociedades, se recoge la libertad de amortización para inversiones en renovables que sustituyan equipos fósiles.
Por otra parte, la norma refuerza el autoconsumo, extendiendo de 2 a 5 kilómetros la distancia máxima entre la generación y el consumo, o habilitando a las entidades locales a promover nuevas modalidades y comunidades energéticas. También se eleva la capacidad de almacenamiento eléctrico mediante baterías y la declaración de utilidad pública del bombeo hidroeléctrico; regula nuevas Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) y fija tramitaciones preferentes para los proyectos estratégicos. Los centros de datos deberán ir acompañados de nuevas fuentes de energía renovable.
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